Ante el anuncio del Gobierno Nacional sobre la eventual reactivación de las fumigaciones aéreas con glifosato, la coalición Acciones Para el Cambio[1], de la cual hace parte Dejusticia, presentó dos derechos de petición dirigidos a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, solicitando informar a la sociedad civil y a la opinión pública sobre las actividades de seguimiento y verificación que esas entidades han realizado en cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017, por medio de la cual ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes la no reanudación del programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG).

La coalición ha sostenido que el PECIG es una estrategia poco efectiva, costosa, y dañina a los derechos humanos. Además, considera que es necesario profundizar la implementación del Punto 4 del Acuerdo Final de Paz, de modo que existan medidas de desarrollo rural y bienestar social de las poblaciones campesinas que cultivan hoja de coca.

El proceso que cursa ante la Corte Constitucional es de vital importancia porque busca proteger los derechos fundamentales de los habitantes de Nóvita, Chocó, y, además, porque mediante la aplicación del principio de precaución, se está protegiendo el derecho a la salud y el derecho al goce de un medioambiente sano de todos los colombianos, mediante la suspensión de un programa cuyo impacto en esos dos derechos se desconoce.

Las órdenes que las entidades deben supervisar están relacionadas con la realización de un proceso de consulta previa con las comunidades étnicas de Nóvita, para establecer las afectaciones que causaron las fumigaciones aéreas con glifosato en la integridad física, cultural, social y económica de dichas comunidades; así como con la construcción de los seis protocolos que el Gobierno ha afirmado tener para reanudar el PECIG, qué en todo caso, deberán fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre que la aspersión aérea de glifosato no produce ningún daño en la salud y el medio ambiente.

Ante los riesgos que devela este panorama, se hace urgente conocer y socializar la gestión que las entidades encargadas de velar por los derechos humanos de la población colombiana han realizado hasta el momento.

De igual forma, la coalición solicitó copia del expediente del caso a la Corte Constitucional, para conocer y analizar los documentos que han venido alimentando el expediente en los últimos meses, y así llegar a una mejor comprensión del fallo.

Encuentre abajo los memoriales presentados: