Desde Dejusticia creemos que el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, que habitan territorios complejos, como Línea Negra, debería garantizarse mediante espacios de diálogos interculturales entre las comunidades ancestrales y el Estado.

Aunque reconocemos que la medida no es suficiente para proteger estos ecosistemas, consideramos que es un precedente positivo hacia la garantía de derechos de generaciones futuras.

Hace un año la Corte declaró a la Amazonía colombiana sujeto de derechos y ordenó, a través de la sentencia 4360 de 2018, que se aplicaran mecanismos para frenar la deforestación. Sin embargo, las acciones del gobierno han sido mínimas, mientras las amenazas al bosque aumentan.

Desde Dejusticia consideramos que la Corte Constitucional desconoció, en su fallo más reciente, su propio precedente. En 2016, con otra sentencia, la Corte había respaldado las consultas populares como mecanismos válidos para que las comunidades se pronuncien sobre la presencia de actividades mineras y petroleras en sus territorios.

Dejusticia había intervenido ante tribunal ecuatoriano que protegió los derechos de las comunidades indígenas de Molleturo y de la naturaleza frente a los intereses del gobierno ecuatoriano y la trasnacional china Ecuagoldmining.

La Corte Constitucional emitió una sentencia esperanzadora para miles de niños wayúu que sufren en carne propia la crisis humanitaria de La Guajira. Un grupo de investigadores de Dejusticia visitó el departamento para entender la situación.

La alta corte exigió proteger la Amazonia colombiana de la deforestación, dándole la razón a un grupo de 25 niños, niñas y jóvenes quienes, acompañados por Dejusticia, demandaron al Estado por no garantizar sus derechos a la vida y al medio ambiente.

Un ciudadano presentó una demanda contra las consultas populares relacionadas con minería, señalando que van en contra de la Constitución. Dejusticia intervino argumentando que, por el contrario, este mecanismo es esencial para la participación ciudadana.

La crisis ambiental de este ecosistema llevó a pescadores a emprender una batalla jurídica que llegó a la Alta Corte. En intervención, apoyamos su petición de que autoridades ambientales tomen medidas urgentes para frenar el desastre y así proteger sus derechos al medio ambiente sano, vida digna y trabajo.