Proceso de Quito

Exhortamos a los Estados que forman parte de este proceso a compartir con la sociedad civil, de manera abierta y transparente, los resultados, acuerdos y decisiones tomadas en el marco del Proceso de Quito, así como a establecer mecanismos para la participación efectiva de la sociedad civil para garantizar la protección de la población migrante y refugiada venezolana en la región. | Rayner Peña, EFE

Organizaciones de la sociedad civil de las Américas solicitamos tener voz ante el Proceso de Quito

Le pedimos a los Gobiernos que se encuentran reunidos esta semana en Bogotá, que nos permitan participar de las sesiones donde se debaten posibles salidas a la crisis de movilidad humana venezolana en la región. Nuestras organizaciones cuentan con el conocimiento técnico y detallado sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en América Latina y esta información debe ser tenida en cuenta.

Por: Dejusticianoviembre 14, 2019


El pasado 30 de octubre, 22 organizaciones de la sociedad civil latinoamericana -miembros del Grupo de Trabajo de Movilidad Humana Venezolana (GTMHV)- le solicitamos a la Cancillería colombiana que nos permitiera participar de la V Reunión Técnica Internacional sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en las Américas del Grupo de Lima, que se celebra este 14 y 15 de noviembre en Bogotá, Colombia. Nuestro objetivo era compartir con los representantes de los gobiernos nuestras preocupaciones y presentar recomendaciones para fortalecer su respuesta. Sin embargo, nuestra petición no fue respondida.

Entendemos que el Proceso de Quito se ha configurado como un espacio intergubernamental de orden técnico, el cual, ha sido acompañado y apoyado por agencias de Naciones Unidas, como ACNUR y OIM, quienes a su vez lideran un valioso trabajo de respuesta a la problemática de la migración forzada venezolana, en articulación con otras agencias y algunas organizaciones no gubernamentales y basadas en la fe. Sin embargo, existe un conjunto de organizaciones de la sociedad civil – por fuera de estos espacios -, que tienen, debido a su cercanía con la población afectada y experiencia de trabajo, un conocimiento técnico y comprehensivo de los retos de la migración en la región, así como de las posibles soluciones a implementar. Por ello lamentamos que este espacio técnico de coordinación regional no se abra a una participación amplia de las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en la materia.


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Considerando lo anterior y en busca de fortalecer y mejorar la respuesta a las problemáticas derivadas de la migración forzada desde Venezuela, desde el GTMHV solicitammos que en los futuros espacios del Proceso de Quito, se establezcan mecanismos claros que permitan una participación efectiva de la sociedad civil de la región que puede aportar su conocimiento técnico y experiencia para que los Estados implementen una respuesta regional corresponsable, coordinada y con enfoque de derechos humanos.

 

Nuestros aportes a la reunión de noviembre en Bogotá

Teniendo en cuenta que no recibimos respuesta a la solicitud de participar en esta reunión, a continuación presentamos nuestras sugerencias frente a estos cinco aspectos claves en materia de políticas regionales migratorias: (1) la regularización migratoria, (2) el fortalecimiento del sistema de refugio y mecanismos de protección, (3) la integración de personas provenientes de Venezuela en los países de acogida, (4) el desarrollo de mecanismos de reunificación familiar, y (5) la necesidad de aplicar enfoques diferenciales en la atención a la población migrante y refugiada.

 

 

Regularización migratoria

 

Los Estados deben buscar soluciones migratorias estructurales, de largo plazo, con enfoque de derechos humanos y de carácter regional. Para alcanzar este fin sugerimos que se adopten medidas como la ampliación de  las visas o residencias ya existentes y la flexibilización de la documentación exigida como el pasaporte. Asimismo, recomendamos aplicar el Acuerdo de Residencia para los nacionales de los Estados Parte del Mercosur y países asociados a las y los ciudadanos venezolanos, como ya es una solución implementada en Argentina y Uruguay. Igualmente, es clave definir y ampliar los criterios de unidad familiar, razones humanitarias y trabajo para que puedan aplicarse a la realidad de la migración venezolana.

Expresamos nuestra preocupación por la propuesta de creación de una “tarjeta migratoria única” para la movilidad de las y los venezolanos que no les otorga un estatus regular. Esta tarjeta implica la recolección de una serie de datos personales de las personas migrantes, que quedarían a disposición de funcionarios estatales, incluso en puestos de salud y escuelas. Teniendo en consideración el temor de las personas migrantes de ser expulsadas o deportadas, es probable que esta tarjeta se convierta en una barrera para el ejercicio de derechos.

