Néstor Humberto Martínez, Odebrecht, Fiscalía

Néstor Humberto Martínez, en su rol de ternado, le ocultó a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia su grado de conocimiento de hechos relacionados con el escándalo de corrupción de Odebrecht y la vinculación en el mismo de empresas y personas cuyos intereses había defendido. | Mauricio Dueñas, EFE

Pedimos al Consejo de Estado que anule la elección del Fiscal General de la Nación Néstor H. Martínez

Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y Jorge Iván Cuervo demandamos la elección del Fiscal General Néstor Humberto Martínez. Consideramos que durante ese proceso de selección, Martínez omitió información sustancial sobre el caso de corrupción de Odebrecht en Colombia, que pudo haber cambiado la decisión de la Corte de elegirlo sobre los otros dos candidatos.

Por: Dejusticiaenero 12, 2019

El viernes 11 de enero de 2019 abogados de Dejusticia, de la Comisión Colombiana de Juristas y Jorge Iván Cuervo presentaron ante el Consejo de Estado una demanda que pide la nulidad del Acuerdo 871 de 2016, con el que en 2016 la Corte Suprema de Justicia  eligió al hoy Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

El argumento consiste en que existió una “falsa motivación del acto”. Los abogados evidencian en la demanda que la Corte Suprema de Justicia basó su decisión en información incompleta e insuficiente, pues Néstor Humberto Martínez no fue transparente durante el proceso de selección en el que resultó elegido Fiscal General. De esta manera a través de la figura de anulación electoral  piden que se anule el acto de elección.

Hoy existen suficientes evidencias que indican que cuando Martínez fue ternado por el entonces presidente Santos para ser elegido Fiscal, no le informó a la Corte Suprema de Justicia que, durante el tiempo en que ejerció como abogado privado (entre 2015 y 2016) conoció múltiples irregularidades que rodeaban los contratos con los que el Estado estaba pagando la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, y en las que estarían involucrados algunos de sus anteriores asesorados.

Fue tan solo hasta hace dos meses,  tras la muerte de Jorge Pizano, el controller del contrato para la construcción de esa vía, que los medios de comunicación Noticias UNO y El Espectador revelaron una serie de grabaciones del año 2015, donde se escucha a Pizano informando a Néstor Humberto Martínez sobre las irregularidades que había encontrado en la ejecución de ese contrato y posteriormente a Martínez mencionando los posibles delitos relacionados.  Desde ese momento el país supo que Martínez sí estaba enterado de hechos que formaban parte de la trama del mayor escándalo de corrupción de la región, específicamente en la ejecución de ese contrato que envuelven más de $33.000 millones de pesos y a varios de sus anteriores clientes y que incluso, como él mismo Fiscal Martínez le afirmó a la opinión pública, se le habría encomendado la redacción de un contrato de transacción para conciliar los dineros “mal gastados” entre Odebrecht y los demás miembros de la concesión.

En la demanda presentada este viernes ante el Consejo de Estado, los abogados argumentan que la omisión de información del hoy Fiscal General le impidió a la Corte Suprema valorar hechos que daban cuenta de los conflictos de interés potenciales y aparentes que tenía Néstor Humberto Martínez frente al cargo, y que habrían influido a la hora de decidir  sobre quién de la terna (conformada también por los juristas Yesid Reyes y Mónica Cifuentes) tenía el perfil más idóneo para ejercer el cargo de Fiscal General de la Nación.

 

¿Qué se pretende con esta demanda?

Los abogados esperan que, como medida cautelar, el Consejo de Estado suspenda los efectos del Acuerdo 871 de 2016 a través del cual la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a Néstor Humberto Martínez Neira como Fiscal General de la Nación y que se declare la nulidad del mismo acuerdo por estar viciado por falsa motivación.

 

Los argumentos jurídicos y ¿qué significa falsa motivación?

En la demanda los abogados alegan, a través del medio de control de nulidad electoral, que el acuerdo a través del cual la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a Néstor Humberto Martínez Neira como Fiscal General de la Nación debe ser anulado (y antes de ello suspendido) por el Consejo de Estado por estar incurso en un vicio de falsa motivación.

El punto es que al acto de elección de Fiscal General de la Nación subyacen dos motivaciones, que son las únicas constitucionalmente legítimas: la primera es la intención de plasmar la voluntad de que la mayoría de los magistrados de la Sala Plena de la Corte considera que él era el mejor candidato, y la segunda motivación es el convencimiento de que el jurista elegido era el mejor capacitado y con las mejores condiciones para desempeñar las funciones encomendadas.

Cuando Néstor Humberto Martínez, en su rol de ternado, le ocultó a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia su grado de conocimiento de hechos relacionados con el escándalo de corrupción de Odebrecht y la vinculación en el mismo de empresas y personas cuyos intereses había defendido, llevó a que los magistrados consideraran que él estaría en las mejores condiciones para desempeñar las funciones propias del cargo, sin que pudieran analizar las consecuencias de sus conflictos de interés potenciales y aparentes en el caso de corrupción más importante del siglo en Colombia y Latinoamérica y que podría incluso ser investigado por su involucramiento en el mismo.

De esta manera, la motivación de la Sala Plena al elegirlo resultó ser falsa, esencialmente porque debido a la omisión de Martínez, la Corte no tuvo la posibilidad de evaluar con información completa y concreta si él era el candidato mejor capacitado para asumir como Fiscal General de la Nación.

 

Más razones para interponer esta demanda

Desde Dejusticia consideramos que no solo existen argumentos jurídicos para llevar a cabo esta petición ante el Consejo de Estado sino también una serie de razones éticas y políticas que deben ser consideradas a la hora de debatir este tema:

 

Razones jurídicas:

1. Es importante para el país que el Consejo de Estado se pronuncie en el caso concreto sobre la falsa motivación del acto de nombramiento del Fiscal General, generada por el ocultamiento de información sustancial, por parte del propio Fiscal.

2. Es crucial para el Estado social de derecho y la democracia generar jurisprudencia y crear un precedente sobre cómo se manejan los conflictos de interés y los efectos de la puerta giratoria en la política colombiana.

Razones éticas

1. Le exigimos al Fiscal el cumplimiento del deber moral de ser modelo en la lucha contra la corrupción y el trámite de conflictos de interés.

2. Le exigimos al Fiscal que ofrezca garantías de imparcialidad judicial reales y aparentes.

3. Creemos que debe preservarse la integridad del interés público.

 

Razones políticas:

1. Creemos que se necesita un mayor control en la elección de altos cargos públicos, tanto por parte de la ciudadanía como de los entes de control y las propias entidades que llevan a cabo los nombramientos.

2. Quisiéramos motivar una rendición de cuentas por parte del Fiscal debido a su conducta cuestionable.

3. Nos interesa a través de este tipo de acciones devolverle a la ciudadanía confianza y credibilidad en la Fiscalía General.

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