En la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia hay (supongo que todavía está) una placa en honor a los magistrados asesinados en 1985 en el Palacio de Justicia en la que se lee: “Si la aparición del juez señala con certeza el tránsito del estado de naturaleza al de convivencia civilizada, su sacrificio brutal por el cruce insensato de dos fuegos intransigentes, es el más dramático símbolo del retorno a la barbarie”.

Si tuviéramos que medir qué tanto respeta una persona el Estado de derecho, yo propondría que se cuente el número de veces que esa persona, a pesar de salir perjudicada o de no estar ideológicamente de acuerdo, acata lo que dicen las normas jurídicas.

En Colombia los políticos no se resignan a perder.

El gobierno podría formular una política que concilie los derechos de las comunidades, la protección del medio ambiente y el desarrollo turístico para resolver las tensiones.

Según un conocido dicho popular, las sociedades tienen los gobiernos que se merecen y, por extensión, las costumbres y los políticos que se merecen.

Es conocida la antipatía de quienes profesan ideas de extrema derecha por la palabra cultura. “Cuando oigo hablar de cultura, saco mi pistola”, decía el líder nazi H. Goering.

La insensibilidad frente a la injusticia social y el dogmatismo son, a mi juicio, dos grandes obstáculos ideológicos para el desarrollo de América Latina.

En una columna pasada, a propósito de las campañas de la Iglesia católica contra el aborto, el matrimonio gay, la eutanasia y el divorcio, dije que parecía como si los católicos de hoy le hubiesen hecho caso, quinientos años después, a Martín Lutero

En un país que ocupa el cuarto peor lugar en la prueba internacional de evaluación de estudiantes (PISA), en donde no hay ninguna universidad entre las mejores cuatrocientas del mundo, ni centro de investigación entre los mejores seiscientos del mundo, es un desconsuelo (por decir lo menos) que sólo se hable de inteligencia cuando se denuncian los abusos de la llamada inteligencia militar.