Recomendamos implementar de forma integral la sentencia que declara a la Amazonia colombiana como sujeto de derechos, y garantizar los derechos de campesinos capturados en operaciones relacionadas con deforestación.

El departamento de Putumayo y sus municipios mostraron ante los jueces planes desconectados de sus presupuestos y sin metas de cumplimiento claras. Se fueron con la tarea de aterrizar sus hojas para poder ejecutar acciones efectivas en la lucha contra la deforestación en el Amazonas.

Este martes 6 de noviembre, durante el #JucioALaDeforestación, seis municipios del Meta expresaron su preocupación frente a los problemas de gobernabilidad que existen en zonas donde el conflicto armado no cesa y la deforestación avanza.

Durante la tercera semana del #JuicioALaDeforestación, participaron la Gobernación del Guaviare y los municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores.

Por falta de recursos, algunas autoridades de territorios amazónicos se ausentaron este martes de las audiencias contra la deforestación. Los que llegaron dijeron sentirse solos en la implementación del fallo, los que serán electos asumirán el reto de frenar la destrucción del bosque.

Los primeros cuatro días de audiencias de seguimiento a la sentencia STC 4360 de 2018 evidenciaron los pocos avances del Gobierno Duque frente al cumplimiento de las órdenes de la Corte Suprema que buscan proteger la Amazonía colombiana de la creciente deforestación.

Más de 50 jóvenes participaron de “Días de Esperanza en Caquetá”, un evento de activismo creativo por la conservación de la Amazonía colombiana, impulsado por Landscape of Hope, Dejusticia, PID Amazonía, Cruz Roja y Tell.

Hasta el 18 de septiembre el Tribunal Superior de Bogotá recibirá propuestas de ciudadanos que quieran intervenir en las audiencias que se realizarán entre el 15 y el 12 de noviembre, en Bogotá. Si está interesado o interesada en participar, estos son los puntos claves que tiene que tener en cuenta. Participe en el #JuicioALaDeforestación.

Celebramos la decisión de los jueces de citar a más de 90 entidades del Gobierno y de la sociedad civil para hacerle seguimiento a la implementación de la sentencia que declaró a la Amazonía colombiana sujeto de derechos y ordenó crear mecanismos para frenar la deforestación.