El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) lanza nuevos estudios mostrando que a pesar del debate en America Latina sobre la necesidad de repensar las políticas de drogas, el encarcelamiento masivo por delitos de drogas no violentos ha aumentado a nivel regional. Los cinco informes temáticos analizan el discurso y realidad en la reforma de políticas de drogas, la criminalización del consumo, alternativas al encarcelamiento, mujeres encarceladas por delitos de drogas y adolescentes y jóvenes privados de libertad por drogas en América Latina.

“En la mayoría de los países de América Latina estudiados, 1 de cada 5 personas en prisión está por delitos de drogas. Además, la población encarcelada por drogas en varios de esos países ha aumentado en mayor proporción que la población penitenciaria en general”,destaca Alejandro Corda, investigador del CEDD de Argentina. “Sin embargo, eso no tiene ningún impacto en el negocio de las drogas dado que las personas en prisión por delitos de drogas son actores menores del tráfico, fungibles, y en situaciones de vulnerabilidad”.

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En Colombia, este porcentaje casi se cuadriplicó en los últimos 14 años, aumentando de 6.263 personas en 2000 a 23.141 en 2014. «La gran mayoría de las personas encarceladas son eslabones débiles que viven situaciones de extrema vulnerabilidad. La cárcel es una respuesta equivocada que agrava su situación de vulnerabilidad. El 97% de los internos del país tienen máximo bachillerato completo y el 43% máximo primaria. Solo el 12% de las personas encarceladas por delitos cometieron conductas violentas» dijo Sergio Chaparro Hernández, investigador de Dejusticia.

En Brasil, el número de personas encarceladas por delitos de drogas aumentó 320% entre 2005 y 2012, en contraste a un aumento de 51% para la población carcelaria en general.

Según la investigación, en México, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2014, la población penitenciaria recluida en centros penitenciarios federales por delitos contra la salud aumentó en 1.200%. A la vez, el 60% de las personas recluidas en los centros de readaptación social de nueve entidades federativas, están recluidas por delitos relacionados con el cannabis.

Los informes serán lanzado en la Cámara de Diputados de México junto con el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia en Económicas (CIDE) en el foro Personas privadas de la libertad por drogas en América Latina: Los costos sociales de la política de drogas. “En su conjunto los datos que se presentan muestran problemas como la feminización de los delitos de drogas, la criminalización y estigmatización de los jóvenes por la política de drogas y el importante costo social implícito en el uso del derecho penal y el encarcelamiento para atender el problema de las drogas”, dijo el diputado Mexicano Vidal Llerenas.

Los informes también destacan un aumento preocupante de mujeres encarceladas por delitos de drogas. Según el estudio, en Argentina, el 65% de las mujeres encarceladas están en prisión por delitos de drogas. En Costa Rica y el Perú, los porcentajes son 75.46 y 60.6 respectivamente. La gran mayoría son madres solteras, jóvenes y personas de bajos recursos, y frecuentemente pertenecen a minorías étnicas.

Si en Colombia se implementaran alternativas al encarcelamiento para las mujeres que han cometido delitos menores, no violentos, sin concurso con otros delitos, desparecería el hacinamiento carcelario en cárceles femeninas, que hoy es del orden del 45%

“Los informes presentan evidencias de que la población encarcelada por drogas en el continente americano ha aumentado a un ritmo mayor que el resto de la población penitenciaria”, dijo Catalina Pérez Correa, Profesora del CIDE y coordinadora del proyecto, “Las sentencias largas e injustas han tenido un efecto particularmente negativo en las mujeres, cuyo encarcelamiento viene creciendo, y refuerzan las condiciones de vulnerabilidad de sus hijas e hijos”.

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Contacto:
Carolina Mila
Prensa Dejusticia
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Sergio Chaparro
Investigador Dejusticia
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