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Justicia Económica

Promovemos un nivel de bienestar material para todos y todas que esté conforme con la dignidad humana


Justiciabilidad de
DESC

Promovemos la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Buscamos la implementación de sentencias relevantes y proponemos políticas públicas.


Derecho a la
Alimentación

Trabajamos por el reconocimiento legal y la efectiva implementación del derecho a la alimentación saludable y la seguridad alimentaria. Buscamos visibilizar el problema de la desnutrición y el sobrepeso y promover el desarrollo de políticas públicas que detengan su expansión.


Justicia
Fiscal

Promovemos reformas fiscales que contribuyan a combatir la desigualdad socioeconómica, la injusticia y la pobreza.


Empresas &
Derechos Humanos

Elaboramos investigaciones e incidimos a nivel nacional e internacional, promoviendo mecanismos de rendición de cuenta efectivos por violaciones de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales. Nos centramos en la implementación de normas internacionales, y en la rendición de cuentas empresarial en contextos de conflictos armados y sociedades en transición.

Comité de Derechos Económicos, Sociales & Culturales

Dejusticia acoge en su sede de trabajo a Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales (2015-2018).

Dejusticia presenta informe sobre propuesta de etiquetado frontal de advertencia

Con el fin de entregar nuestras valoraciones, radicamos un informe ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca donde analizamos la propuesta de modelo de etiquetado frontal presentado por el Gobierno Nacional.

Demandamos todo el sistema tributario ante la Corte Constitucional

Junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

#LaGuajiraNecesitaAyuda: Acciones urgentes por el estado de emergencia

En el marco de la crisis actual producto del COVID-19, y con la responsabilidad de actuar pronto a favor de los pueblos indígenas en alta vulnerabilidad, Dejusticia se suma al llamado de la veeduría ciudadana a la sentencia T-302 del 2017, para solicitar a las entendidas pertinentes protección especial al pueblo Wayúu. 

Las huellas del confinamiento en la Cartagena insular

"Más allá de los mercados, que son necesarios para contrarrestar el hambre, las familias de Tierrabomba y Barú necesitan ser priorizadas en las soluciones de largo plazo que se implementen para reactivar la economía".

No tener un impuesto a las bebidas azucaradas nos sale muy caro

Los impuestos saludables buscan desincentivar el consumo de producto nocivos (tabaco, licor, bebidas azucaradas, comida chatarra, etc.) con un impuesto o tasa adicional que aumente su precio de venta. En Colombia, desde 2016 ya se viene discutiendo un impuesto específico a las bebidas azucaradas sin que hasta ahora haya sido aprobado.
Portugal Corte

Portugal, Corte Constitucional y Publicidad

Sí, tal como lo establece nuestra Constitución, la protección de los niños es prioritaria en Colombia, la SIC debería tener un procedimiento especial y prevalente, una fila “express”, si se quiere, para atender este tipo de casos, en vez de demorarlos eternamente.

Dejusticia presenta informe sobre propuesta de etiquetado frontal de advertencia

Con el fin de entregar nuestras valoraciones, radicamos un informe ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca donde analizamos la propuesta de modelo de etiquetado frontal presentado por el Gobierno Nacional.

Solicitamos a la Corte que no se discrimine entre planes prepago y pospago para otorgar beneficios durante la crisis

Consideramos que la diferencia de trato es contraria al principio de igualdad y deja en una situación de vulnerabilidad a las personas que tengan planes de telefonía móvil prepago
colegios

Entregamos derecho de petición para sacar la comida chatarra de los colegios de Bogotá

El término de ocho años resulta complaciente con la industria de bebidas y alimentos con bajo valor nutricional, mientras que varias generaciones de estudiantes se ven expuestos a productos que puede propiciar malas prácticas alimentarias con efectos negativos para la salud.
Tiendas escolares

Dime dónde estudias y te diré qué comes: Oferta y publicidad en tiendas escolares de Bogotá

Los entornos escolares son fundamentales para definir los hábitos de consumo de los niños y las niñas. Teniendo en cuenta este contexto visitamos 21 colegios en Bogotá a los que asisten alumnos con distinta capacidad económica.

Etiquetas sin derechos

Este documento explora el rol que cumple el etiquetado nutricional para garantizar la protección de los derechos a la información, a la alimentación y a la salud de las sociedades actuales.

Resumen Ejecutivo Sentencia T-543 de 2017

La Corte Constitucional resolvió que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) censuró a la organización Educar Consumidores y le advirtió que en adelante no podrá hacer control previo de contenidos informativos.

Proyectos destacados

Foto: Piyushgiri Revagar

El Tribunal Superior de Riohacha acaba de recibir un informe de Dejusticia con información útil sobre la vulneración de los derechos humanos de los wayúu en La Guajira. El documento serviría para avanzar en la implementación del reciente fallo de la Corte Constitucional, que pide la protección de las niñas y niños indígenas.

En la sentencia la Corte reconoció la vulneración de los derechos constitucionales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la participación étnica de un número significativo de personas en La Guajira, “en especial de niñas y niños wayúu”, y culpó a las autoridades por su “prolongada omisión en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Conozca más sobre este caso aquí.

El 3 de agosto, en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Azuay ratificó el fallo de primera instancia que suspendió el proyecto minero Río Blanco. Una mina de oro y plata de  5.700 hectáreas que, desde que comenzó operaciones, en 2016, amenazaba de manera directa el bosque protegido Molleturo-Mollepungo, entre las provincias de Azuay y Cañar. Justo en el corazón del macizo ecuatoriano. Dejusticia había intervenido ante el tribunal.

Conozca más sobre este caso aquí.

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