La declaración de exequibilidad del Acuerdo de Escazú fortalece el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Tras la declaración de constitucionalidad, es momento de impulsar su implementación y proteger a quienes defienden nuestra tierra.

Junto a más de 400 actores le pedimos que en su próxima Opinión Consultiva incluya los estándares mínimos para respetar y proteger los derechos humanos en el contexto de la crisis climática.

Antes del próximo 3 de septiembre, la Corte Constitucional revisará la Ley 2273 de 2022, con la que el Congreso aprobó la firma del Acuerdo de Escazú. La revisión, a cargo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, busca atender las intervenciones que piden la constitucionalidad y urgencia de ratificar este tratado ambiental.

¿En qué temas ha avanzado, se ha estancado o ha retrocedido el Gobierno nacional? Hicimos un análisis desde nuestras líneas de investigación y presentamos los retos para los últimos dos años de mandato del Ejecutivo.

La Corte Constitucional decidió sobre una demanda en la que pedíamos incluir la emergencia climática como un elemento determinante en los estudios que miden el impacto ambiental de proyectos, obras o actividades.

repasamos el actual contexto territorial y normativo, entregamos una serie de recomendaciones para que el Estado se articule efectivamente y extendimos una propuesta sobre la naturaleza jurídica del Pacto intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano - PIVAC.

La necesidad de reconocimiento jurídico, políticas transfronterizas, justicia climática y protección a comunidades vulnerables, fueron las principales alertas de expertas y expertos durante un conversatorio sobre desplazamiento forzado por efectos del cambio climático.

Diferentes sectores de la sociedad civil e instituciones del gobierno se darán cita el próximo 19 de julio, en Bogotá, en un foro para conversar en torno a la armonización de las políticas ambientales y los derechos del campesinado, ad portas de la cumbre sobre biodiversidad más importante del mundo.

El 79% de homicidios fueron perpetrados en las Américas y Colombia lideró este ranking seguido por México, Brasil y Honduras, según Front Line Defenders en su informe con el balance del 2023.