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Para paz territorial, justicia territorial

Nelson Camilo Sánchez León
marzo 10, 2016

Publicado en: Pacifista

Ya se empiezan a escuchar propuestas más elaboradas sobre cómo debería funcionar la implementación de los acuerdos con las Farc

 

Hoy en día, cuando se rumora que  la firma de un acuerdo final con las Farc se haría  en cuestión de semanas, ya se empiezan a escuchar propuestas más elaboradas sobre cómo debería funcionar la implementación de tales acuerdos.

En días pasados empezaron a darse a conocer cálculos preliminares de qué tan grande sería el armazón de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es decir, del componente judicial del sistema de víctimas. El Consejo Superior de la Judicatura estima que esta nueva jurisdicción debería estar compuesta por una estructura de, al menos, unas 600 personas. Por su parte, la Fiscalía estimó que, dada la magnitud de los casos que tendrían que tramitarse, para cumplir con la tarea en un término aproximado de 3 años, debería crearse una planta aproximada de 3,000 funcionarios. 

Esto solo pensando en la estructura principal, es decir, el cuerpo de magistrados, sus asistentes jurídicos e investigadores que les asistan. La pregunta que saltó de inmediato fue: ¿cómo esa estructura va a interactuar con las regiones? El magistrado Néstor Raúl Correa, viendo el problema, sugirió que se debería usar “la actual infraestructura de la justicia ordinaria”.

Pero el supuesto dilema parece ser el producto de la misma idea centralista de administración de justicia que hemos padecido históricamente. La preocupación es cómo acercar a las víctimas de las regiones a la justicia de Bogotá. Pero ahí es donde creo que está la falta de visión estratégica: ¿Por qué la sede del Tribunal y las salas de la Justicia Especial para la Paz debería ser Bogotá? Más aun, ¿no deberíamos pensar también en que la sede de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tenga su sede principal en una región?. Y lo mismo va para otras instituciones que se proponen crear como cumplimiento de los otros puntos del acuerdo, como el de tierras.

Mi propuesta es que el Tribunal tenga sede en una ciudad intermedia que sea cercana a los lugares en donde con más fuerza se vivió el conflicto, como Popayán, Neiva, Barrancabermeja, Valledupar o Villavicencio. Obviamente existen otras para ser consideradas. Incluso, como algunas de las salas funcionarán, más o menos, como canales independientes dependiendo la naturaleza de los delitos, una opción podría ser ubicar salas en ciudades diferentes. Y en una ciudad distinta podría fijarse la sede de la Comisión de la Verdad.

“Mi propuesta es que el Tribunal tenga sede en una ciudad intermedia que sea cercana a los lugares en donde con más fuerza se vivió el conflicto”

Sin ser experto, creería que el presupuesto que se invertirá en esta institucionalidad  – cercano a los 2 billones de pesos – daría una importante inyección económica a ciudades como las que menciono.  Y las ventajas simbólicas y políticas adicionales en construcción de institucionalidad y en mostrar una nueva aproximación a las regiones sería inédita e incalculable. Además podría pensarse en un sistema de incentivos al esfuerzo de las regiones interesadas y apalancar así otras medidas de alistamiento para la paz.

Ya veo venir los peros a la propuesta: ninguna de estas ciudades tiene la infraestructura para albergar una institución de este tipo, dirán algunos; en zonas tan “calientes” los riesgos para hacer justicia son múltiples, dirán otros; los problemas de coordinación harían imposible ejecutar armónicamente, interpelará otro grupo; y otros más dirán que poner una corte en la periferia desalentará la postulación de los mejores perfiles y candidatos para la jurisdicción.

Pero ninguno de estos argumentos parece derrotar la potencialidad de la propuesta. Primero, el tribunal nace de cero y como un tribunal inédito; además, la excusa de que no se crea infraestructura porque no existe infraestructura precisamente lo que hace es perpetuar la desatención a las regiones. Segundo, si se trata de un acuerdo de paz que se basa en desarmar el conflicto, los riesgos deberían ser menores. Tercero, con adecuados protocolos de procedimiento e infraestructura en comunicaciones hoy es posible interconectar lugares, lo cual hace de esta crítica una preocupación añeja; además, no nos digamos mentiras, los problemas de coordinación no se irían ni así los pusieran a trabajar a todos en la misma casa; y, finalmente, la labor del tribunal será tan trascedente que seguro convocará la atención tanto de los buenos profesionales que se encuentran en las ciudades más grandes como de los excelentes profesionales que se forman en muchas regiones, pero nunca tienen oportunidad de mostrar sus calidades.

Es el momento para empezar a ver el país desde otra perspectiva.

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