Skip to content

Providencia ONU

Confiamos en que la supervisión de la ONU encaminará al Gobierno colombiano a diseñar e implementar una política pública de prevención y atención apropiada para manejar los efectos del cambio climático con enfoque de derechos humanos. | EFE

Pedimos a la ONU solicitar medidas para proteger al pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Organizaciones de la sociedad civil enviamos una carta a 14 relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas para que le recomienden al Gobierno Nacional cumplir con sus obligaciones en materia de prevención y gestión del riesgo ante eventos climáticos, para la protección de los derechos y la autonomía de la población raizal.

Por: DejusticiaMay 23, 2022

Ha pasado un año y medio desde que el huracán Iota arrasó con las islas de Providencia y Santa Catalina, y dejó graves afectaciones en San Andrés, que no terminaba de reponerse de los estragos del huracán Eta, ocurrido solo dos semanas antes. Tras la tragedia, el Gobierno Nacional priorizó recursos para reconstruir el archipiélago, mas esa gestión se convirtió en otra odisea para sus habitantes quienes aún reclaman el restablecimiento de sus derechos humanos.

El proyecto de reconstrucción liderado por el Gobierno, aunque concertado con la comunidad, no respetó los acuerdos a los que se habían llegado. A estos incumplimientos se sumó la falta de información pública sobre el estado de avance, lo que ha impedido a las organizaciones de veeduría raizales vigilar los recursos y actividades de las obras.

Las consecuencias del inexplicable hermetismo de las entidades encargadas de la reconstrucción se empiezan a ver en los hogares que ya fueron levantados y entregados. Las comunidades de Providencia y Santa Catalina han manifestado que dichas casas presentan signos de deterioro temprano, lo cual pone en riesgo su derecho a la vivienda digna y los hace más vulnerables a futuras tormentas tropicales.

De la misma manera, todavía no existe información pública sobre las personas que tuvieron que dejar las islas luego del huracán, si ya retornaron, ni qué va a suceder con los predios que habitaban. Un problema que expone la inexistencia de una normativa clara en Colombia para enfrentar el desplazamiento climático y las nefastas consecuencias que su ausencia tiene para los derechos de las personas afectadas por catástrofes ambientales.

La imposibilidad de ejercer control ciudadano, y la amenaza que representa el mal manejo de la reconstrucción de las islas a la existencia digna y los modos de vida autóctonos de los raizales, ha impulsado a cuatro universidades y organizaciones de la sociedad civil [1] a escribir una carta a 14 relatores de derechos humanos de la ONU para que confronten la inacción y la mala gestión del Gobierno colombiano tras el huracán Iota.


Lea la carta aquí

Con este mensaje, las organizaciones y centros universitarios firmantes pedimos a los relatores que, en representación de la ONU, exijan respuestas al Gobierno sobre las medidas que tomará hacia el futuro, de modo que sea capaz de proteger, de manera eficiente y real, los derechos de las personas afectadas por tragedias ambientales. Puntualmente, que pregunten:

• ¿Cómo garantizará el Estado la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado en un entorno destruido por eventos climáticos y afectado por la pandemia?

• ¿Cómo garantizará el Estado colombiano la prevención y adaptación al cambio climático para proteger los derechos humanos ante graves impactos, especialmente en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina?

• ¿Cómo garantizará el Estado colombiano la protección de los derechos culturales, la propiedad individual y colectiva ante eventos climáticos catastróficos?

Esperamos que, con esta petición, el Gobierno Nacional tome en serio la alta probabilidad con que los habitantes del archipiélago pueden ser desplazados de su territorio ancestral por las graves consecuencias del cambio climático y, de paso, que se comprometa con una ruta estatal para la atención de las víctimas que resulten de estos eventos.

Asimismo, esperamos que la ONU, como actor fundamental del sistema internacional de los derechos humanos, ejerza veeduría sobre el actuar del Estado colombiano y lo convide a respetar sus compromisos, en específico, aquellos relativos a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Todo esto, de acuerdo a la protección al derecho de participación y consulta previa.

Confiamos en que la supervisión de la ONU encaminará al Gobierno colombiano a diseñar e implementar una política pública de prevención y atención apropiada para manejar los efectos del cambio climático con enfoque de derechos humanos. Las consecuencias del calentamiento global son un hecho y el Estado tiene el deber constitucional de proteger, acompañar y asegurar recursos para que las poblaciones más vulnerables puedan adaptarse. Así, será posible evitar otra tragedia como la que vivieron los raizales en noviembre de 2020.


Relacionado:

Ordenan suspender la construcción de estación de guardacostas en Providencia

Powered by swapps
Scroll To Top