La consolidación democrática en nuestros países requiere de una organización electoral independiente y con capacidad técnica, que asegure la transparencia y legitimidad de las elecciones.

O que existan cortes electorales o poderes judiciales independientes con capacidad de controlar las posibles irregularidades.

Dos procesos electorales recientes prueban, por contraste, y casi como si fuera una experiencia de laboratorio, esa tesis: Kenia y Venezuela.

Kenia tuvo hace cinco años, en diciembre de 2007, su peor crisis política y humanitaria, debido a unas elecciones muy reñidas, frente a las cuales el candidato perdedor (Odinga) consideró, al parecer con fundamento, que había habido fraude. Los conflictos étnicos, ligados a la lucha electoral, se sumaron a la falta de un tribunal o una organización electoral independiente, que pudiera asegurar la transparencia del proceso y la validez de los resultados. Hubo entonces una violencia e inestabilidad muy graves, con más de 1.200 muertos.

Este año la historia fue distinta. Nuevamente Odinga oficialmente perdió e inicialmente cuestionó los resultados. Pero no hubo hechos de violencia graves. Y un factor esencial fue el arbitraje institucional que jugó un poder judicial fortalecido. En estos cinco años, Kenia hizo esfuerzos muy importantes, que incluyeron una nueva Constitución, por reforzar la independencia y la capacidad del poder judicial, que debía controlar las eventuales impugnaciones sobre fraudes electorales. Y lo lograron; luego de los debates judiciales ante la Corte Suprema, Odinga aceptó la decisión de ese tribunal de declarar vencedor a su rival.

La situación sigue siendo compleja, pues el nuevo presidente, Kenyatta, es investigado por la Corte Penal Internacional, pero al menos ese país logró evitar la violencia y reforzar su democracia, gracias a la existencia de un poder judicial independiente, capaz de validar los resultados electorales.

La historia venezolana es la inversa. Durante años las elecciones fueron tranquilas, pues las victorias del chavismo fueron claras. Pero en este período, el chavismo fue cooptando todo el Estado, incluidos el poder judicial y el Consejo Electoral, con la peligrosa tesis de que la separación de poderes es una especie de embeleco burgués. Hoy no existe en Venezuela un poder judicial o una organización electoral que tengan la suficiente independencia para resolver el conflicto entre Capriles y Maduro de una manera imparcial y creíble. Los riesgos de autoritarismo, violencia e inestabilidad son altos.

Esta discusión sobre la importancia de la independencia de la organización electoral es además relevante para Colombia: nuestro Consejo Electoral no es tan distinto del venezolano, pues está totalmente cooptado por los partidos mayoritarios. Y por ello requiere ser urgentemente reformado, como lo mostró contundentemente en varios de sus escritos nuestro entrañable amigo Juan Jaramillo. Gracias, Juan: un año después de tu prematura muerte, nos sigues dando lecciones.