Le pedimos a la Corte que proteja el #DerechoADefenderDerechos de niños y adolescentes
La violencia y discriminación en contra de niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+ en entornos educativos es un problema global. Este tipo de bullying y discriminación afecta gravemente los derechos de esta población y constituye una barrera para al acceso a la educación y para las posibilidades de proyección a futuro. El caso de Rubén, que expondremos a continuación, nos motivó a presentar una intervención ante la Corte Constitucional con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales y se amplíen las garantías para la defensa de los derechos (derecho a defender derechos) de las personas LGBTIQ+ en las instituciones educativas.
Rubén es un niño de 14 años que se identifica dentro de las siglas LGBTIQ+ y que estudia en una institución educativa fundada en los valores de la iglesia adventista. En septiembre del 2023, Rubén publicó un video en una red social de un colectivo de activismo digital y movilización social mediante el cual manifestó ser víctima de humillaciones relacionadas con su orientación sexual y su derecho a la libre expresión.
Además, denunció que el Colegio había sancionado a dos compañeras LGBTIQ+ por expresar manifestaciones de afecto dentro del centro educativo, sanción consagrada en el manual de convivencia.
Adicionalmente, Rubén narró que, durante una clase de educación sexual, una profesora de la institución educativa presentó un documental que contaba la historia de personas homosexuales que supuestamente habían cambiado su orientación sexual para convertirse en heterosexuales. Se trata de las llamadas terapias de conversión, las cuales han sido considerado por la ONU como una forma de tortura y por lo tanto están prohibidas en distintos países como Francia, Alemania, Grecia, Canadá, Malta, Brasil y Ecuador.
A raíz de la publicación del video de Rubén, el rector del Colegio ordenó cancelar su matrícula y el contrato que lo vincula como estudiante del plantel educativo. Consideró que, al publicar el video, el estudiante incurrió en una falta disciplinaria contenida en el Manual de Convivencia.
Tras esta vulneración abrupta y arbitraria, Rubén acudió en dos ocasiones a la Secretaría de Educación para que interviniera en defensa de sus derechos y requiriera al Colegio su reintegro. El 26 de octubre de 2023, con el acompañamiento de la ONG Colombia Diversa, la familia logró que el Colegio ordenara el reintegro bajo modalidad semiescolarizada, pero no autorizó la renovación de la matrícula para el año 2024 y determinó acordar con los padres del estudiante la manera de eliminar el video de las redes sociales.
Una educación integral libre de violencia institucional
El derecho a la educación integral debe garantizar un ambiente educativo seguro, inclusivo, democrático y plural. Esto implica la obligación de eliminar toda práctica, política y actitud discriminatoria, ya sea institucional o de parte de personas de la comunidad educativa, así como asumir un compromiso real contra la discriminación en el entorno educativo.
Las medidas adoptadas por el Colegio, como aislar a Rubén mediante la modalidad semiescolarizada, y la no renovación de su matrícula, evidencian la existencia de una vulneración actual del derecho a la educación. Y si bien Rubén fue reintegrado, el Colegio quebrantó su garantía de permanencia y las dimensiones de disponibilidad de este derecho.
Recordamos que el derecho a la educación es un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes, así como una condición sine qua non para la materialización de otros derechos y garantías constitucionales como la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad.
Internacionalmente se ha reconocido la relación entre el derecho a una educación de calidad y el derecho a un ambiente de aprendizaje seguro y libre de violencia. Además, debe recordarse que el derecho a la educación incluye el derecho a la educación sexual integral. Esta debe ser integral, no discriminatoria, basada en pruebas, científicamente rigurosa y adecuada en función de la edad.
Existe una carencia generalizada de datos sobre el bullying y la discriminación contra niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+ en entornos educativos, tanto por la falta de recolección como por falta de denuncia. Sin embargo, se estima que en Colombia, el 64% de los y las estudiantes LGBTIQ+ sufrieron discriminación por parte de sus pares o por el personal educativo, según una encuesta realizada por Sentiido y Colombia Diversa en 2016. Esta alarmante realidad se repiten en toda América Latina en donde hasta el 80% de los y las estudiantes LGBTIQ+ han manifestado sentirse inseguros en los centros educativos por causa de la violencia y discriminación por su orientación sexual.
