Las propuestas de participación política de las FARC han recibido duras críticas. El blanco no solo han sido las propuestas más polémicas y maximalistas, como la convocatoria de una constituyente o la reestructuración total del estado.

Las críticas abarcan también propuestas de reforma electoral moderadas, como el establecimiento de garantías para la oposición, la financiación equitativa de partidos, la representación especial de minorías.
Que las FARC hagan propuestas de esa naturaleza debería alegrarnos, pues muestra que un grupo armado que lleva medio siglo luchando contra gobiernos democráticos está ahora dispuesto a jugarle a la democracia.

Además, propone mecanismos típicos para asegurar que la competencia electoral funcione en igualdad de condiciones, y que han sido defendidos por la izquierda desde hace tiempo, como lo señaló la Presidenta del Polo. Si esos mecanismos se aceptan en la mesa, es posible que las FARC tengan incentivos para moderar su maximalismo en otros temas, como parecen haberlo hecho frente al primer punto de la negociación.

Sin embargo, las propuestas se critican por constituir una reforma del sistema electoral que va más allá de la agenda de negociación y debería ser discutida en la arena política. Sin perjuicio de los mecanismos de refrendación a los que deba someterse el acuerdo de paz, ese argumento olvida que la agenda se refiere explícitamente a los mecanismos de participación política no solo con el fin de asegurar que las FARC puedan hacer política a futuro, sino también de atacar uno de los factores clave al origen del conflicto: la exclusión de los movimientos políticos distintos de los partidos tradicionales.

Recordemos que los grupos guerrilleros de los sesenta surgieron en buena medida como reacción al Frente Nacional (FN). El FN fue una innovación institucional importante pues, al establecer la alternancia en el poder de los dos partidos y el reparto paritario de cargos públicos, puso fin a la violencia partidaria. Pero al mismo tiempo, el FN impidió la participación política de los sectores que no estaban asociados con los partidos tradicionales. Con ello dificultó que los sectores insatisfechos con las políticas estatales pudieran canalizar sus demandas a través de las instituciones electorales o administrativas. Así sucedió, por ejemplo, con las demandas campesinas de reforma agraria, que fueron ahogadas por el Pacto de Chicoral, hecho por los dos partidos con el fin explícito de poner fin a la redistribución de tierras, y que en el imaginario de las FARC constituye un momento clave de justificación de la lucha armada.

Aunque el FN terminó formalmente en los setenta, la exclusión política se tornó más intensa y violenta a fines de los ochenta con la persecución de la izquierda y el exterminio de la UP. Este periodo constituye otro hito en la narrativa justificatoria de la lucha armada, dado que la UP fue creada para que las FARC testearan la posibilidad de hacer política a través de votos y no de balas. El fracaso del experimento, aunado a la intransigente reticencia de las FARC a negociar la paz, condujo a que la lucha armada se perpetuara con mucho mayor ímpetu y militarismo.

Por ello, al igual que las medidas de reforma agraria, las de participación política deben ser comprendidas como medidas destinadas a ponerle fin a las causas del conflicto armado, y por ende como asunto fundamental de las negociaciones de paz.