El pasado 11 de noviembre, Dejusticia realizó una intervención ciudadana, en la Corte Constitucional, frente a las solicitudes de nulidad de la sentencia T-445 de 2016 presentadas por la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y Energía con coadyuvancia de ASOGRAVAS, la Asociación de Mineros e Hidrocarburos del Tolima y la Asociación Colombiana de Minería.

Dejusticia intervino en una demanda que buscaba la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos del Código de Minas (Ley 685 de 2001). La demanda se enfocaba en mostrar cómo el procedimiento mediante el cual se otorgan títulos mineros desconocía varios principios y derechos constitucionales. 

Dejusticia envió a la Corte Constitucional una intervención dentro del proceso de tutela iniciado por el centro de estudios “Tierra Digna”, por la situación de contaminación ambiental que se presenta en esta cuenca como consecuencia de la realización de actividades mineras mecanizadas y de aprovechamiento forestal no autorizadas.