Sabemos que las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley de Procedimiento de la JEP pretenden realizar cambios constitucionales. Por eso, consideramos necesario que la Corte Constitucional se pronuncie.

Al decidir una demanda que fue presentada por Dejusticia y la CCJ, la Corte resolvió definitivamente las dudas que motivaron las objeciones del Presidente Duque frente a la extradición y aclaró que el nuevo tribunal tiene plena competencia para juzgar casos de Fuerza Pública.

El presidente Iván Duque tendrá que definir en los próximos días si avala o no el proyecto de la ley que determinará el funcionamiento de la JEP. ¿Por qué es tan importante su firma y qué ocurre si se opone?

Organizaciones de la sociedad civil y académicos detallamos las razones por las que el presidente Duque debería aprobar el proyecto de Ley, que ya avaló la Corte Constitucional, y le entregaría a la JEP un marco normativo claro para actuar frente a los crímenes de guerra.

El Grupo de Trabajo GPaz —Género en la Paz— ha seguido de cerca la implementación del enfoque de género en la construcción de la paz, y le entrega al país el informe “La paz avanza con las mujeres: Observaciones sobre la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz”.

El Festival de la Reconciliación nace en el Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María, escenario territorial desde donde se visibilizan tanto los procesos sociales como a las organizaciones de los 15 municipios que constituyen la subregión.

Dejusticia interviene a favor de la demanda de la Comisión Colombiana de Juristas que buscar evitar que impongan plazos a víctimas en restitución de tierras.

El desminado humanitario y la erradicación manual de cultivos ilícitos devuelve la tranquilidad a los campesinos para cultivar la tierra –y eso es vital–. También propicia mejores condiciones para la protección de ecosistemas especiales, como los de La Macarena en el Meta.

Ayer y hoy comunidades afrodescendientes y campesinas de Montes de María marcharon hacia la gobernación del departamento de Bolívar para exigir que se garanticen sus derechos.