 

 

Fortalecimiento del sistema de refugio y de los mecanismos de protección

 

Hacemos un llamado a los Estados a atender sus obligaciones internacionales y garantizar sin discriminación alguna y de acuerdo con los estándares internacionales, el derecho a buscar y recibir asilo a las personas venezolanas. De igual forma, solicitamos se respete en todo momento el principio de no devolución, el cual incluye la prohibición de rechazo en frontera y la no admisión al territorio a personas con necesidad de protección internacional. Finalmente, instamos a los Estados a atender el llamado de ACNUR de llevar a cabo el reconocimiento grupal de la condición de refugiado para personas venezolanas, las cuales, en su mayoría, tienen una clara necesidad de protección internacional.

 

 

La integración de personas provenientes de Venezuela en los países de acogida

 

Con respecto a las condiciones de vida a las que se enfrenta la población venezolana y su proceso de integración en los países de la región, hemos encontrado que las medidas adoptadas por los Estados hasta ahora tienen un carácter temporal. Sin embargo, teniendo en cuenta que el fenómeno de movilidad humana venezolana continuará en el mediano y el largo plazo, es urgente que se implementen medidas de amplio alcance orientadas a la integración de la población venezolana en las comunidades de acogida. Para lograr este objetivo es urgente promover la articulación corresponsable de los gobiernos nacionales/locales, la comunidad internacional, la empresa privada y la sociedad civil.

Para ello sugerimos se implementen las siguientes medidas:  a) facilitación y flexibilización de los proceso de acceso a residencia y nacionalidad; b) inversión en procesos/proyectos productivos o de medios de vida que beneficien e integren a migrantes/refugiados y población de acogida; c) acompañamiento psicosocial transversal a los procesos que permita una adaptación y mejor relacionamiento entre migrantes/refugiados y comunidades de acogida, buscando con ello diezmar expresiones de discriminación, xenofobia y/o aporofobia en los territorios, así como fortalecer la capacidad de resiliencia.

 

 

Necesidad de mecanismos para garantizar la reunificación familiar

 

Reconociendo las diversas maneras en que las personas provenientes de Venezuela están migrando, y considerando especialmente el fenómeno de niños, niñas y adolescentes que viajan no acompañados, reiteramos lo recogido en nuestro Plan de Acción, en cuanto a la necesidad de (a) Desarrollar un mecanismo seguro para la reunificación familiar. Dicho mecanismo debe contar con las herramientas necesarias para asegurar que la persona con quien se reúne una niña, niño o adolescente es efectivamente un familiar o guardián legal y (b) brindar asistencia y acompañamiento a familias separadas y a niñez no acompañada a fin de asegurar la reunificación familiar y la seguridad de todas las familias.

 

 

Necesidad de aplicar enfoques diferenciales en la atención a la población migrante y refugiada. 

 

Recordamos también la recomendación del GTMHV incluida en su plan de acción, según la cual se deben tomar en cuenta los factores específicos de cada grupo poblacional que los expone a sufrir hechos de violencia, discriminación, desatención y/o invisibilización, para diseñar políticas públicas con enfoque diferencial, que ayuden a prevenir la vulneración de derechos humanos.

Reiteramos a los Estados de la región que la respuesta de atención y protección a la población migrante deben incluir un enfoque diferencial de género y de edad. Esto incluye reconocer el impacto de la movilidad humana para las mujeres y el ejercicio de su autonomía al migrar, de manera que no se invisibilicen las relaciones de poder o los roles de género.

Es por ello que los Estados deben implementar rutas de atención integrales dirigidas a estas poblaciones, que incluyan medidas para la prevención de la violencia, la atención de las víctimas, y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Así como el acceso efectivo a mecanismos de protección, asistencia y reparación inmediatos y adecuados, de manera que se asegure la implementación de modelos transformadores que permita la inclusión de las supervivientes en las comunidades de acogida.

Finalmente, exhortamos a los Estados que forman parte de este proceso a compartir con la sociedad civil, de manera abierta y transparente, los resultados, acuerdos y decisiones tomadas en el marco del Proceso de Quito, así como a establecer mecanismos para la participación efectiva de la sociedad civil para garantizar la protección de la población migrante y refugiada venezolana en la región.

 

Atentamente,

 

 

Nombre de la OrganizaciónPaís
Asociación Paz y EsperanzaPerú
Caribe AfirmativoColombia
Centro de Derechos Humanos Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB)Venezuela
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)Colombia
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)Argentina
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)Regional
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego PortalesChile
Clínica Jurídica para Migrantes, Facultad de Derecho Universidad de los AndesColombia
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)Argentina
Conectas Direitos HumanosBrasil
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)Colombia
Plan InternationalRegional
Programa de Protección Internacional – Universidad de AntioquiaColombia
Red Jesuita con Migrantes LAC (RJM-LAC)Regional (sede México)
Refugees InternationalEstados Unidos
Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe (JRS LAC)Regional
Servicio Jesuita a Refugiados  – Venezuela (JRS – Venezuela)Venezuela
The International Institute for Race Equality and Human RightsInternacional
WOLAEstados Unidos
Women’s Link Worldwide (WLW)Regional (sede Colombia)

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