El vacío de medidas efectivas dirigidas a prevenir la discriminación por razones de orientación sexual y expresión e identidad de género fomentan un contexto de discriminación generalizada contra los niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+ en ámbitos educativos. Las políticas, prácticas y directrices educativas que refuerzan o incorporan estereotipos de género relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, constituyen discriminación y violencia institucional.
En esta intervención entregada a la Corte Constitucional sostenemos que los derechos fundamentales de Rubén a la educación y al libre desarrollo de la personalidad fueron vulnerados por el Colegio al sancionarlo, primero con la expulsión y posteriormente con la modalidad de semiescolarización, debido a su defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes LGBTIQ+ en la institución educativa.
Promover el derecho a defender derechos de niños, niñas y adolescentes
La defensa de los derechos humanos es un valor, un fin, un derecho y un deber. Para garantizar un ambiente educativo libre de discriminación y violencia es imperativo empoderar a niños, niñas y adolescentes en su ejercicio del derecho a defender derechos, asegurando que identifiquen, denuncien y luchen en contra de la vulneración de los derechos y las libertades fundamentales.
Tanto a nivel internacional como nacional se ha reconocido que los niños, niñas y adolescentes son titulares del derecho a la libertad de expresión, a expresar su opinión y a la educación. Estos derechos, leídos en conjunto con el derecho a la no discriminación, son la base del derecho a defender derechos que se tiene en la infancia y la adolescencia.
La Corte Constitucional ha reconocido que el derecho a defender derechos es un derecho fundamental en sí mismo que consiste en la potestad en cabeza de los ciudadanos y ciudadanas de promover, practicar y reclamar el cumplimiento de las normas constitucionales y de los derechos humanos, así como el deber de acatarlos, defenderlos y difundirlos.
El derecho a la libertad de expresión y a expresar sus opiniones, reconocido tanto en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia como en los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo y a expresar sus opiniones en los asuntos que les afectan directamente.
Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para que las opiniones de los niños, niñas y adolescentes sean tenidas en cuenta y para protegerles de toda forma de discriminación o castigo por causa de las opiniones expresadas. Asimismo, deben remover los obstáculos a través de campañas que legitimen y reconozcan el ejercicio y la labor de defensa de derechos humanos.
El derecho a defender derechos también es un derecho de titularidad de los niños, niñas y adolescentes y tanto el Estado como la sociedad y las instituciones educativas deben garantizar su efectividad.
En el caso de Rubén su ejercicio del derecho a defender derechos y a exigir que se cumplieran sus derechos como niño LGBTIQ+ conllevaron a una mayor vulneración de sus derechos fundamentales. Exigir una educación libre de discriminación terminó con su exclusión del entorno escolar, sanción dirigida a evitar que se difundiera que la institución educativa vulneraba los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Nuestras solicitudes a la Corte Constitucional
Es indispensable un pronunciamiento de fondo que imparta órdenes pertinentes a la institución educativa con el fin de garantizar el derecho a la educación de los niñas, niños y adolescentes, incluyendo acciones para evitar que en el futuro se incurra en una nueva vulneración de derechos. Por este motivo, solicitamos a la Corte:
- Amparar los derechos fundamentales a la educación, a defender los derechos humanos y al libre desarrollo de la personalidad de Rubén.
- Ordenar al Colegio reintegrar a Rubén en modalidad de escolaridad y renovar su matrícula para los siguientes años escolares.
- Ordenar al Colegio la revisión del contenido del manual de convivencia escolar, verificando que su contenido se encuentre acorde con la Constitución Política de Colombia y los tratados internacionales.
- Ordenar al Colegio la implementación de clases obligatorias de educación sexual integral de acuerdo con los estándares de derechos humanos.
- Implementar medidas efectivas para prevenir, identificar y sancionar el bullying y la discriminación a las personas LGBTIQ+ y generar programas para fomentar la defensa de los derechos.
La decisión de la Corte es fundamental para fijar el alcance de los derechos fundamentales a la educación, a la libre expresión de la personalidad y al derecho a defender derechos de niños, niñas y adolescentes en entornos escolares.
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