Justicia Económica
Promovemos un nivel de bienestar material para todos y todas que esté conforme con la dignidad humana
Justiciabilidad de
DESC
Promovemos la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Buscamos la implementación de sentencias relevantes y proponemos políticas públicas.
Derecho a la Alimentación
Trabajamos por el reconocimiento legal y la efectiva implementación del derecho a la alimentación saludable y la seguridad alimentaria. Buscamos visibilizar el problema de la desnutrición y el sobrepeso y promover el desarrollo de políticas públicas que detengan su expansión.
Justicia
Fiscal
Promovemos reformas fiscales que contribuyan a combatir la desigualdad socioeconómica, la injusticia y la pobreza.
Empresas &
Derechos Humanos
Elaboramos investigaciones e incidimos a nivel nacional e internacional, promoviendo mecanismos de rendición de cuenta efectivos por violaciones de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales. Nos centramos en la implementación de normas internacionales, y en la rendición de cuentas empresarial en contextos de conflictos armados y sociedades en transición.
Comité de Derechos Económicos, Sociales & Culturales
Dejusticia acoge en su sede de trabajo a Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales (2015-2018).
Vacaciones de fin de año: ¿por qué urge conversar sobre la seguridad vial de niños, niñas y adolescentes?
By Dejusticia | Dic 23, 2024 | Niñas y niños, Salud pública, Seguridad vial, Vacaciones
No, el impuesto saludable no ha afectado el precio de los lácteos
By Dejusticia | Oct 15, 2024 | Alimentación saludable, Impuesto saludable, precio de los alimentos
Las alertas de la ONU ante la vulneración de derechos humanos por parte de las empresas en Colombia
By Dejusticia | Ago 15, 2024 | Armas menos letales, Bonos de carbono, Empresas y derechos humanos, ONU, responsabilidad empresarial, transición energética
Tatiana Andia, una mujer con sustancia
By Diana Guarnizo | Sep 17, 2024
Transición energética justa y saberes bioculturales en La Guajira
By Paulo Ilich Bacca | May 11, 2024
Impuesto saludable: aún es muy pronto para sacar conclusiones
By Randy Sebastián Villalba Arango | Abr 24, 2024
Acceso de personas con discapacidad y adultos mayores a las UCI: Corte dio órdenes para evitar discriminación
By Dejusticia | Sep 4, 2023
Nuestros argumentos para defender el impuesto saludable en la Corte Constitucional
By Adriana Carolina Torres Bastidas, Paula Alejandra Angarita, Randy Sebastián Villalba Arango, Mariana Matamoros, Sergio Pulido, Maryluz Barragán, Édgar Valdeleón Pabón, Fabián Eduardo Mendoza Pulido | May 23, 2023
Presentamos un amicus curiae junto a la Red DESC en el caso La Oroya vs. Perú
By Vivian Newman Pont, Diana Guarnizo, Paula Alejandra Angarita | Dic 1, 2022
Boletín Mercado Inflado #02
By Randy Sebastián Villalba Arango | Dic 23, 2024
Law, Trade, and Nutrition Labeling: Reflections and Experiences from Latin America
By Diana Guarnizo | Nov 21, 2024
Sin impacto comprobado: análisis de un impuesto a las bebidas azucaradas en el mercado laboral colombiano
By Randy Sebastián Villalba Arango, Diana Guarnizo | Nov 23, 2022
Proyectos destacados
Foto: Piyushgiri Revagar
El Tribunal Superior de Riohacha acaba de recibir un informe de Dejusticia con información útil sobre la vulneración de los derechos humanos de los wayúu en La Guajira. El documento serviría para avanzar en la implementación del reciente fallo de la Corte Constitucional, que pide la protección de las niñas y niños indígenas.
En la sentencia la Corte reconoció la vulneración de los derechos constitucionales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la participación étnica de un número significativo de personas en La Guajira, “en especial de niñas y niños wayúu”, y culpó a las autoridades por su “prolongada omisión en el cumplimiento de sus obligaciones”.
Conozca más sobre este caso aquí.
El 3 de agosto, en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Azuay ratificó el fallo de primera instancia que suspendió el proyecto minero Río Blanco. Una mina de oro y plata de 5.700 hectáreas que, desde que comenzó operaciones, en 2016, amenazaba de manera directa el bosque protegido Molleturo-Mollepungo, entre las provincias de Azuay y Cañar. Justo en el corazón del macizo ecuatoriano. Dejusticia había intervenido ante el tribunal.
Conozca más sobre este caso aquí.