Explicamos las razones por las que, junto a Ilex e investigadores independientes, demandamos ante la Corte Constitucional un artículo de la Ley 99 que hoy debe ser interpretado a la luz de los desafíos de la emergencia climática.

En nuestra intervención, insistimos ante el Consejo de Estado la importancia de confirmar la decisión del Tribunal Administrativo de San Andrés que ampara los derechos e intereses colectivos de la comunidad de Providencia, amenazados por el proyecto de construcción de una estación de guardacostas por parte de la Armada Nacional.

Tras convertirse en ley en el Congreso y tener la sanción presidencial, para que el acuerdo sea plenamente ratificado en Colombia aún debe ser revisado por la Corte Constitucional. Estos son nuestros argumentos a favor de su aprobación.

El Tribunal Administrativo de San Andrés dio respuesta a una acción popular accionada por algunos pescadores locales preocupados por el daño irreversible que esta edificación podría generar sobre el ecosistema costero.

Desde Dejusticia apoyamos una tutela para pedirle a una cadena de supermercados que entregue información sobre el origen de la carne que vende. Esto es clave para entender la relación entre la carne que se consume en las ciudades y la deforestación en la Amazonía.

El Consejo de Estado concluyó que las políticas estatales le dieron más importancia a la explotación minera que a la conservación ambiental.

Se necesitan medidas urgentes para salvaguardar tres derechos de la población raizal: el acceso a la información, el territorio y la consulta previa.

La Corte Constitucional atendió al llamado de más de 90 familias del pueblo raizal y de organizaciones de derechos humanos de revisar la tutela para la protección de los derechos fundamentales de Providencia.

Desde Dejusticia creemos que el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, que habitan territorios complejos, como Línea Negra, debería garantizarse mediante espacios de diálogos interculturales entre las comunidades ancestrales y el Estado.