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Justicia Económica

Promovemos un nivel de bienestar material para todos y todas que esté conforme con la dignidad humana


Justiciabilidad de
DESC

Promovemos la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Buscamos la implementación de sentencias relevantes y proponemos políticas públicas.


Derecho a la
Alimentación

Trabajamos por el reconocimiento legal y la efectiva implementación del derecho a la alimentación saludable y la seguridad alimentaria. Buscamos visibilizar el problema de la desnutrición y el sobrepeso y promover el desarrollo de políticas públicas que detengan su expansión.


Justicia
Fiscal

Promovemos reformas fiscales que contribuyan a combatir la desigualdad socioeconómica, la injusticia y la pobreza.


Empresas &
Derechos Humanos

Elaboramos investigaciones e incidimos a nivel nacional e internacional, promoviendo mecanismos de rendición de cuenta efectivos por violaciones de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales. Nos centramos en la implementación de normas internacionales, y en la rendición de cuentas empresarial en contextos de conflictos armados y sociedades en transición.

Comité de Derechos Económicos, Sociales & Culturales

Dejusticia acoge en su sede de trabajo a Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales (2015-2018).

hambre Guajira

Treinta días de huelga por una Guajira sin hambre

Un grupo de jóvenes guajiros completa un mes sin comer en protesta por el abandono estatal de la niñez wayuu. Contamos esta historia a través de Jefferson, un huelguista que ha vivido todas las caras del hambre.
Conflicto de interés

Corte Constitucional: congresistas deben declarar cuando tengan conflicto de interés con sus financiadores de campaña

Si no se excluye la participación, discusión y voto de los congresistas en proyectos de ley o actos legislativos relacionados con quienes financiaron sus campañas, se abre la posibilidad de que ciertos intereses particulares transformen el andamiaje constitucional del Estado por medio de la entrada de finalidades ajenas a los valores y principios democráticos.
Impuesto a las bebidas endulzadas

Impuesto a bebidas endulzadas: otra vez ausente en la tributaria

Desde hace cinco años las organizaciones sociales vienen impulsando esta política. Las ganancias son muchas: el debate académico y social se ha ampliado, y la gente es más consciente de la necesidad de tener ambientes saludables y acceder a alimentos de calidad.
Huelga de hambre

Huelga de hambre por el hambre

El 20 de septiembre, seis jóvenes decidieron empezar, por segunda vez, una huelga de hambre en la Plaza Simón Bolívar de Riohacha. La razón principal es el incumplimiento por parte de las autoridades nacionales y locales de los acuerdos que tenían como objetivo la solución a los problemas de salud, educación, acceso a agua potable, entre otros, que aquejan al departamento.
presupuesto para la tierra

Sin recursos para la tierra

Si aspiramos a un tránsito a una sociedad más justa y pacífica, debemos movilizar todos los recursos disponibles (incluidos los recursos fiscales) para lograr avanzar en la Reforma Rural Integral.
Accidentes

No son accidentes si puede evitarse

A pesar de que se han mantenido entre las 10 primeras causas de mortalidad durante los últimos años, ¿por qué en Colombia se tratan los "accidentes de tránsito" como circunstanciales y no como un problema de salud pública?

Tribunal admite acción popular para proteger el derecho a la alimentación en los colegios

La oferta y publicidad de productos no saludables en las escuelas está asociada a los malos hábitos de consumo que inciden en el sobrepeso y la obesidad infantil.

Dejusticia presenta informe sobre propuesta de etiquetado frontal de advertencia

Con el fin de entregar nuestras valoraciones, radicamos un informe ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca donde analizamos la propuesta de modelo de etiquetado frontal presentado por el Gobierno Nacional.

Solicitamos a la Corte que no se discrimine entre planes prepago y pospago para otorgar beneficios durante la crisis

Consideramos que la diferencia de trato es contraria al principio de igualdad y deja en una situación de vulnerabilidad a las personas que tengan planes de telefonía móvil prepago
Pobreza La Guajira

Territorio Wayúu: entre distancias y ausencias. Pobreza alimentaria, malnutrición y acceso a agua potable en los entornos escolares de Uribia

Esta investigación aborda la posible relación entre la desigualdad económico-geográfica y el acceso a agua y alimentos de calidad en los ambientes escolares de Uribia, en la Guajira.
Seguridad vehicular

Omisiones que matan. Estándares en seguridad vehicular y calidad del aire, su impacto en los derechos humanos

La seguridad vehicular y la contaminación atmosférica son un asunto de salud pública que debe ser abordado desde una perspectiva de derechos humanos para proteger y garantizar la vida, salud, y medio ambiente de los ciudadanos.
bebidas azucaradas Dejusticia

Impuesto a las bebidas azucaradas: una idea a favor de la salud pública

En este documento hacemos un análisis de los impactos directos e indirectos que tendría un impuesto a las bebidas azucaradas en el país y los retos en su implementación desde una visión económica y de los derechos humanos.

Proyectos destacados

Foto: Piyushgiri Revagar

El Tribunal Superior de Riohacha acaba de recibir un informe de Dejusticia con información útil sobre la vulneración de los derechos humanos de los wayúu en La Guajira. El documento serviría para avanzar en la implementación del reciente fallo de la Corte Constitucional, que pide la protección de las niñas y niños indígenas.

En la sentencia la Corte reconoció la vulneración de los derechos constitucionales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la participación étnica de un número significativo de personas en La Guajira, “en especial de niñas y niños wayúu”, y culpó a las autoridades por su “prolongada omisión en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Conozca más sobre este caso aquí.

El 3 de agosto, en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Azuay ratificó el fallo de primera instancia que suspendió el proyecto minero Río Blanco. Una mina de oro y plata de  5.700 hectáreas que, desde que comenzó operaciones, en 2016, amenazaba de manera directa el bosque protegido Molleturo-Mollepungo, entre las provincias de Azuay y Cañar. Justo en el corazón del macizo ecuatoriano. Dejusticia había intervenido ante el tribunal.

Conozca más sobre este caso aquí.

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