En una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden; a su secretario de estado, Antony John Blinken, y a los miembros del Congreso de ese país, decenas de organizaciones sociales e instituciones académicas de Colombia expresamos nuestra preocupación por los eventos ocurridos en Colombia desde el pasado 28 de abril, cuando inició un paro nacional indefinido: fuerte evidencia de que al menos 39 personas han sido asesinadas, cientos de casos de desaparición forzada que están en verificación, cientos de manifestantes heridos y decenas de testimonios de primera mano de víctimas de tortura, violencia sexual y violencia basada en género, según han reportado organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

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Democracia local frente a la crisis

En la carta le decimos al mandatario, a su Secretario de Estado y al Congreso que, ante la extensa jornada de protestas, el gobierno de Colombia “optó por ejercer una violencia inaceptable contra la población, perpetrada por miembros de la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional”, en lugar de canalizar los reclamos y el malestar de la población a través de un diálogo fructífero y políticas públicas significativas.

En ese contexto, las organizaciones les hacemos cuatro pedidos:

1. Condenar el uso excesivo de la fuerza policial, distanciarse de la retórica inflamatoria del gobierno de Colombia, e insistir en que el gobierno colombiano reforme la Policía Nacional, detenga el accionar criminal del ESMAD e investigue y sancione a todos los responsables de violaciones de derechos humanos ocurridas desde el 28 de abril.
2. Exigir que se apliquen protecciones de derechos humanos más fuertes para la asistencia que el gobierno norteamericano da a las Fuerzas Armadas. La Policía en particular no debería recibir ninguna asistencia por parte del gobierno norteamericano, ya que tiene un indignante registro de violaciones de derechos humanos cometidas en impunidad.
3. Cuidadosamente, examine si la asistencia a las Fuerzas Armadas es en este punto una violación de la ley Leahy, que prohíbe que la asistencia estadounidense se canalice a fuerzas de seguridad que estén implicadas en la violación de derechos humanos.
4. Finalmente, pedimos que la venta de material de control de multitudes sea suspendida hasta que haya evidencia de una adherencia estricta de protocolos de descenso de conflictos y el uso apropiado de fuerzas letales y no letales.

Esperamos que la Administración de Biden y el Congreso de Estados Unidos respondan con prontitud y de forma favorable a nuestro llamado, para así encontrar nuevas salidas a la actual crisis que vive Colombia.

A continuación, lea la carta completa y encuentre el listado de personas y organizaciones que firmamos la misiva.