Ante la pandemia del COVID-19, las agendas de los gobiernos tienen un objetivo en común: asegurar sistemas alimentarios de producción local que beneficien a toda la población, en especial a los más vulnerables.

Vivimos en un país muy desigual. Aquí, sumado a la edad y a las condiciones preexistentes, el lugar en el que habitamos es clave para definir si una persona con Covid-19 va a sobrevivir o no.

Veo esta crisis como una oportunidad única para hacer cambios estructurales a nuestro favor, donde se privilegie la salud alimentaria sobre los actores corporativos. Un reto histórico donde los productores campesinos tienen la potencialidad de ser los héroes de esta historia y regir los cambios del mundo tal como lo conocíamos.

En el marco de la crisis actual producto del COVID-19, y con la responsabilidad de actuar pronto a favor de los pueblos indígenas en alta vulnerabilidad, Dejusticia se suma al llamado de la veeduría ciudadana a la sentencia T-302 del 2017, para solicitar a las entendidas pertinentes protección especial al pueblo Wayúu.

Para un país con más del 50% de la población en la informalidad, se hacen urgentes las medidas económicas que protejan a los más pobres.

La Encuesta de Cultura Política del DANE 2019 arrojó algunos datos clave sobre quiénes son, cómo viven y qué percepción de la democracia tienen los campesinos y campesinas.

Escucha en wayuunaiki y español de qué se trata la Sentencia T-302 para construir una solución colectiva a la vulneración masiva y generalizada de las comunidades étnicas en La Guajira.

Más de 2.300 habitantes de Bogotá se reunieron en el parque principal de Fontibón para celebrar el alimento local y campesino.

La supervivencia de los mercados campesinos de Bogotá ha implicado el descomunal esfuerzo de campesinos y consumidores que han visto estos espacios como la mejor alternativa alimentaria para las ciudades. Pero todavía falta una pieza para que sean masivos y sostenibles: el apoyo estatal.