Es obvio que Darío Acevedo y otros pueden cuestionar los informes anteriores del CNMH, y ese debate es bienvenido. Pero deben hacerlo a partir de sus méritos o defectos intrínsecos, como la solidez de sus fuentes, de su marco teórico o de la coherencia de sus análisis.

Debemos asumir la tarea de examinar la vida de las mujeres bajo la prohibición de drogas, para conocer mejor sus necesidades, retos y posibilidades.

La construcción democrática de la paz supone reconocer al adversario como un opositor con el cual se discute y discrepa, a veces con virulencia, pero que no es un enemigo a eliminar.

La representación ficcionada ha sido una de las herramientas más usadas y efectivas del arte político. En Colombia, donde las encrucijadas políticas se hacen más complejas, detallar nuestras historias puede ayudarnos a tomar mejores caminos.

Con el lanzamiento de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes hay esperanza de que haya un cambio en lo que respecta a la violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.

Más de 10 organizaciones de derechos humanos presentamos una intervención ante la Corte Constitucional solicitándole que acoja la definición de domicilio que plantea el Código Civil, tal como lo establece la Constitución Política y la Ley 43 de 1993.

La verdadera audacia en un contexto así consiste en apostarles a la paz y a una lucha democrática por la implementación del Acuerdo, como lo han hecho la inmensa mayoría de los desmovilizados y millones de colombianos.

Sí, tal como lo establece nuestra Constitución, la protección de los niños es prioritaria en Colombia, la SIC debería tener un procedimiento especial y prevalente, una fila “express”, si se quiere, para atender este tipo de casos, en vez de demorarlos eternamente.

El impacto del caso Arias es obvio, pues algunos sectores políticos, en especial del Centro Democrático (CD), consideran que su condena es injusta y fruto de una persecución política. Varios congresistas de la oposición se oponen a esa propuesta, pues consideran que la condena contra el exministro no es arbitraria y que no puede hacerse una reforma penal solo para beneficiar a una persona.