En su bestseller de 2007, la periodista canadiense Naomi Klein acuñó el término “doctrina del shock” para referirse a la estrategia que usan gobiernos de derecha en tiempos de crisis. Después de un evento chocante –una guerra, un golpe de Estado, un ataque terrorista, una recesión económica o un desastre natural– los gobiernos explotan la desorientación pública para suspender la democracia y los derechos, al tiempo que promueven políticas que castigan el poder redistributivo del Estado y liberan al mercado de (casi) toda restricción, en beneficio del 1% más rico de la población y a expensas de los más pobres y la clase media. El resultado de décadas de momentos críticos seguidos de “doctrina del shock” es una desigualdad lacerante y un planeta a la orilla de una debacle ecológica.

Versión 2020 de la «doctrina del shock»

Como era de esperarse, la actual pandemia de coronavirus abrió la puerta a una versión 2020 de la “doctrina del shock”. Bajo las promesas de proteger el empleo durante la crisis y reactivar la economía al concluir la cuarentena, entre marzo y abril varios gobiernos en el Norte y el Sur Global han relajado normas y estándares ambientales y otorgado alivios económicos a las empresas más ricas y más contaminantes sin ningún tipo de condicionamiento ambiental o laboral. En Estados Unidos, la EPA suspendió la aplicación de normas ambientales, flexibilizó los estándares de eficiencia energética para la industria automotriz y disminuyó los controles en las emisiones de tóxicos de las termoeléctricas, mientras el gobierno Trump impulsa estímulos financieros a las industrias del petróleo y de la aviación. El gobierno chino también anunció la suspensión de estándares de calidad del aire y autorizó la construcción de 5 centrales termoeléctricas. En Canadá, Rusia y Corea del Sur distintos tipos de ayudas financieras a la industria de gas y petróleo se han aprobado o están en trámite. En Indonesia se suspendieron las leyes que exigían a la industria maderera una certificación del origen legal de la madera; y en Colombia se eximieron las actividades minero-energéticas de la cuarentena al tiempo que se buscan generar ayudas financieras a la industria aeronáutica.

Las medidas de la “doctrina del shock” son indeseables por al menos tres razones. La primera es que no son eficientes para reducir la curva de contagio. Los paquetes de ayuda financiera incondicionada dirigidos a las grandes empresas no necesariamente se traducen en condiciones de estabilidad para sus trabajadores para que estos puedan permanecer en casa. De hecho, varias empresas del sector de la aviación –la industria mejor tratada por los gobiernos durante la emergencia– han despedido masivamente a sus empleados.

Segundo, la flexibilización de normas ambientales y los incentivos a sectores contaminantes conducen a un efecto rebote en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como sucedió durante y después de la crisis financiera de 2009. Dicho efecto rebote empeoraría la calidad del aire, amenazando la salud pública, y aceleraría el aumento de la temperatura global, acercándonos a los escenarios más dramáticos de la crisis climática.

Tercero, las medidas de la doctrina del shock nos atornillan a un modelo inequitativo y depredador de la naturaleza que es la principal causa de las crisis que dichas medidas dicen solucionar. El coronavirus, como muchos otros virus, está relacionado con la destrucción de los ecosistemas, la deforestación y el modo de producción agroindustrial, que acorta las distancias entre animales silvestres y humanos propiciando la transmisión de enfermedades. La supresión de los poderes regulatorios de los Estados para regular la economía y limitar la destrucción de la naturaleza no hace sino abonar el terreno para más pandemias y aumentar nuestra vulnerabilidad a ellas. Además de revertir años de esfuerzos por consolidar la política ambiental, estas medidas que privilegian sectores tan contaminantes como económicamente vulnerables sobre la vida de millones de personas son una clara muestra del nivel de captura corporativa de los Estados.

La doctrina del sock no es inevitable

La buena noticia es que  la “doctrina del shock” no es inevitable. Klein advierte que es posible resistirla si se conjugan la movilización ciudadana masiva con propuestas de alternativas sólidas, viables pero ambiciosas y estructurales. Desde antes del Covid-19, la academia, los movimientos de base por la justicia social y climática y algunos tomadores de decisiones han generado propuestas para una transición justa a economías bajas en carbono, que con la pandemia han retomado vigencia. Además de las versiones estadounidense, europea y surcoreana del “Green New Deal”, un grupo de académicos y científicos presentó una propuesta de “Green Stimulus” (“estímulo verde”) al Congreso de Estados Unidos, que además se acoge a los “5 principios para una recuperación justa del Covid-19”, una petición de más de 500 organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo. Asimismo, el 27 y 28 de abril el XI Diálogo de Petersberg, una reunión de alto nivel en la que alrededor de 30 ministros de ambiente del mundo y organizaciones de la sociedad civil compartieron alternativas para una recuperación económica sostenible.

Estas propuestas coinciden en varios aspectos: sugieren mantener la aplicación de normas y estándares ambientales; apostarle a la creación de empleos “verdes”, por ejemplo, en la remodelación de infraestructura para hacerla más eficiente y en el transporte público limpio, acompañados de una construcción de nuevas capacidades para las personas de menores ingresos; dirigir generosos estímulos financieros a las energías renovables y a la producción local de alimentos; adoptar soluciones basadas en la naturaleza, donde la conservación y restauración de ecosistemas permita ingresos dignos; y otorgar alivios financieros a industrias contaminantes siempre que vayan condicionados a reducciones concretas de emisiones de GEI, entre otras alternativas.

Desde el Sur Global, organizaciones campesinas, desde Indonesia hasta Perú, reafirman sus exigencias de fortalecimiento de sistemas alimentarios locales. Con la pandemia, tanto tu vulnerabilidad a la volatilidad del mercado global, como su imprescindibilidad para la vida y la alimentación de poblaciones rurales y urbanas, quedaron expuestas. Las poblaciones indígenas también se han manifestado para dar visibilidad a la vulnerabilidad de sus comunidades, como para demandar de los Estados que los esfuerzos en la post pandemia se dirijan a garantizar seguridad alimentaria, agua potable y servicios de salud de pueblos indígenas. Asimismo, desde la academia argentina se han generado propuestas para lo que serían una versión de un “Green New Deal” para ese país.

En el centro de esta amplia gama de propuestas y demandas de distintos sectores hay  un llamado alrededor del cual todas ellas gravitan: para una transición a economías resilientes, justas y neutras en carbono, es necesario que haya Estados fuertes, ejerciendo un rol protagónico en las decisiones sobre el gasto público y dando señales de mercado que guíen al sector privado, y no Estados relegados a meros árbitros del libre mercado, como han propuesto los exponentes de la “doctrina del shock” durante décadas. Porque, en palabras de la economista italoamericana Mariana Mazzucato: “Los cambios en el capitalismo solo se dan si el Gobierno los fuerza”.

*Coordinadora del área de justicia ambiental de Dejusticia.