El Gobierno y los defensores del proceso de paz con los paramilitares reconocen que todavía hay dificultades, que no siempre los paramilitares entregan las armas, que algunos de los que las entregan no son ?paras?, que se trata de un proceso largo y doloroso para el país, y que la Ley de Justicia y Paz logrará algo de justicia y una parte muy reducida de reparación. Pero que todo esto se justifica por la paz.

El argumento que tienen es este: es mejor, dicen, tener a 30 mil delincuentes desarmados y conversando que echando bala en el monte. Y la prueba para demostrarlo es esta: basta con ver la reducción de los índices de criminalidad. Con todo respeto, tengo dudas sobre este argumento y sobre esta prueba.

En primer lugar, no estoy tan seguro de que sea mejor tenerlos sin armas y negociando que en el monte echando bala. Me explico: el Estado tiene tres opciones posibles frente a los paramilitares. La primera, que nunca ha sido adoptada, consiste en combatirlos en todo momento y lugar, tal como la Constitución y la ley lo mandan. La segunda, que es la opción pre-Uribe, radica en combatirlos ocasional y estratégicamente ?según las necesidades de la guerra contra las guerrillas? y en tolerarlos en el resto de los casos. La tercera posibilidad es la actual: negociar y desarmarlos pero sin afectar sus estructuras de poder.

La situación ideal es la combinación de las opciones una y tres: el Estado los combate, los debilita y los pone en situación de negociación. Luego los desarma, somete y juzga. En Colombia, en cambio, tenemos una combinación de las opciones dos y tres: cuando los paramilitares están en su posición de mayor fortaleza, el Estado negocia con ellos. Lo malo no es negociar, sino negociar cuando tienen su poder intacto.

Los defensores del Gobierno, con buen juicio, estiman que Colombia necesita instituciones más fuertes; instituciones que sean capaces de proteger a los ciudadanos en sus derechos, empezando por la seguridad personal y por la propiedad. ¿Contribuye el proceso de desmovilización con los ?paras? a este propósito? Lo dudo.

Lo que estamos viendo con esta negociación es una entronización de las estructuras mafiosas y paramilitares a lo largo y ancho del país ?el mal del DAS extendido por todas partes?, lo cual es justamente el revés del fortalecimiento institucional. Desde la independencia, el Estado ha sido demasiado débil para someter a las regiones. El enquistamiento mafioso de los ?paras? en las instituciones locales no hace sino agravar ese problema. Temo que ya no sólo tengamos gamonalismo y clientelismo, sino todo eso redoblado por prácticas mafiosas.

La segunda parte del argumento del Gobierno es la prueba: ahí están las cifras de reducción de la criminalidad. No dudo de esas cifras, pero sí de las causas que las producen y sobre todo de sus efectos. Es posible que tengamos menos muertos, no por virtud del control estatal sino como consecuencia de la pacificación impuesta por los jefes paramilitares. Concuerdo con quienes sostienen que estas situaciones son difíciles de valorar. ¿Qué pensar, por ejemplo, cuando el número de homicidios se reduce sustancialmente pero como consecuencia de un pacto perverso ?un pacto paradójico como lo denomina Francisco Gutiérrez? entre el Estado y los grupos mafiosos?

Con este Gobierno a mí me pasa algo parecido a lo que me pasa con la Iglesia y sus sacerdotes. Quisiera que tuvieran razón; que hubiese no sólo un Dios bueno y generoso que recompensara a los buenos y castigara a los malos, sino también un futuro próximo de paz y prosperidad para Colombia sin el lastre de la guerrilla y de los ?paras?. Sin embargo, me temo que no sea así. En el caso de la Iglesia, me resigno. En el del Gobierno, en cambio, me alarmo. Si su proyecto de pacificación fracasa, cuántas generaciones más necesitaremos para recuperar la dignidad del Estado?; dignidad sin la cual no hay paz posible.