En una intervención ante el Alto Tribunal, Dejusticia presentó sus argumentos para solicitar la extensión de la vigencia de la Ley de Víctimas hasta 2030.

En la intervención explicamos, en primer lugar, que los objetivos trazados para las políticas públicas de reparación administrativa y restitución de tierras previstas en la Ley están lejos de cumplirse.

El senador Ernesto Macías demandó el trámite mediante el cual la Cámara de Representantes hundió las objeciones a la JEP. Junto con Esteban Hoyos, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, presentamos una intervención argumentando por qué esa tutela es improcedente.

Le sugerimos a la Corte que ordene a la autoridad agraria que priorice los casos más graves de prescripción con el fin de aclarar si esos predios eran baldíos y, de ser así, los recupere.

El pasado 1 de abril, el investigador de Dejusticia se dirigió a la Cámara de Representantes para aportar al debate de las objeciones gubernamentales al proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Sabemos que las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley de Procedimiento de la JEP pretenden realizar cambios constitucionales. Por eso, consideramos necesario que la Corte Constitucional se pronuncie.

Al decidir una demanda que fue presentada por Dejusticia y la CCJ, la Corte resolvió definitivamente las dudas que motivaron las objeciones del Presidente Duque frente a la extradición y aclaró que el nuevo tribunal tiene plena competencia para juzgar casos de Fuerza Pública.

Dejusticia interviene a favor de la demanda de la Comisión Colombiana de Juristas que buscar evitar que impongan plazos a víctimas en restitución de tierras.

Ahora que la Corte Constitucional está revisando el proyecto, Dejusticia argumenta por qué algunas de sus normas deben ser moduladas o excluidas. Acceso del tribunal a información de terceros y juzgamiento de delitos sexuales, son algunos de los temas.