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Financiación de la paz

Las agencias encargadas de implementar el punto 1 del Acuerdo de Paz (la reforma rural) presentan recortes de hasta el 25% en los recursos del Presupuesto General de la Nación. | Mauricio Dueñas, EFE

‘¿Paz al menor costo?’ Un análisis sobre la financiación de la paz territorial

Esta investigación analiza la financiación de algunos programas necesarios para lograr una paz que transforme las realidades socioeconómicas del campo y supere el conflicto.

Por: DejusticiaMarch 3, 2022

Colombia no adaptó su sistema fiscal para garantizar la implementación de una paz robusta y transformadora. Esta es una de las conclusiones del documento ¿La paz al menor costo? Análisis presupuestal de la implementación de la paz territorial y el sistema integral, publicado por la Editorial Dejusticia y la Red de Justicia Transicional de la Universidad de Essex.

Esta investigación hace un diagnóstico de la financiación de los puntos 1 y 5 del Acuerdo de paz, particularmente de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y de las entidades que conforman el Sistema Integral, es decir, la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

De esta manera, los autores, Alejandro Rodríguez y Hobeth Martínez, indagan cómo la justicia transicional podría contribuir a las transformaciones socioeconómicas que son necesarias para superar definitivamente el conflicto armado en Colombia.


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Financiación de los PDET

Los PDET son la estrategia que estableció el Acuerdo de Paz para transformar las 16 subregiones más golpeadas por la guerra, donde además hay altos índices de pobreza. Estos planes, que hacen parte del Punto 1 (Reforma Rural Integral) buscan contribuir al desarrollo socioeconómico de las comunidades y así ayudar a superar la situación de desigualdades estructurales. 

La investigación encontró que las transferencias del Sistema General de Participaciones disminuyeron un 10% desde el año 2020.. Esto es preocupante porque esa es la principal fuente de recursos para ejecutar los PDET. Además, entidades como la Agencia de Renovación del Territorio o la Agencia Nacional de Tierras, que están a cargo de ejecutar los PDET y otras políticas centrales del Punto 1, presentan recortes o estancamiento en sus presupuestos provenientes del Presupuesto General de la Nación. 

Por otra parte, los recursos de cooperación internacional sí se están destinando a las zonas PDET, pero en algunos casos están siendo utilizados para atender otras necesidades, como el fenómeno migratorio. 


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 Financiación del Sistema Integral

Las instituciones del Sistema Integral también apuntan a transformar las condiciones que dieron origen al conflicto armado al aportar justicia, verdad y reparación a las víctimas. Por ejemplo, se espera que los excombatientes que se presenten ante la JEP realicen trabajos con contenido reparador en las zonas PDET, como por ejemplo que participen en la construcción de obras de infraestructura para las comunidades.

Estas instituciones, especialmente la JEP, han recibido asignaciones presupuestales sostenidas y en aumento desde su creación. Esto, al contrastarlo con el estancamiento y los recortes que viven las instituciones encargadas de los PDET, indicaría un mayor interés en la implementación de un modelo de paz enfocado en lo jurídico sobre un modelo de paz transformador en el que los cambios socioeconómicos sean centrales.

Esto sugiere, desde la perspectiva de los autores, “que quienes toman las decisiones en el Gobierno Central van modelando una paz que cada vez se parece menos a la prevista en el Acuerdo”.

Recomendaciones

• Es imperativo aumentar los ingresos del Estado con el fin de obtener los suficientes recursos fiscales disponibles para cumplir las metas y los objetivos que se establecieron en el Acuerdo. Un inicio debería ser igualar el recaudo tributario al promedio de los países de América Latina. Colombia se encuentra tres puntos porcentuales por debajo del promedio latinoamericano en términos de presión tributaria. 

• Este aumento se debe hacer de manera progresiva, es decir, que quienes ganan más paguen proporcionalmente más. Hoy, el 1% y 0,1% más rico de Colombia paga menos de lo que le corresponde, incluso llegando a pagar menos impuestos a la renta que la clase media. Además, hay demasiados beneficios tributarios a sectores que deberían aportar más de lo que lo hacen hoy. 

• Poner en marcha una plataforma para transparentar el uso de los recursos y que le permita a la sociedad civil hacer seguimiento de todos los recursos considerados para la implementación del acuerdo. 

•Es importante buscar nuevas fuentes de financiación para temas como el fenómeno migratorio y evitar que se dé un conflicto en el uso de los recursos.

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