Dejusticia interviene a favor de la demanda de la Comisión Colombiana de Juristas que buscar evitar que impongan plazos a víctimas en restitución de tierras.

Ahora que la Corte Constitucional está revisando el proyecto, Dejusticia argumenta por qué algunas de sus normas deben ser moduladas o excluidas. Acceso del tribunal a información de terceros y juzgamiento de delitos sexuales, son algunos de los temas.

César Rodríguez defendió que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición se acoge a la Constitución, y sobre las penas aseguró que el derecho internacional habla de sanciones efectivas no de cárcel.

Dejusticia defendió la constitucionalidad del Acto Legislativo que le da seguridad jurídica al Acuerdo Final, y resaltó que sus contenidos responden a derechos fundamentales y normas de derecho internacional humanitario.

¿Cuál es la naturaleza, el alcance y el tipo de control que debe ejercer la Corte Constitucional sobre los Actos Legislativos expedidos para implementar el Acuerdo Final de Paz? Intervención de Rodrigo Uprimny ante la Alta Corte.

Dejusticia defendió el Decreto que le permite a la Corte Constitucional suspender los procesos ordinarios para concentrarse en las normas que implementan el Acuerdo de Paz, pero recalcó que esa interrupción no puede ser indefinida.

La norma cumple con los requisitos formales y materiales para ser declarada exequible. El decreto fue expedido por el presidente, quien es la autoridad competente y además está alineado con los criterios de conexidad y estricta necesidad.

Se exponen dos razones en la intervención: al expedir esa norma, el Presidente de la República excedió las facultades especiales para la paz pues no demostró la estricta necesidad de regular ese tema por esa vía extraordinaria; y el procedimiento de contratación que regula el DL 249/2017 viola los principios constitucionales que rigen la contratación pública