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Nuevo estudio muestra crecimiento en el número de encarcelados en América Latina por delitos de drogas de bajo nivel


marzo 9, 2017

El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), una red de expertos sobre políticas de drogas en nueve países de América Latina, publica una nueva investigación que revela que a pesar del debate en América Latina sobre la necesidad de repensar las políticas de drogas, el encarcelamiento masivo por este tipo de delitos, aun cuando son no violentos y de bajo nivel, sigue aumentando en el continente.

 

El informe del CEDD, Castigos Irracionales: Leyes de Drogas y Encarcelamiento en América Latina, incluye investigaciones en diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, y Uruguay.

En todos los países latinoamericanos estudiados, con la excepción de Bolivia, la población encarcelada por drogas aumentó más rápido que la población carcelaria en general, a un ritmo de entre 8 y 33 veces en los últimos 15 años, con variaciones dependiendo del país. En Brasil, mientras la población carcelaria incrementó en 55% entre 2006 y 2014, la encarcelada por delitos de drogas creció 267%, es decir, a un ritmo cinco veces mayor. En Colombia, entre 2000 y 2015, la población carcelaria creció 141%, pero la población encarcelada por delitos de drogas aumentó 289%.

“Las cárceles se han convertido en la primer respuesta al tema de las drogas, en vez de abordar la situación desde un punto de vista social, educativo y de salud”, dijo Catalina Pérez Correa, coordinadora del CEDD y co-autora del estudio. “Los encarcelados no son los grandes traficantes que están atrás de la corrupción y violencia que acecha a nuestros países, sino en su gran mayoría gente pobre con un rol insignificante en el tráfico y consumidores, y muchas veces por sustancias como el cannabis”.

En México en 2012, 62% de las personas internas en centros penitenciarios federales lo estaban por delitos de drogas. De éstas, el 58.7% fueron sentenciadas por un delito relacionando al cannabis y 38.5% por el delito de posesión. Según la investigación, 10.2% de la poblacion en las carceles federales en ese entonces estaba sentenciada solamente por conductas relacionadas con “traer consigo” marihuana. En México el conusmo está despenalizado y se permite la portación de drogas para el consumo personal, lo que implica que estás personas están encarceladas injustamente. A nivel estatal, además, uno de cada diez personas en la cárcel lo está por delitos contra la salud, y, como muestra la investigación, hay una tendencia a la alta.

Con respecto a las otras características de los encarcelados por delitos de drogas, en su mayoría se trata de personas con escasa educación, en condición de pobreza o con trabajos de baja remuneración.

Asimismo, la cantidad de mujeres encarceladas por drogas está aumentando a un ritmo más rápido que los hombres, tratándose en la mayoría de los casos de madres solteras.

Un estudio en 2012 en Argentina mostró que 80.5% de las mujeres encarceladas por delitos de drogas afirmó ser la principal fuente de sustento en su hogar. En el caso de Colombia, entre 2010 y 2014, el 93% de las mujeres encarceladas por drogas tenían hijos, mientras el 52.8% eran madres solteras. En todos los países estudiados, el encarcelamiento de estas mujeres puede tener consecuencias devastadoras para sus hijos y familias, y por lo tanto para la sociedad en general pues se crea un círculo vicioso de pobreza que empuja a las personas al consumo o tráfico de drogas.

El estudio también destaca que un importante número de los y las encarcelados por delitos de drogas nunca antes había cometido delitos. Por lo general, los encarcelados ocupan los eslabones más bajos de la cadena de las drogas ilícitas o son consumidores encarcelados equivocadamente por microtrafico. El encarcelamiento de estas personas no tiene ningún impacto en los mercados de drogas, debido a que son las personas más fácilmente reemplazadas. Sin embargo, estas personas tienden a ser el blanco principal de los esfuerzos de la aplicación de la ley, pues es más fácil perseguirlos a ellos que a los grandes traficantes. En Costa Rica, por ejemplo, sólo en 3.9% de los encarcelados es algún líder o jefe de una organización dedicada a la venta de drogas.

Según Sergio Chaparro, investigador de Dejusticia y co-autor del estudio, “Es necesario repensar el uso del derecho penal y de la cárcel en la política de drogas. Es prioritario y necesario sustituir la repuesta penal por un enfoque más amplio que incluya un desarrollo social y de salud pública, y que permita avanzar hacia repuestas más humanas y efectivas frente a la creciente vinculación de las personas con los mercados ilegales de drogas”.

El informe ofrece una seria de recomendaciones de reformas a las políticas públicas para lograr esta reorientación en las políticas de drogas.

Según Coletta Youngers, Asesora Principal en WOLA y co-autora de la investigación, “Es irónico que en los Estados Unidos el 20 por ciento de los ciudadanos vive en estados que ya han legalizado o están por legalizar el uso recreacional del cannabis, y mientras tanto el gobierno de México sigue gastando recursos escasos en encarcelar a consumidores de marihuana”.

El CEDD busca generar información sobre las características y los costos, sean sociales o económicos, de las políticas en materia de drogas en América Latina. Con ello, busca fomentar un debate informado sobre la efectividad de las políticas de drogas actuales y recomendar abordajes alternativos para políticas más justas y efectivas. Para más información visita: www.drogasyderecho.org.

Contacto:

Kristel Muciño

Directora de Comunicaciones de WOLA +1 (202) 797-2171
press@wola.org

Catalina Pérez Correa
Profesora Investigadora, CIDE y CEDD (52) 55 36236797 catalina.perezcorrea@cide.edu

Carolina Mila
Coordinadora comunicaciones
cmila@dejusticia.org

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