Justicia Económica
Promovemos un nivel de bienestar material para todos y todas que esté conforme con la dignidad humana
Justiciabilidad de
DESC
Promovemos la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Buscamos la implementación de sentencias relevantes y proponemos políticas públicas.
Derecho a la Alimentación
Trabajamos por el reconocimiento legal y la efectiva implementación del derecho a la alimentación saludable y la seguridad alimentaria. Buscamos visibilizar el problema de la desnutrición y el sobrepeso y promover el desarrollo de políticas públicas que detengan su expansión.
Justicia
Fiscal
Promovemos reformas fiscales que contribuyan a combatir la desigualdad socioeconómica, la injusticia y la pobreza.
Empresas &
Derechos Humanos
Elaboramos investigaciones e incidimos a nivel nacional e internacional, promoviendo mecanismos de rendición de cuenta efectivos por violaciones de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales. Nos centramos en la implementación de normas internacionales, y en la rendición de cuentas empresarial en contextos de conflictos armados y sociedades en transición.
Comité de Derechos Económicos, Sociales & Culturales
Dejusticia acoge en su sede de trabajo a Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales (2015-2018).
Solicitamos a la Corte Constitucional una audiencia pública por la crisis humanitaria en la Guajira
Por Dejusticia | Mar 18, 2021 | Agua, Colombia, Corte Constitucional, La Guajira, Pueblo Wayuú
Un Plan Nacional de Vacunación con enfoque en derechos humanos
Por Dejusticia | Ene 21, 2021 | Coronavirus, COVID - 19, Gobierno, Iván Duque, Salud
Acceso justo, seguro y universal a las vacunas contra la COVID-19, el llamado de las Naciones Unidas
Por Dejusticia | Dic 16, 2020 | Coronavirus, COVID - 19, Derechos Humanos, DESC, Naciones Unidas, ONU, Salud
Vacunas: proeza científica y fracaso moral
Por Rodrigo Uprimny Yepes | Abr 18, 2021
Que el primer billón lo pongan las bebidas azucaradas
Por Dejusticia | Abr 16, 2021
Lecciones del caso Electricaribe
Por Paula Alejandra Angarita | Abr 8, 2021
Dejusticia presenta informe sobre propuesta de etiquetado frontal de advertencia
Por Mauricio Albarracín, Diana Guarnizo, Ana María Narváez, Alejandro Jiménez Ospina, Isabel Cristina Annear Camero | Jul 7, 2020
Solicitamos a la Corte que no se discrimine entre planes prepago y pospago para otorgar beneficios durante la crisis
Por Dejusticia | May 19, 2020
Entregamos derecho de petición para sacar la comida chatarra de los colegios de Bogotá
Por Vivian Newman Pont, Mauricio Albarracín, Diana Guarnizo, Ana María Narváez, Valentina Rozo, Jesús Medina | Jul 30, 2019
Traducción no oficial de la Declaración sobre la vacunación universal asequible contra la COVID-19, la cooperación internacional y la propiedad intelectual.
Por Dejusticia | Abr 13, 2021
Ritos mortuorios y prácticas tradicionales del duelo en tiempos de pandemia
Por Paulo Ilich Bacca, Julián Gutiérrez, Diana Quigua, Johnattan García Ruiz, David Murillo | Abr 8, 2021
Declaración sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la COVID-19
Por Dejusticia | Nov 27, 2020
Proyectos destacados
Foto: Piyushgiri Revagar
El Tribunal Superior de Riohacha acaba de recibir un informe de Dejusticia con información útil sobre la vulneración de los derechos humanos de los wayúu en La Guajira. El documento serviría para avanzar en la implementación del reciente fallo de la Corte Constitucional, que pide la protección de las niñas y niños indígenas.
En la sentencia la Corte reconoció la vulneración de los derechos constitucionales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la participación étnica de un número significativo de personas en La Guajira, “en especial de niñas y niños wayúu”, y culpó a las autoridades por su “prolongada omisión en el cumplimiento de sus obligaciones”.
Conozca más sobre este caso aquí.
El 3 de agosto, en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Azuay ratificó el fallo de primera instancia que suspendió el proyecto minero Río Blanco. Una mina de oro y plata de 5.700 hectáreas que, desde que comenzó operaciones, en 2016, amenazaba de manera directa el bosque protegido Molleturo-Mollepungo, entre las provincias de Azuay y Cañar. Justo en el corazón del macizo ecuatoriano. Dejusticia había intervenido ante el tribunal.
Conozca más sobre este caso aquí.