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¿Nueva política frente a las drogas?

Rodrigo Uprimny Yepes
agosto 16, 2010

Publicado en: El Espectador

OJALÁ EL PRESIDENTE SANTOS REpensara la política contra las drogas y abandonara el fundamentalismo que en esta materia mostró el anterior gobierno, que congeló el debate de este tema por ocho años.

 

OJALÁ EL PRESIDENTE SANTOS REpensara la política contra las drogas y abandonara el fundamentalismo que en esta materia mostró el anterior gobierno, que congeló el debate de este tema por ocho años.

Un primer paso podría ser que discutiéramos la posibilidad de adherir a las “políticas de reducción del daño” (PRD), que han sido desarrolladas exitosamente por otros países, como Holanda, Suiza, Brasil o Portugal.

Estas estrategias nacieron de la constatación de los efectos negativos de las políticas puramente represivas. Su finalidad no es entonces eliminar el consumo de las drogas, que es considerado un objetivo poco realista, sino reducir los “daños primarios” que ciertas formas de abuso de sustancias psicoactivas pueden ocasionar tanto al consumidor como a terceros, como pueden ser los accidentes por manejar ebrio o el cáncer de los fumadores; pero igualmente buscan reducir los “daños secundarios”, que derivan de las propias políticas contra las drogas, como es el aumento de personas en las cárceles por efecto de la penalización.

Las PRD se esfuerzan entonces por evitar la marginación y la estigmatización de los consumidores. Por ejemplo, en Holanda, que ha sido pionera en estos enfoques, el gran tráfico es perseguido, pero se ha despenalizado de facto la distribución minorista y el consumo de la marihuana. Igualmente, en vez de criminalizar al consumidor de drogas más duras como la heroína, se le brinda una amplia gama de programas de apoyo, como el suministro de metadona para evitar el síndrome de abstinencia o la ayuda profesional voluntaria para quien así lo desee.

Las PRD han dado buenos resultados en los países que las han implementado, como lo muestran en forma consistente todos los estudios. Una comparación entre Holanda y Estados Unidos, que defiende la penalización pura y dura, es instructiva. Un estudio publicado en 2006 por Douglas McVay en el libro Drogas y sociedad (Drugs and Society) es contundente.

Así, el gasto per cápita en el sistema criminal y la tasa de encarcelamiento son más elevados en Estados Unidos que en Holanda. Pero a pesar de esos esfuerzos represivos acentuados, la situación en Estados Unidos es peor que en Holanda. La prevalencia del sida es en Estados Unidos mayor: en 2001 fue de 14,1 por 100.000 personas, mientras que en Holanda, que distribuye gratuitamente jeringas a sus consumidores de heroína, fue de sólo 0,29. Además, el consumo de sustancias ilegales en Holanda ha sido menor. Así, en 2001, en Estados Unidos el 37% de personas mayores de 12 años había consumido marihuana y el 1,4% heroína; en Holanda esas cifras eran 17% y 0,4% respectivamente. Estados Unidos encarcela y reprime entonces más que Holanda, pero tiene más consumidores y en peores condiciones sanitarias.

¿No debería Colombia adoptar las PRD, en vez de retornar a la criminalización de los consumidores, que algunos añoran pero que en el pasado tuvo efectos desastrosos? Pero además nuestro país ha sufrido otras terribles consecuencias de las actuales políticas internacionales prohibicionistas, como el impacto profundo del narcotráfico en la violencia, la corrupción y el conflicto armado. ¿No debería entonces Colombia replantear en el ámbito internacional la discusión sobre el prohibicionismo?

Estos interrogantes son esenciales, pero durante años su discusión pública ha sido imposible en Colombia, a pesar de que contamos con expertos en la materia reconocidos internacionalmente, como Francisco Thoumi, Juan Tokatlián o Ricardo Vargas, por sólo citar algunos. Ahora que otros países reflexionan sobre el tema, valdría la pena que el presidente Santos creara una comisión académica que le hiciera recomendaciones para una política frente a las drogas realmente razonable y humana.

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