Consideramos que la diferencia de trato es contraria al principio de igualdad y deja en una situación de vulnerabilidad a las personas que tengan planes de telefonía móvil prepago

El término de ocho años resulta complaciente con la industria de bebidas y alimentos con bajo valor nutricional, mientras que varias generaciones de estudiantes se ven expuestos a productos que puede propiciar malas prácticas alimentarias con efectos negativos para la salud.

El pasado 24 de mayo, Dejusticia presentó una intervención ante la Corte Constitucional. Dos campañas comerciales, una de Hit (Postobón) y otra de Fruper (Alpina) originaron la controversia.

Le sugerimos a la Corte que ordene a la autoridad agraria que priorice los casos más graves de prescripción con el fin de aclarar si esos predios eran baldíos y, de ser así, los recupere.

El 13 de noviembre de 2018, la acción de tutela fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional. Ahora está en las manos del alto tribunal revisar el caso, confirmar esas decisiones y garantizar que no se afecten los derechos ya concedidos.

A pesar de que los derechos de los niños como consumidores se vieron vulnerados, los jueces en primera y segunda instancia decidieron rechazar las peticiones de Red Papaz. La decisión que tome la Corte podría crear un precedente que haga efectivos estos derechos.

Indígenas, afros y campesinos que viven en zonas apartadas siguen teniendo serias dificultades de prevención, acceso a tratamiento y a medicamentos. Este fue uno de los hallazgos que presentamos a la Corte Constitucional, en seguimiento a la sentencia T-760 de 2008.

La falta de acciones del Estado para controlar la publicidad engañosa con la que la industria de bebidas y comida chatarra incentiva a niños y niñas a consumir productos no saludables llevó a Red PaPaz a presentar una acción de tutela. Dejusticia acompañó el proceso.

El Tribunal Superior de Riohacha acaba de recibir un informe de Dejusticia con información útil sobre la vulneración de los derechos humanos de los wayúu en La Guajira. El documento serviría para avanzar en la implementación del reciente fallo de la Corte Constitucional, que pide la protección de las niñas y niños indígenas.