El pasado 10 de diciembre, un grupo de líderes sociales y habitantes de Providencia presentó una acción popular para pedir que se suspenda definitivamente la construcción de una estación de guardacostas por parte de la Armada Nacional en la isla. Con esta petición, que fue apoyada por Dejusticia, buscaban proteger dos derechos: el medio ambiente sano y la realización de construcciones respetando las disposiciones jurídicas. 

Esta obra ya había sido rechazada por la comunidad raizal en una consulta previa de 2015. Sin embargo, el Gobierno decidió retomarla en 2021 como parte del plan de reconstrucción de la isla después del huracán Iota.

Como respuesta, el pasado 16 de diciembre el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó suspender inmediatamente la construcción de la estación de guardacostas. Esta es una medida cautelar, es decir, una orden temporal para proteger de manera urgente los derechos de los y las demandantes mientras se decide de fondo la acción popular. 

Protección al medio ambiente

En la demanda, los representantes de la comunidad raizal explicaron que la estación de guardacostas es una amenaza al medio ambiente porque el predio en el que se construiría está ubicado cerca de dos ecosistemas importantes para la isla: el arroyo Bowden y el ecosistema de manglar. 

Del arroyo Bowden depende en gran medida el suministro de agua para el consumo de la población y el riego de cultivos. Por su parte, los manglares ayudan a mantener el equilibrio de los seres vivos y el entorno donde se relacionan. Como ha mostrado la autoridad ambiental CORALINA, el 90% de estos ecosistemas se verían afectados con la construcción de la obra. 

A pesar de esto, la Armada Nacional ha empezado a rellenar el predio con materiales con el fin de solidificar el suelo y construir una edificación en él.

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Ordenamiento territorial

Los demandantes argumentaron que este proyecto va en contra de los usos de suelo establecidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de Providencia. En particular, porque el lugar donde se construiría es una zona de conservación del medio ambiente, donde deberían priorizarse los proyectos de conservación de ecosistemas y recursos hídricos. 

Por el contrario, la construcción de una estación de guardacostas no hace parte de los usos permitidos en estas zonas. Por eso, en varias ocasiones, tanto CORALINA como la Secretaría de Planeación Municipal han pedido suspender las obras.

Los demandantes también argumentaron que la estación ignoraría la voluntad de la comunidad, que en una consulta previa de 2015 se opuso a esta construcción. Las razones a este rechazo son claras: por un lado, se pretende construir en el sitio que han usado tradicionalmente los raizales para pescar; además, los peces no tendrían espacio para su reproducción y la comunidad se vería afectada por la falta de alimento proveniente del mar, que es su principal fuente de sustento. 

Por todas estas razones, el Tribunal Administrativo del Archipiélago ordenó suspender la obra y concluyó que “las actividades de construcción realizadas por la Armada Nacional fueron cimentadas en detrimento de la normativa ambiental, específicamente la vulneración del buffer de zona de manglar, situación que implica una grave afectación del ecosistema”.

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