En medio de la difícil situación en el municipio por el mal funcionamiento del alcantarillado, el Tribunal Superior de Cartagena anuló la tutela presentada por una madre de familia para exigir la protección del derecho a la salud de sus dos hijos menores de edad. Hoy, esta se encuentra a la espera del fallo en segunda instancia por segunda vez. Dejusticia intervino para pedir a las entidades responsables resolver el problema que desde hace meses afecta a cientos de personas.

La falta de acciones del Estado para controlar la publicidad engañosa con la que la industria de bebidas y comida chatarra incentiva a niños y niñas a consumir productos no saludables llevó a Red PaPaz a presentar una acción de tutela. Dejusticia acompañó el proceso.

Siete organizaciones latinoamericanas, entre ellas Dejusticia, intervinieron ante la Suprema Corte de Justicia mexicana para apoyar una demanda que busca proteger los derechos de los consumidores, pues solo el 2% de los mexicanos entiende los etiquetados de alimentos y bebidas. Sin embargo, el tribunal aplazó la discusión.

Dejusticia había intervenido ante tribunal ecuatoriano que protegió los derechos de las comunidades indígenas de Molleturo y de la naturaleza frente a los intereses del gobierno ecuatoriano y la trasnacional china Ecuagoldmining.

Dejusticia, en colaboración con Fensuagro, lanza un libro sobre la experiencia de las mujeres cultivadoras de coca en la región Andinoamazónica, busca explorar los retos que les impone la vida rural, las estructuras de género, el conflicto armado y la criminalización, a estas mujeres.

El Consorcio de canales, que autoriza la publicidad en los canales privados de televisión, apeló el fallo de tutela que lo obligó a emitir un mensaje educativo sobre los efectos negativos de la comida chatarra en la salud de menores realizado por la organización RedPapaz. Dejusticia intervino a favor de los derechos de esta ong y de los derechos de los consumidores.

Esta ley que ha sido objeto de debate tiene un capítulo más. Aunque fue aprobada en segundo debate, sus proponentes afirman que presiones de la industria lograron remover el artículo que haría obligatorio incluir un sello para advertir si un producto es alto en grasa, sodio y colesterol. Una nota de María Mónica Monsalve en El Espectador

La Corte Constitucional emitió una sentencia esperanzadora para miles de niños wayúu que sufren en carne propia la crisis humanitaria de La Guajira. Un grupo de investigadores de Dejusticia visitó el departamento para entender la situación.

En 2016 ocho empresas de bebidas azucaradas firmaron un acuerdo de autorregulación para disminuir la oferta y publicidad de sus productos en los colegios públicos del país. Una investigación de Dejusticia demuestra que no se está cumpliendo.