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Estado de Derecho

Litigio

Amicus curiae ante la Suprema Corte de la Nación sobre los estándares internacionales acerca de la definición de graves violaciones a los derechos humanos aplicable en los Estados Unidos Mexicanos.

Teniendo en cuenta la discusión que se viene dando en México sobre la aplicación de la reserva legal en investigaciones en etapa de investigación previa  y el levantamiento de dicha reserva tratándose de graves violaciones a los derechos humanos,  contempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002, Dejusticia presentó un amicus curiae en el caso que estudia la Suprema Corte de México sobre el amparo 661/2014 presentado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, donde analizamos los estándares internacionales aplicables al Estado mexicano en relación con la definición de la categoría de graves violaciones de los derechos humanos.

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Intervención ciudadana en la revisión del proyecto de ley estatutaria de derecho de petición.

Dejusticia y la Flip solicitamos a la Corte que examine las contradicciones y desarmonía entre la ley estatutaria de transparencia y acceso y a la información pública ya vigente y el proyecto de ley de derecho de petición que se encuentra en examen constitucional
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Intervención sobre el discurso político y protección constitucional

Dejusticia participó en el debate que se adelanta en la Corte Constitucional para respaldar que no hay responsabilidad penal del periodista Luis Agustín González por las afirmaciones que expresó en contra de la política Leonor Serrano.
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Intervención: derecho a la educación de personas con discapacidad

Dejusticia intervino ante la Corte Constitucional para dar un concepto sobre un caso de tutela en el que a un joven que había accedido a un préstamo de estudios para personas con discapacidad se le negó la condonación del préstamo.
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Demanda contra la elección del Dr. Pedro Munar Cadena como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura por violación del artículo 126 de la Constitución

Dejusticia demandó la elección del Dr. Pedro Munar Cadena como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura porque algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia violaron el artículo 126 de la Constitución al nombrar en un cargo público a quien previamente había intervenido en su designación. Esto es, el Dr. Munar fue elegido por los magistrados que él había elegido; y por lo tanto tenían prohibido designarlo en este nuevo cargo en virtud del artículo 126 constitucional. En nuestro escrito sustentamos por qué está conducta está prohibida por la Constitución y por qué debe declararse la nulidad de la elección.
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Demanda contra la elección de Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación

Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro de Estudios Constitucionales PLURAL, la Corporación Viva la Ciudadanía y Foro por Colombia presentamos una demanda ante el Consejo de Estado para que se declare la nulidad de la elección del doctor Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación.
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Intervención: Proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública

La alianza Más información, más derechos de la que hace parte Dejusticia, presentó una intervención ante la Corte Constitucionalidad sobre el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública.
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Demanda de nulidad electoral contra la elección de Gregorio Eljach Pacheco Secretario General del Senado

Dejusticia, en alianza con la Misión de Observación Electoral (MOE), presentó una demanda de nulidad electoral contra la elección de Gregorio Eljach Pacheco como Secretario General del Senado. La demanda formula dos cargos: primero, la votación de la elección debió ser pública y nominal y no secreta, como efectivamente se hizo, y segundo, Gregorio Eljach no obtuvo el número de votos suficientes que exige la regla de mayoría definida por la Constitución.
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Intervención en proceso de tutela por vulneración del derecho a la información pública y otros, en contra la Procuraduría

Dejusticia intervino ante la Corte Constitucional respaldando la petición de la tutela presentada por Mónica Roa y otras mujeres contra funcionarios de la Procuraduría General de la Nación por vulnerar su derecho a la información y en consecuencia, sus derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Sostenemos que los funcionarios de la Procuraduría tienen un deber de suministrar información veraz e imparcial de forma proactiva pues ésta es fundamental para el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía. En virtud de sus funciones públicas tienen un deber reforzado que exige una rectificación inmediata cuando por cualquier medio se enteran que han emitido información errada. En el caso concreto, demostrada la inexactitud de algunas afirmaciones hechas por los accionados, solicitamos que las corrijan para garantizar el derecho a recibir información veraz.
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