| Por: Mauricio García Villegasmarzo 6, 2010

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Pasar la página

AHORA QUE LA DECISIÓN JUDICIAL sobre el referendo ha sido tomada, después de tantos meses de incertidumbre, es natural que la opinión pública quiera olvidar el pasado reciente —el uribista, digo— y concentrarse en la campaña presidencial, con el frenetismo propio de un debate electoral que sólo tiene tres meses de vida.

AHORA QUE LA DECISIÓN JUDICIAL sobre el referendo ha sido tomada, después de tantos meses de incertidumbre, es natural que la opinión pública quiera olvidar el pasado reciente —el uribista, digo— y concentrarse en la campaña presidencial, con el frenetismo propio de un debate electoral que sólo tiene tres meses de vida.

Yo también creo que esta campaña es significativa para el futuro del país, pero pienso que lo sucedido la semana pasada con la caída del referendo es demasiado importante para dejarlo en el pasado.

Lo primero que no hay que olvidar es el costo político, administrativo, económico y hasta cultural de todos estos meses de patria boba en los que discutimos sobre la segunda reelección. Los promotores de esta idea descabellada, empezando por el Presidente mismo, deben responder, al menos políticamente, por esos costos. No basta con decir que se equivocaron o que hicieron mal las cuentas, o que fallaron al momento de utilizar los procedimientos constitucionales. En todo este asunto hubo mucho más que eso: hubo una intención malsana de abusar del derecho y del poder político para torcerle el cuello a las instituciones, empezando por la Constitución misma. ¿Quién puede creer, hoy en día, que la violación de los topes en la recolección de firmas para el referendo, por ejemplo, fue una simple equivocación de cuentas y no una campaña deliberada de engaño?

Lo segundo que no hay que olvidar es el contenido de la decisión tomada por la Corte. Este no fue un fallo cualquiera; es quizá la sentencia más importante en toda la historia de la Corte Constitucional. Doy al menos cinco razones para respaldar lo que digo: 1) fue una decisión muy valiente; para ninguna corte es fácil declarar la inconstitucionalidad de una norma defendida a ultranza por un presidente que, como el colombiano, goza de una enorme popularidad; 2) fue una decisión democrática. Un fallo que hace respetar las normas de la competencia política y de los equilibrios institucionales, es un fallo profundamente democrático, sobre todo en un país como Colombia, en donde los canales de representación política —el Congreso— pasan por una crisis insondable; 3) es un fallo aleccionador; un fallo que no sólo ayudará a civilizar a la derecha colombiana, que ha sido históricamente cerrera e inescrupulosa, sino también a la izquierda, la cual no se ha caracterizado propiamente por su sumisión al derecho y a las constituciones; 4) fue una decisión innovadora. Cuando la Corte sostiene que hubo un “vicio de sustitución”, es decir, que se quiso cambiar la “columna vertebral” de la Constitución de 1991 y que tal cosa no puede ser posible, no sólo ratifica una jurisprudencia excepcional —creada por ella misma— sino que refuerza los cimientos de la institucionalidad; y 5) es un fallo impactante; un fallo que está llamado a tener grandes repercusiones, no sólo en Colombia, sino también en el resto de América Latina, sobre todo en aquellos países en donde las tentaciones caudillistas toman fuerza.

Es inevitable que el país pase la página de la segunda reelección de Álvaro Uribe; que se concentre en escoger su nuevo presidente y que lo haga con la ilusión desmesurada que, entre nosotros, ese evento supone. Pero yo creo que sería mejor si, en lugar de pasar esa página, la sacamos del libro de nuestra historia y la enmarcamos para tenerla siempre presente.

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