Los países ricos, responsables del 92% de las emisiones de CO² por encima de los límites planetarios, perpetúan un mito de sostenibilidad mientras los más pobres sufren desproporcionadamente las consecuencias del cambio climático. La desigualdad ambiental es innegable.

En casi todos los procesos de selección de las altas cortes, se han desatendido las normas y directrices, nacionales e internacionales, que piden: transparencia, publicidad, participación ciudadana, idoneidad, objetividad, independencia, imparcialidad, igualdad y diversidad.

Colombia debe exigir que cesen las violaciones a los derechos humanos y que la publicación de las actas y el reconteo sean inmediatos y con verificación internacional para que sean creíbles y evitar un agravamiento de la violencia y represión.

En 1998, muchos vimos con ilusión la promesa de Hugo Chávez de construir una sociedad más justa y políticamente menos corrupta, pero la promesa terminó en una sociedad envenenada por un discurso oficial que trata a los opositores de fascistas.

El crimen en América Latina se convirtió en un negocio multifacético, a veces transnacional, a veces puramente local. En unos casos, se trata de la provisión de bienes legales pero a través de redes delincuenciales. En otros casos, son mercados totalmente ilícitos, como el narcotráfico.

El sistema tributario colombiano es criticado por su falta de progresividad y equidad, lo que perpetúa la desigualdad. La nueva reforma tributaria que persigue el Gobierno busca corregir esto, y para ello debería enfocarse en los principios constitucionales que garantizan la plena realización de los derechos humanos.

El amor a la patria, como todos los amores, tiene algo de ceguera ante lo malo. Una madre no deja de querer a su hijo cuando este se malogra. Pero incluso en este caso hay un límite a partir del cual la maldad del vástago termina por sofocar el amor de la madre.

Es innecesaria una reforma constitucional, y menos aún una constituyente, para enfrentar el cambio climático. El marco constitucional es muy robusto; lo que faltan son ajustes a la legislación y la adopción y ejecución de políticas públicas apropiadas.

La invitación a los funcionarios públicos y al Presidente es a tolerar la carga del escrutinio periodístico sobre asuntos de relevancia nacional, una carga que no es desproporcionada y es constitucional, precisamente, por su especial impacto con la democracia.