Los bancos de alimentos son buenas estrategias, pero no sirven para “erradicar la malnutrición infantil”. Alimentar con los desperdicios de gigantes alimentarios no es digno ni sostenible.

Luego de la noticia desplegada por Dejusticia en su portal sobre la denuncia hecha por Red Papaz ante la SIC acerca de la posible publicidad engañosa de los productos Hit y Frúper, el Invima hizo una inspección y ordenó la prohibición de dos piezas.

La protección de los derechos de los campesinos implica proteger derechos esenciales del resto de la población, incluyendo la urbana, dado al impacto de la producción de alimentos sobre derechos como a la salud y al ambiente sano.

Preocupa que el conjunto de estas decisiones reflejen el interés por impulsar una política agraria que potencia el extractivismo y los proyectos de la industria agrícola de gran escala, convierte a los campesinos en trabajadores asalariados y olvida la necesidad de reparar el impacto del conflicto armado en las zonas rurales.

Todo indica que en Naciones Unidas el campesinado cuenta, y mucho, pero que en Colombia cuenta tan poco que ni siquiera quieren contarlo.

Preocupa que la Alcaldía y el IPCC tiren la toalla en su papel animador de este proceso ciudadano, y se devuelvan al viejo modelo que pone lo público al servicio de lo privado, amenazando los avances en el fortalecimiento del sentido cultural, histórico y patrimonial de la fiesta.

Una economía de mercado merece ese nombre si los consumidores tienen información veraz sobre los productos que les ofrecen. Uno no puede elegir libremente —y menos los niños— si lo hace con base en información falaz.

El crecimiento económico por sí mismo no es suficiente para aliviar la pobreza extrema. Se necesitan alternativas creativas y dirigidas a poblaciones particulares, como las transferencias monetarias no condicionadas y donaciones de ganado.

Para el 2028 los Montes de María serán reconocidos como un territorio ambientalmente sostenible, líder en producción alimentaria agroecológica, con procesos de transformación y comercialización que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria.