El cierre de las primeras discusiones estuvo marcado por debates sobre financiamiento, compromisos de conservación y nuevas alianzas entre comunidades locales y pueblos indígenas y afro para enfrentar la crisis ambiental global.

Para que la COP16 sea exitosa debe demostrar un multilateralismo efectivo donde las personas sean las protagonistas principales. La diplomacia avanza más lentamente que la pérdida de biodiversidad, y el multilateralismo está en crisis.

Desde la Alianza Escucha la Amazonía instamos a los países de la región amazónica a establecer acuerdos para contrarrestar los factores que llevan a esta región hacia un punto de no retorno, como la deforestación, el uso inadecuado del suelo en actividades como la ganadería extensiva y las economías ilegales.

Los límites planetarios son necesarios para mantener la estabilidad y resiliencia de la Tierra. Reconocerlos invita a comprender los impactos ambientales desde una perspectiva integradora, establece los puntos de inflexión y delimita los umbrales en su nivel de afectación debido a las actividades humanas.

La declaración de exequibilidad del Acuerdo de Escazú fortalece el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Tras la declaración de constitucionalidad, es momento de impulsar su implementación y proteger a quienes defienden nuestra tierra.

Junto a más de 400 actores le pedimos que en su próxima Opinión Consultiva incluya los estándares mínimos para respetar y proteger los derechos humanos en el contexto de la crisis climática.

Antes del próximo 3 de septiembre, la Corte Constitucional revisará la Ley 2273 de 2022, con la que el Congreso aprobó la firma del Acuerdo de Escazú. La revisión, a cargo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, busca atender las intervenciones que piden la constitucionalidad y urgencia de ratificar este tratado ambiental.

¿En qué temas ha avanzado, se ha estancado o ha retrocedido el Gobierno nacional? Hicimos un análisis desde nuestras líneas de investigación y presentamos los retos para los últimos dos años de mandato del Ejecutivo.

La Corte Constitucional decidió sobre una demanda en la que pedíamos incluir la emergencia climática como un elemento determinante en los estudios que miden el impacto ambiental de proyectos, obras o actividades.