El Estado colombiano  debe diseñar políticas públicas integrales que entiendan que la sed y el hambre caminan juntas, es decir que atacar la inseguridad alimentaria en La Guajira sin proveer agua potable no es una decisión inteligente.

La regularización debe venir acompañada de políticas de integración social que permitan a las personas migrantes insertarse en el aparato productivo del país. El Gobierno está llamado a construir políticas alimentarias incluyentes, sostenibles, con un enfoque diferencial, que tengan como objetivo el aseguramiento de este derecho, ya que de alimentarse adecuadamente depende la vida.

Adoptar un etiquetado nutricional de alimentos es clave para garantizar varios derechos plenamente reconocidos en el marco de los derechos humanos. Es clave para garantizar la salud, pues, como lo ha dicho el Comité DESC de la ONU.

El Acuerdo Final de Paz ya preveía los riesgos de inseguridad alimentaria en el país. Por eso el punto uno sobre reforma rural integral planteó la necesidad de crear 16 planes nacionales con el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad y promover el desarrollo rural.

La situación actual del hambre en Colombia tiene factores estructurales y coyunturales. Tanto el Gobierno actual como el entrante bien harían en implementar medidas para solucionar los factores de riesgo en este panorama.

Es un error concluir que las las administradoras de fondos de pensiones y cesantías están obligadas a acoger las ofertas públicas de adquisición únicamente porque el precio ofrecido es mayor a la cotización en bolsa.

La mala calidad del servicio de agua en Santa Marta ha supuesto una grave amenaza a la salud pública de la ciudad y ha puesto en riesgo la sostenibilidad del servicio.

Las visiones contrastadas sobre igualdad e impuestos de estos billonarios son impactantes. Y lo son aún más si tenemos en cuenta que Estados Unidos sigue siendo mucho más igualitario que Colombia.

Tras cinco años de la firma del Acuerdo, el PNIS no parece estar cumpliendo sus objetivos. Aunque esto se debe, en parte, a la falta de voluntad política del Gobierno, no se debe perder de vista la ausencia de las condiciones necesarias para el éxito y rentabilidad de los proyectos productivos alternativos.