Justicia Económica
Promovemos un nivel de bienestar material para todos y todas que esté conforme con la dignidad humana
Justiciabilidad de
DESC
Promovemos la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Buscamos la implementación de sentencias relevantes y proponemos políticas públicas.
Derecho a la Alimentación
Trabajamos por el reconocimiento legal y la efectiva implementación del derecho a la alimentación saludable y la seguridad alimentaria. Buscamos visibilizar el problema de la desnutrición y el sobrepeso y promover el desarrollo de políticas públicas que detengan su expansión.
Justicia
Fiscal
Promovemos reformas fiscales que contribuyan a combatir la desigualdad socioeconómica, la injusticia y la pobreza.
Empresas &
Derechos Humanos
Elaboramos investigaciones e incidimos a nivel nacional e internacional, promoviendo mecanismos de rendición de cuenta efectivos por violaciones de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales. Nos centramos en la implementación de normas internacionales, y en la rendición de cuentas empresarial en contextos de conflictos armados y sociedades en transición.
Comité de Derechos Económicos, Sociales & Culturales
Dejusticia acoge en su sede de trabajo a Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales (2015-2018).
Principios de derechos humanos para guiar el Plan Nacional de Desarrollo
By Dejusticia | Mar 15, 2023 | Derechos Humanos, Gustavo Petro, Igualdad socieconómica, Plan Nacional de Desarrollo, Política Fiscal
La radiografía del hambre en Colombia que reveló el Programa Mundial de Alimentos
By Dejusticia | Feb 28, 2023 | Hambre en Colombia, Plan Nacional de Desarrollo, Políticas alimentarias, Programa Mundial de Alimentos
Crónica: Seis años de elefantes blancos y una nación sin agua
By Marcela Madrid, Ivonne Elena Díaz, Paulo Ilich Bacca, Dayanna Gladys Palmar Uriana | Feb 3, 2023 | Derecho al agua, La Guajira, Pueblo Wayuú, Salud, Salud pública
Valentina: otra joven víctima de la siniestralidad vial
By Rodrigo Uprimny Yepes | Mar 26, 2023
La demagogia de los diálogos vinculantes
By Ivonne Elena Díaz, Mariana Matamoros | Mar 22, 2023
El debate sobre la salud
By Mauricio García Villegas | Mar 5, 2023
Presentamos un amicus curiae junto a la Red DESC en el caso La Oroya vs. Perú
By Vivian Newman Pont, Diana Guarnizo, Paula Alejandra Angarita | Dec 1, 2022
Tribunal admite acción popular para proteger el derecho a la alimentación en los colegios
By Dejusticia | Aug 19, 2021
Dejusticia presenta informe sobre propuesta de etiquetado frontal de advertencia
By Mauricio Albarracín, Diana Guarnizo, Ana María Narváez, Alejandro Jiménez Ospina, Isabel Cristina Annear Camero | Jul 7, 2020
Sin impacto comprobado: análisis de un impuesto a las bebidas azucaradas en el mercado laboral colombiano
By Randy Sebastián Villalba Arango, Diana Guarnizo | Nov 23, 2022
Derecho, comercio y etiquetado nutricional: reflexiones y experiencias desde América Latina
By Diana Guarnizo | Oct 3, 2022
Promoviendo ambientes escolares libres de comida chatarra en Colombia
By Adriana Carolina Torres Bastidas, Diana Guarnizo | Oct 3, 2022
Proyectos destacados
Foto: Piyushgiri Revagar
El Tribunal Superior de Riohacha acaba de recibir un informe de Dejusticia con información útil sobre la vulneración de los derechos humanos de los wayúu en La Guajira. El documento serviría para avanzar en la implementación del reciente fallo de la Corte Constitucional, que pide la protección de las niñas y niños indígenas.
En la sentencia la Corte reconoció la vulneración de los derechos constitucionales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la participación étnica de un número significativo de personas en La Guajira, “en especial de niñas y niños wayúu”, y culpó a las autoridades por su “prolongada omisión en el cumplimiento de sus obligaciones”.
Conozca más sobre este caso aquí.
El 3 de agosto, en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Azuay ratificó el fallo de primera instancia que suspendió el proyecto minero Río Blanco. Una mina de oro y plata de 5.700 hectáreas que, desde que comenzó operaciones, en 2016, amenazaba de manera directa el bosque protegido Molleturo-Mollepungo, entre las provincias de Azuay y Cañar. Justo en el corazón del macizo ecuatoriano. Dejusticia había intervenido ante el tribunal.
Conozca más sobre este caso aquí.