La primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de Naciones Unidas se realizó el 9 de agosto de 1982. Ese espacio abrió la posibilidad de que las Primeras Naciones compartieran sus planes y preocupaciones de vida en esferas del orden jurídico internacional. Hoy, cuando se conmemoran 38 años desde aquella fecha, la ONU pidió que la discusión girara alrededor del ‘COVID-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas’.

Por eso, desde Dejusticia llamamos la atención de la comunidad nacional e internacional frente a las siguientes realidades fácticas:

Consideramos que la pandemia en curso ha vuelto a poner de presente la desigualdad y el racismo estructural padecido por los pueblos indígenas a lo largo de la historia.

Resaltamos la capacidad de los pueblos indígenas para sobreponerse a las pandemias del pasado y del presente ejerciendo su derecho a la libre determinación jurídica, política y ontológica. En este contexto, es igualmente importante señalar que, de acuerdo a organismos nacionales e internacionales, como la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y la Corte Constitucional de Colombia, los pueblos indígenas enfrentan un riesgo inminente de exterminio físico y cultural.

Vea nuestro webinar sobre ‘Comunidades étnicas y saberes ancestrales’

Ponemos de presente que segúnel Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, los pueblos indígenas tienen tres veces más probabilidades de vivir en la pobreza que el resto de la población y, en tal sentido, son más propensos a contraer enfermedades infecciosas.

Que, según la Organización internacional del Trabajo (OIT), los más de 476 millones de personas de pueblos indígenas del mundo están amenazados por la pandemia de Covid-19, entre otras razones, porque más del 86% trabaja en la economía informal sin protección social y porque la mayoría carece de acceso a atención sanitaria culturalmente adecuada y a información sobre la Covid-19 en su idioma nativo.

Que, según las Organizaciones Indígenas del sur y el norte global, la pandemia ha interrumpido las actividades tradicionales causando inseguridad alimentaria, y las mujeres indígenas se han visto particularmente afectadas debido al aumento de la violencia intrafamiliar y el acoso sexual.

Resaltamos que, de acuerdo al Sistema de Monitoreo Territorial de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), a agosto de 2020, se registran 7093 casos confirmados de COVID-19 en los pueblos indígenas, 2444 fallecimientos, 69 pueblos afectados, y la duplicación de los casos confirmados en el curso de un mes.

Que, a julio de 2020, los departamentos del Amazonas, del Vaupés y Chocó, son los que tienen mayor probabilidad de adquirir el virus, además, en el departamento del Amazonas se registra el 2 % de las muertes del país, una cifra escandalosa considerando que su población es menos del 0,1 % de la población nacional y que 771 de los 2500 casos reportados, hacen parte de pueblos indígenas.

También nos sumamos a este llamado: #LaGuajiraNecesitaAyuda

Recalcamos la situación de riesgo inminente del municipio de Leticia, principal foco de contagio del país, con una media de 2.296 casos por 48.000 habitantes, cuando el promedio nacional es de 314 casos por 100.000 habitantes.

Que los pueblos indígenas del Amazonas, han anotado la importancia de consolidar políticas públicas de frontera entre Colombia, Brasil y Perú que lleven a la creación de un Consejo Territorial Transfronterizo (CCT), capaz de tomar decisiones que consideren la complejidad geográfica y cosmológica de los territorios indígenas, durante y después de la pandemia.

Que la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) denunció un caso de acción con daño, cuando en el mes de junio, el gobierno nacional envió mercados de ayuda a Leticia usando transporte fluvial, desconociendo que la pandemia se ha venido esparciendo a través del río.    

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Subrayamos la denuncia de la Mesa de los Pueblos Indígenas Víctimas de Bogotá D.C. (MPIV) del 10 de julio, que señaló el abandono institucional y la falta de atención diferencial a los pobladores indígenas de la capital del país en medio de la pandemia. Y, en igual sentido, las denuncias de las principales organizaciones indígenas de Colombia sobre el asesinato de sus líderes sociales en el marco de la crisis sanitaria.  

Consideramos que es necesario consolidar información fiable de cómo avanza la pandemia en los territorios étnicos y promover, a la vez, respuestas efectivas del Estado. En tal sentido, instamos al Gobierno Nacional de Colombia y a los Gobiernos Locales, a avanzar en la consolidación de políticas con enfoque diferencial.

Nuestras recomendaciones

En este contexto, desde Dejusticia presentamos 10 recomendaciones recogidas en nuestro diálogo con organizaciones indígenas, internacionales y de la sociedad civil:

1. El Estado debe promover metodologías interculturales que tengan en cuenta los saberes ancestrales y las medicinas tradicionales con miras a proyectar políticas públicas diferenciales. En tal sentido, no se debería implementar ninguna medida en medio de la crisis, sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
2. El Estado debe apoyar y promover las iniciativas comunitarias de monitoreo de la pandemia, cooperando activamente con la ONIC, con el objetivo de tomar en cuenta las realidades territoriales de los pueblos indígenas.
3. El Estado debe priorizar la implementación de Unidades de Cuidados Intensivos en los centros de salud y hospitales de la región del Amazonas y el Pacífico colombiano, procurando contar con personal con experiencia en medicina intercultural y/o territorios étnicos, con el objetivo de atender los casos críticos de pacientes indígenas.
4. El Estado debe garantizar la presencia de las instancias representativas de los pueblos indígenas en los espacios decisorios del manejo de la pandemia y la pos-pandemia.
5. El Estado debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas de continuar o de optar por el aislamiento voluntario, ofreciendo, a la vez, todas las condiciones para evitar que la pandemia llegue a los territorios de los pueblos no contactados.
6. El Estado debe garantizar la renta básica de las familias de las comunidades indígenas rurales y urbanas que carecen del sustento diario y/o que no tienen posibilidades de trabajar.
7. El Estado debe apoyar la cuarentena voluntaria de los pueblos indígenas garantizando la restricción de acceso a sus territorios ancestrales.

8. El Estado debe garantizar la difusión de la información sobre la pandemia en las lenguas maternas de los pueblos indígenas, y el respeto de sus códigos mortuorios y de duelo.
9. El Estado debe propiciar canales de diálogo entre los pueblos indígenas vecinos y transfronterizos, con el objetivo de avanzar en agendas conjuntas para superar la pandemia.
10. El Estado debe construir un plan de choque tendiente a mejorar los servicios de salud y de acceso a agua potable en los territorios indígenas durante y después de la pandemia.

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