Este texto fue escrito junto a Paula Guerrero, investigadora de la Corporación Chacana Discriminación, racismo y exclusión son algunas de las violencias que han tenido que sobrellevar las mujeres indígenas en el “Katsa Su”, el territorio ancestral del Pueblo Awá en el departamento de Nariño. A pesar de estas afrentas contra su cuerpo y dignidad,…

Hoy es el turno de Natalia Ángel para nutrir el debate constitucional con su perspectiva feminista, académica y profesional. Posiblemente esto conlleve a una tendencia más garantista para las mujeres, y humanista por parte de la Corte Constitucional, a través de los fallos que tendrá a su cargo como ponente.

Cuando se acordó el Pacto de Chicoral, Colombia desperdició la oportunidad de satisfacer los reclamos campesinos por la tierra y de evitar décadas de conflicto armado y violencia. Una situación muy parecida a la que estamos viviendo hoy con esa resistencia de élites semejantes a la reforma rural del Acuerdo de Paz.

En medio del riesgo de exterminio físico y cultural a causa del conflicto armado y la violencia, integrantes del Pueblo Awá del departamento de Nariño escriben este manifiesto sobre la vida en el Katsa Su, su territorio, en el que la conexión ancestral ha configurado su labor de defensa y su arraigo. Una historia sobre el cuidado y la pervivencia.

Luego de un año de la pandemia, el Congreso consideró que era necesario restablecer los plazos para responder los derechos de petición, pues el alargamiento de los plazos tiene efectos negativos sobre la democracia. Sin embargo, el Gobierno aún se opone a esta medida.

Resulta histórico que la JEP haya acreditado como víctima del conflicto armado al Gran Territorio del pueblo Awá, “Katsa Su”. Esta decisión abre un debate sobre la brecha y los choques entre los estándares internacionales de derechos indígenas, y el derecho propio de los pueblos indígenas fundamentado en sus cosmologías.

Es un error concluir que las las administradoras de fondos de pensiones y cesantías están obligadas a acoger las ofertas públicas de adquisición únicamente porque el precio ofrecido es mayor a la cotización en bolsa.

La procuradora Margarita Cabello invocó el artículo 116 de la Constitución, que “excepcionalmente” permite que la ley atribuya funciones judiciales a autoridades administrativas, y pidió que el Congreso otorgara atribuciones judiciales a ciertos empleados de la Procuraduría. Estas "soluciones" descabelladas nos saldrán muy costosas, tanto presupuestal como institucionalmente.

En vez de oír las recomendaciones de estos tres equilibrados informes de derechos humanos, Duque los rechaza y adopta un enfoque autoritario frente a la protesta. Es el estilo típico de Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela. Es el duquechavismo.