Garantizar la atención en salud de las personas migrantes implica muchos retos que requieren del apoyo de múltiples actores, no solo del Estado. Sin embargo, mientras se discuten políticas públicas hay vidas en riesgo.

Es esperanzador que exista la perspectiva de múltiples vacunas contra el COVID-19, pero el gobierno Duque nos debe varias explicaciones. Y el Congreso no debería aprobar la ley que garantiza las vacunas sin que esos interrogantes sean respondidos.

En medio de ñames, papayas, naranjas, guayabas y otros alimentos provenientes de San Basilio de Palenque y El Carmen de Bolívar, entre otros municipios, el pasado 31 de octubre, Cartagena inauguró su proyecto de ‘Mercados Campesinos Móviles’, una propuesta articulada entre entidades públicas, organizaciones de base y otros aliados.

El gobierno tiene un deber constitucional de cumplir de buena fe el Acuerdo de Paz. Todas las acciones que emprenda en este sentido deben respetar el espíritu de lo acordado, sin olvidar lo que se ha avanzado. El Acuerdo aún es una oportunidad para construir sendas de desarrollo territorial con enfoque de derechos para las poblaciones rurales.

Providencia es una isla atractiva para grandes inversiones turísticas, a las cuales los raizales se han resistido. Además, la tenencia de la tierra de los habitantes en la isla se caracteriza por una alta informalidad, debido a su carácter ancestral. Muchos raizales temen entonces que no puedan retornar a sus terrenos o que la crisis lleve a muchos a vender sus tierras por precios muy bajos para grandes proyectos hoteleros.

Los radicales descalifican a los centristas, a veces incluso con más furor que a sus enemigos naturales al otro extremo del espectro político. En esta pelea cuentan con una ventaja retórica: mientras sus posturas están claramente formuladas, en blanco y negro, los políticos de centro, si bien saben lo que quieren, reconocen la complejidad de la realidad, dudan, aprenden y cambian de opinión cuando es necesario.

Restaurar la confianza en las instituciones, especialmente en la Policía Nacional, debería ser la prioridad número uno en materia de seguridad hoy en Colombia. Mantener en la impunidad las violaciones a derechos cometidas por miembros de la entidad, mientras se estigmatiza la protesta y se respalda a quienes agreden a la ciudadanía sólo lo va a empeorar.

El Congreso peruano declaró la vacancia o cesación en el cargo del presidente Martín Vizcarra, para lo cual invocó el artículo 113 de la Constitución. El procedimiento parece formalmente apropiado. Pero el asunto es más complicado.

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