Con el aumento de los presidentes de derecha en América Latina, la remisión puede ser objeto de abuso por parte de tales gobiernos para promover sus agendas políticas en la región, deslegitimando la causa crucial de buscar justicia para las víctimas en Venezuela como un objetivo común.

Entonces 700 votos en Florida definieron el destino del mundo, tal vez para siempre, pues algunos científicos consideran que ya es muy difícil evitar que el calentamiento global supere los 1,5 grados, que es el objetivo mínimo para evitar catástrofes ambientales irreversibles.

La Ley de Víctimas incorporó la noción de territorio como víctima, pues los indígenas tienen vínculos especiales y colectivos con la tierra.

Aunque sea falso, muchos colombianos están convencidos de que la JEP es para favorecer a la guerrilla. Si un aumento razonable del número de magistrados permite eliminar esa falsa creencia y fortalece la legitimidad de la JEP, la reforma podría tener políticamente efectos positivos, a pesar de sus costos y defectos técnicos.

Vivir y morir sin dolor es un ejercicio del derecho a la salud y a una vida digna. Por ello, el Estado tiene la obligación no sólo de remover los obstáculos que limitan el acceso a los medicamentos opioides, sino de promover programas y políticas más flexibles que faciliten su distribución en todos los niveles de atención.

La unificación de las elecciones hace que las fuerzas ganadoras a nivel nacional carezcan de contrapesos locales, pues se trataría probablemente de las mismas fuerzas. Y podríamos correr el riesgo de que cometan abusos.

Los bancos de alimentos son buenas estrategias, pero no sirven para “erradicar la malnutrición infantil”. Alimentar con los desperdicios de gigantes alimentarios no es digno ni sostenible.

A raíz del reconocimiento de estos sesgos étnico-raciales de la prohibición de marihuana, la apertura del mercado legal ha involucrado, de manera diferente en cada legislación, una serie de medidas orientadas a resarcir los daños causados y superar condiciones de desigualdad económica.

Si el gobierno quiere mejorar la estrategia de prevención en abuso de drogas, más que enfocar sus esfuerzos en el decomiso de la dosis personal, debe fortalecer la atención del sistema de salud pues la oferta de tratamientos al consumidor de drogas es inexistente en cerca del 95% de los 1.122 municipios del país.