En este boletín, Dejusticia pone en evidencia la falta de acciones para controlar la subida de precios de los alimentos, además de presentar un análisis con datos e historias que demuestran la necesidad de impulsar medidas de salud pública que garanticen el derecho a la alimentación.

Durante la semana del 17 al 21 de junio, 27 profesionales de América Latina y el Caribe se reunieron en Bogotá para discutir y desarrollar herramientas para defender los derechos humanos en el contexto de actividades empresariales.

Entre el 15 y el 19 de abril, la CIDH escuchó a diversas autoridades del Estado, organizaciones de la sociedad civil, academia, activistas, líderes sociales, sindicatos y gremios empresariales para publicar un informe sobre las distintas vulneraciones a los derechos humanos en el país. Estos fueron nuestros aportes.

El informe "Las Enfermedades No Transmisibles y Los Derechos Humanos en Las Américas" es una herramienta que permite a Estados y sociedad civil diseñar estrategias y políticas públicas para enfrentar este problema de salud pública. Soledad García Muñoz, exrelatora de la CIDH y autora del documento, nos cuenta sobre su relevancia.

El caso destaca como el primero del Sistema Interamericano en analizar el tema de la calidad del aire y en desarrollar las obligaciones que tienen los estados en relación a este tema.

En esta primera edición, que comprende los meses de diciembre de 2023 a febrero de 2024, explicamos cómo la inflación está encareciendo los alimentos reales, medimos qué ocurre con los productos ultraprocesados y planteamos alternativas saludables para su bolsillo.

Con varias organizaciones aliadas entregamos una serie de intervenciones para aportar a la discusión sobre el derecho al cuidado. Como sociedad civil, hemos solicitado a la Corte Interamericana que defina el contenido y el alcance de este derecho, así como las obligaciones del Estado frente al mismo.

El Espectador reconoce la lucha de las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron detrás del impuesto a las bebidas azucaradas.

Al igual que en el decreto de emergencia de la Guajira, la Corte declaró inconstitucional, con efectos diferido a un año, el decreto que busca inyectar mayores recursos al Programa de Alimentación Escolar (PAE).