Así lo decidió el Tribunal Administrativo de San Andrés ante una acción popular presentada por líderes raizales que pedían proteger su derecho al medio ambiente.

La Corte Constitucional atendió al llamado de más de 90 familias del pueblo raizal y de organizaciones de derechos humanos de revisar la tutela para la protección de los derechos fundamentales de Providencia.

La inconsistente aplicación de las regulaciones sobre seguridad vehicular y control de emisiones contaminantes se traduce en efectos desfavorables y hasta mortales sobre el derecho a la salud, la vida y el medio ambiente sano de millones de personas. En este documento lo explicamos.

La participación ciudadana es uno de los pilares de la democracia. A través de mecanismos políticos, administrativos y judiciales, los ciudadanos pueden participar e incidir en las decisiones relacionadas con el desarrollo de sus territorios y promover la protección de los recursos naturales. Para entenderlo mejor, presentamos dos documentos y un micrositio.

Tras este paso crucial en nombre del acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia, la Conferencia de las Partes deberá establecer sus reglas de procedimiento para hacerlo posible.

Nadie tiene un inventario tan certero de las bondades y amenazas que se ciernen sobre un territorio que sus habitantes. Por eso, a propósito del Día de la Tierra, presentamos tres voces líderes en la protección, resguardo y defensa de eso que llamamos hogar. Las lideresas ambientales que presentamos a continuación son protagonistas en el resguardo de los lugares en los que viven.

Desde Parques Nacionales Cómo Vamos nos inquieta la continuidad de procesos claves, como la lucha contra la deforestación, las nuevas declaratorias de parques y la prohibición de construcciones de infraestructura hotelera al interior de este sistema crucial. Enviamos una carta al Gobierno Nacional.

Le dijimos a la ANLA por qué no debe modificar el Plan de Manejo Ambiental que permitiría reanudar la actividad. Sin evidencias de los daños y sin garantías de participación no es viable.

Aunque el estudio de impacto ambiental para la modificación del Plan de Manejo Ambiental para reanudar las aspersiones diga lo contrario, encontramos que hay graves omisiones en las evidencias que presenta el Gobierno y los criterios técnicos y científicos en los que se basa son muy débiles.