Lo que pasó recientemente en las altas cortes nos dejó un panorama agridulce. Por un lado, el Senado eligió a Héctor Carvajal, abogado de confianza del presidente Gustavo Petro, como magistrado de la Corte Constitucional. Además, la Corte Suprema escogió a otros dos hombres para ingresar a la Sala de Casación Laboral. Por otro lado, la Corte Suprema conformó, por primera vez en toda su historia, una terna de  mujeres para magistrada a la Corte Constitucional. Desde  nuestras campañas #LaTernaAdecuada, #LaListaAdecuada y #JusticiaDiversa, analizamos lo sucedido porque estos movimientos nos dejan reflexiones importantes sobre paridad, idoneidad, transparencia e independencia en nuestro Poder Judicial. 

Los ingredientes agrios y dulces

La elección de Héctor Carvajal fue agria por tres razones: deficiencias en el proceso de conformación de la terna, dudas sobre su independencia e idoneidad, y falta de equidad de género. 

El problema de origen es que la terna de la que resultó electo, y que fue conformada por el presidente Petro para reemplazar a Cristina Pardo, debió estar precedida por una convocatoria pública. Según el artículo 126 de la Constitución, esa convocatoria debió estar guiada por los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito. Pero no fue así. 

Carvajal también es un hombre al que se le cuestiona su independencia, ya que es el abogado que defiende a Petro ante el Consejo Nacional Electoral por presunta violación de topes de financiamiento en su campaña presidencial. También ha sido apoderado de distintos actores muy poderosos en el Senado. Eso supone un problema porque, como indican los estándares internacionales, las autoridades judiciales no solo deben ser imparciales, sino parecerlo, y por eso debe evitarse escoger a personas cercanas a sus nominadores y electores. 

Además, Carvajal tiene 66 años, pero emitió un concepto que sostenía que la edad de retiro forzoso (70 años) no aplicaba para los magistrados de la Corte Constitucional. Como explicó Rodrigo Uprimny, ese concepto es claramente equivocado y es preocupante porque revela una de dos cosas:  que Carvajal no sabe interpretar lo que expresamente determina la ley; o que la intentó acomodar absurdamente a su favor. Cualquiera de los casos pone en duda su idoneidad para ejercer el cargo.

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Esta elección también puso en riesgo la paridad de género que había alcanzado la Corte Constitucional al contar con cuatro mujeres y cinco hombres en su composición. Para preservar esa paridad, Cristina Pardo debía ser reemplazada por una mujer, y junto a Carvajal habían sido ternadas dos mujeres más idóneas e independientes que él, quien ni siquiera tiene trayectoria relevante en derecho constitucional, la judicatura o la academia. Con la llegada del nuevo magistrado, la Corte Constitucional queda con seis hombres y tres mujeres, lo cual es una regresión lamentable en términos de equidad de género.

Por eso, nos sabe dulce la terna de mujeres que conformó la Corte Suprema para reemplazar a la magistrada Diana Fajardo en la Corte Constitucional. Era lo mínimo que exigía el compromiso con la equidad de género en las altas cortes, ya que se asegura que una mujer será reemplazada por otra mujer. Aun así, persiste  un desbalance de género, que esperamos sea corregido cuando la Corte Suprema arme la terna para reemplazar al magistrado José Fernando Reyes, que termina su periodo el 5 de septiembre. Esa terna debería nuevamente ser exclusiva de mujeres para así recuperar el balance de género de la Corte Constitucional.

¿Por qué una justicia paritaria y diversa?

“Las mujeres somos igual de ciudadanas que los hombres. Somos más de la mitad de la población y de la profesión jurídica. Deberíamos estar representadas en esa misma proporción en las cortes”, asegura María Adelaida Ceballos Bedoya, directora de la línea Sistema Judicial en Dejusticia. Garantizar esa paridad del 50/50 en los escenarios de poder es un deber moral y de justicia que recae en todos los encargados de la nominación y selección de magistradas, y es además una de las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención que fue ratificada por el Estado colombiano. 

Aunque la igualdad es un fin en sí mismo y no necesita justificaciones   adicionales, sí hay evidencia de que en general la diversidad judicial (no solo en términos de género, sino también étnico-raciales, territoriales, profesionales, entre otros) contribuye a fortalecer la legitimidad de la justicia. La ciudadanía tiene más confianza en el Poder Judicial si se ve reflejada en él. Por último, hay evidencia de que, bajo ciertas circunstancias, la diversidad judicial lleva a que se provea una mejor justicia, con procesos de deliberación, enfoques, y políticas de gestión más fuertes.

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Las deudas en las otras cortes

La Corte Constitucional no es la única en deuda con la paridad y la diversidad. Paradójicamente, la Corte Suprema, que es aplaudida por estos días por armar una terna exclusiva de mujeres, tiene en su interior una escandalosa disparidad. En Dejusticia encontramos que, para finales de 2024, la Sala Plena de la Corte Suprema tenía  apenas un 31% de mujeres. También identificamos que en la Sala de Casación Penal se seleccionaron cuatro hombres consecutivamente, a pesar de que solo ha tenido cuatro mujeres magistradas en toda su historia y nunca más de una por periodos prolongados. Además, hace unos días, esta misma Corte eligió a dos magistrados hombres para su Sala de Casación Laboral, lo que reduce todavía más (al 29%) la presencia de mujeres en esta corporación.

La representación actual de las mujeres en el Consejo de Estado no es muy distinta, pues tenía un 29% de mujeres para finales de 2024. Esto no cambia en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que actualmente está integrada por 5 hombres (71%) y solo 2 mujeres (29%).

Todo esto a pesar de que una sentencia de la Corte Constitucional exige que se asegure la paridad tanto de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, como de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 

Por su parte, el Consejo Superior tiene actualmente paridad, pero en diciembre de este año culmina el período de la magistrada Diana Remolina, así que en ese caso se espera que sea reemplazada por una mujer.  

Entonces, sí que aplaudimos que la Corte Suprema haya conformado una terna de mujeres para la Corte Constitucional, pero les decimos al Senado, al presidente y a las altas cortes que el reto no termina ahí. La lucha por la inclusión de las mujeres y la diversidad en las altas cortes debe mantenerse y requiere una voluntad genuina y constante en el tiempo. Lo mismo pasa con la lucha por la transparencia, idoneidad, mérito, independencia y participación ciudadana en la justicia. Estaremos poniendo la lupa en las próximas selecciones.