A pocos días de que la JEP cierre el plazo para la entrega de informes que den cuenta de los daños sufridos por las víctimas del conflicto armado, organizaciones de víctimas y de defensa de derechos humanos pedimos que se extienda el período de entrega por, al menos, seis meses más.

Argumentamos que el Estado ha incumplido las medidas establecidas en el Acuerdo de paz para garantizar la seguridad de las personas en proceso de reincorporación.

Argumentamos ante la Corte Constitucional que es necesario compensar los retrasos causados por la pandemia. De lo contrario se estarían vulnerando los derechos de las víctimas y se estaría incumpliendo el Acuerdo de paz.

En una intervención ante el Alto Tribunal, Dejusticia presentó sus argumentos para solicitar la extensión de la vigencia de la Ley de Víctimas hasta 2030.

En la intervención explicamos, en primer lugar, que los objetivos trazados para las políticas públicas de reparación administrativa y restitución de tierras previstas en la Ley están lejos de cumplirse.

El senador Ernesto Macías demandó el trámite mediante el cual la Cámara de Representantes hundió las objeciones a la JEP. Junto con Esteban Hoyos, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, presentamos una intervención argumentando por qué esa tutela es improcedente.

Le sugerimos a la Corte que ordene a la autoridad agraria que priorice los casos más graves de prescripción con el fin de aclarar si esos predios eran baldíos y, de ser así, los recupere.

El pasado 1 de abril, el investigador de Dejusticia se dirigió a la Cámara de Representantes para aportar al debate de las objeciones gubernamentales al proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Sabemos que las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley de Procedimiento de la JEP pretenden realizar cambios constitucionales. Por eso, consideramos necesario que la Corte Constitucional se pronuncie.