El informe “La paz, responsabilidad de todos. La responsabilidad corporativa en la justicia transicional: lecciones para Colombia”, publicado por Dejusticia y PAX Holanda, analiza la experiencia de países que han investigado crímenes cometidos por empresarios en el marco de conflictos armados y dictaduras. Además, entrega unas lecciones para el posconflicto colombiano.

El documento recoge un estudio comparativo de ocho países (Alemania, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Guatemala, Timor del Este, Sierra Leona y Liberia) que utilizaron la justicia transicional para juzgar crímenes cometidos por empresarios. También analiza la manera en la que están enfocados la investigación y el juzgamiento de los actores corporativos en el Acuerdo de Paz colombiano, precisamente la base sobre la que se construirá la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La JEP y la Comisión de la Verdad abren la puerta para promover la rendición de cuentas de las empresas y los empresarios que han contribuido con las acciones de los grupos armados. Incluir los delitos de terceros, en este caso los empresarios, en la justicia transicional sirve para fortalecer la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto. Sin la judicialización integral es difícil garantizar la no repetición de los hechos así como la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Los autores del estudio son Leigh Payne y Laura Bernal-Bermúdez de la Universidad de Oxford; Nelson Camilo Sánchez y Daniel Marín de Dejusticia, y Joris van de Sandt y Marianne Moor de Pax Holanda