Dejusticia realizó una intervención dentro del proceso de control de constitucionalidad de la Ley 1776 de 2016 (Ley Zidres) iniciado a partir de diferentes demandas que actualmente están siendo revisadas en conjunto por la Corte Constitucional.

La refrendación del acuerdo de paz para alcanzar una Constitución en paz y una paz constitucional

Intervenimos en una demanda de inconstitucionalidad presentada por el exfiscal Eduardo Montealegre Lynett, contra la expresión "acuerdo", contenida en el Acuerdo general para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, el cual se encuentra anexo a la Resolución 339 de 2012, expedida por el Presidente de la República. 

Dejusticia intervino en el proceso de constitucionalidad en el que se estudia el proyecto de ley estatutaria que regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto. Aquí la la síntesis del argumento de la intervención. 

Intervinimos ante la Corte Constitucional en la demanda de inconstitucionalidad formulada contra la expresión "exenta de culpa" del estándar probatorio de la buena fe, contenido en la Ley 1448 de 2011 (ley de víctimas y restitución de tierras) que es requisito para acceder a la compensación económica. 

Intervinimos ante la Corte Constitucional en una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 190 de la Ley 1448 de 2011. Esa norma establece que las víctimas de reclutamiento forzado e ilícito desvinculadas de grupos post-desmovilización y que son mayores de edad, deben obtener el certificado emitido por el Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA),  para acceder a programas de reintegración.

Intervinimos ante la Corte Constitucional en un caso de tutela, en el que un juez penal ordenó, como medida cautelar, la suspensión de un proceso de restitución. El proceso penal investiga  supuesta comisión de fraude procesal dentro del proceso de restitución, por parte de los reclamantes. Según los denunciantes (quienes actúan como opositores en restitución), los solicitantes de restitución cometieron fraude procesal al sostener que la venta de los predios objeto de solicitud constituye un despojo jurídico.

Dejusticia junto con cuatro organizaciones expertas en derechos de las mujeres, interpuso una demanda que busca dar un paso para resolver el grave problema al que se enfrentan las víctimas de violencia sexual en Colombia.