Justicia Económica

Promovemos un nivel de bienestar material para todos y todas que esté conforme con la dignidad humana


Justiciabilidad de
DESC

Promovemos la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Buscamos la implementación de sentencias relevantes y proponemos políticas públicas.


Derecho a la
Alimentación

Trabajamos por el reconocimiento legal y la efectiva implementación del derecho a la alimentación saludable y la seguridad alimentaria. Buscamos visibilizar el problema de la desnutrición y el sobrepeso y promover el desarrollo de políticas públicas que detengan su expansión.


Justicia
Fiscal

Promovemos reformas fiscales que contribuyan a combatir la desigualdad socioeconómica, la injusticia y la pobreza.


Empresas &
Derechos Humanos

Elaboramos investigaciones e incidimos a nivel nacional e internacional, promoviendo mecanismos de rendición de cuenta efectivos por violaciones de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales. Nos centramos en la implementación de normas internacionales, y en la rendición de cuentas empresarial en contextos de conflictos armados y sociedades en transición.

Comité de Derechos Económicos, Sociales & Culturales

Dejusticia acoge en su sede de trabajo a Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales (2015-2018).

Guajira, Chocó, Vichada

Acceso al derecho a la salud en las regiones apartadas de Colombia continúa siendo alarmante

Indígenas, afros y campesinos que viven en zonas apartadas siguen teniendo serias dificultades de prevención, acceso a tratamiento y a medicamentos. Este fue uno de los hallazgos que presentamos a la Corte Constitucional, en seguimiento a la sentencia T-760 de 2008.

La reforma tributaria alternativa que Luis J. Garay y Jorge Espitia le presentan al país

Los reconocidos expertos plantean una salida para mejorar la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario. El proyecto, acompañado por Dejusticia, propone que se reduzcan los beneficios tributarios y que se incluya un impuesto a las bebidas azucaradas.
Fiscal, Corrupción, Odebrecht

“Necesitamos una separación temporal del fiscal del cargo”: Vivian Newman

La periodista Cecilia Orozco Tascón entrevistó a la directora (e) de Dejusticia. La investigadora hace un duro análisis de la actuación del fiscal general Néstor Humberto Martínez en su discurso ante el Senado esta semana, cuando él se defendió de sus críticos atacando a quienes considera sus enemigos.
Declaración de los derechos de los campesinos

Tanto migrantes como campesinos

Es muy bueno que el gobierno Duque haya votado favorablemente el Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular. Por el contrario, es incomprensible que se haya abstenido de apoyar la Declaración de derechos del campesino pues Colombia puede y debe proteger los derechos tanto de los migrantes como de los campesinos.

Nuestro déficit (de) fiscal

El fiscal no sólo se abstuvo de despejar las dudas sobre la pulcritud de su comportamiento en el caso Odebrecht, sino que, además, mostró que es capaz de usar la Fiscalía para acorralar a sus contradictores.
IVA, canasta familiar, Colombia, Gobierno, Reforma tributaria

Una reforma inequitativa y poco saludable

Esta reforma tributaria es, por usar una metáfora semejante a las que usa el presidente Duque, un Robin Hood, pero al revés, pues les quita dinero a los pobres (por el IVA a la canasta familiar) para no tener que tocar los privilegios de los poderosos.
Guajira, Chocó, Vichada

Acceso al derecho a la salud en las regiones apartadas de Colombia continúa siendo alarmante

Indígenas, afros y campesinos que viven en zonas apartadas siguen teniendo serias dificultades de prevención, acceso a tratamiento y a medicamentos. Este fue uno de los hallazgos que presentamos a la Corte Constitucional, en seguimiento a la sentencia T-760 de 2008.
Fruper hit

Red PaPaz demanda a la SIC y al Invima por no actuar frente a publicidad engañosa de bebidas Hit y Fruper

La falta de acciones del Estado para controlar la publicidad engañosa con la que la industria de bebidas y comida chatarra incentiva a niños y niñas a consumir productos no saludables llevó a Red PaPaz a presentar una acción de tutela. Dejusticia acompañó el proceso.
Corte Constitucional

Dejusticia presentó al Tribunal Superior de Riohacha un informe sobre la situación de los derechos de las comunidades indígenas de La Guajira

El Tribunal Superior de Riohacha acaba de recibir un informe de Dejusticia con información útil sobre la vulneración de los derechos humanos de los wayúu en La Guajira. El documento serviría para avanzar en la implementación del reciente fallo de la Corte Constitucional, que pide la protección de las niñas y niños indígenas.

Resumen Ejecutivo Sentencia T-543 de 2017

La Corte Constitucional resolvió que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) censuró a la organización Educar Consumidores y le advirtió que en adelante no podrá hacer control previo de contenidos informativos.

Sobrepeso y contrapesos

Mediante un trabajo de campo en doce colegios de Ciudad Bolívar en Bogotá, este texto muestra la necesidad de que el Estado regule y monitoree la oferta y la publicidad de productos comestibles ultraprocesados en entornos escolares.

Proyectos destacados

Foto: Piyushgiri Revagar

El Tribunal Superior de Riohacha acaba de recibir un informe de Dejusticia con información útil sobre la vulneración de los derechos humanos de los wayúu en La Guajira. El documento serviría para avanzar en la implementación del reciente fallo de la Corte Constitucional, que pide la protección de las niñas y niños indígenas.

En la sentencia la Corte reconoció la vulneración de los derechos constitucionales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la participación étnica de un número significativo de personas en La Guajira, “en especial de niñas y niños wayúu”, y culpó a las autoridades por su “prolongada omisión en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Conozca más sobre este caso aquí.

El 3 de agosto, en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Azuay ratificó el fallo de primera instancia que suspendió el proyecto minero Río Blanco. Una mina de oro y plata de  5.700 hectáreas que, desde que comenzó operaciones, en 2016, amenazaba de manera directa el bosque protegido Molleturo-Mollepungo, entre las provincias de Azuay y Cañar. Justo en el corazón del macizo ecuatoriano. Dejusticia había intervenido ante el tribunal.

Conozca más sobre este caso aquí.

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