Durante la última semana, las autoridades egipcias arrestaron a tres miembros de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR, por sus siglas en inglés), organización aliada de Dejusticia, con la que hacemos parte de la red INCLO (International Network of Civil Liberties Organizations).

Gasser Abdel Razek, director ejecutivo de EIPR; Karim Ennarah, director de la Unidad de Justicia Penal, y Mohammed Basheer, director administrativo, fueron arrestados tras reunirse con 13 embajadores y diplomáticos europeos y canadienses para discutir la mejora de los derechos humanos en Egipto.

Las fuerzas de seguridad del país africano los consideran sospechosos de «unirse a un grupo terrorista con conocimiento de sus propósitos», «usar una cuenta personal en Internet para difundir información falsa que atenta contra la seguridad pública» y «difundir noticias y declaraciones falsas que atenten contra la seguridad pública y perjudiquen el interés público».

A lo anterior el caso de Patrick George Zaki, investigador de derechos humanos y género de EIPR, quien fue arrestado y posteriormente torturado cuando regresaba en febrero pasado de realizar un posgrado en Italia.

Junto a otras 12 organizaciones que hacemos parte de la red INCLO (International Network of Civil Liberties Organizations) manifestamos nuestra profunda preocupación por estos hechos, y pedimos la liberación inmediata e incondicional de estos líderes egipcios de derechos humanos.

“Estos arrestos representan un ataque claro y coordinado contra el trabajo crucial de EIPR para promover y proteger los derechos humanos”, decimos en un comunicado conjunto que firmamos con las demás organizaciones que hacen parte de INCLO, y hacemos énfasis en el más reciente monitoreo de EIPR sobre las condiciones de las prisiones y lugares de detención de Egipto durante la pandemia por el Covid-19, así como su monitoreo del aumento sin precedentes de la emisión y ejecución de sentencias de muerte.

Detenciones incompatibles con el estado de derecho

Como organizaciones de derechos humanos y libertades civiles, es una parte normal y necesaria de nuestro trabajo reunirnos con una amplia gama de diplomáticos, políticos y funcionarios con el fin de promover los estándares de derechos humanos, hacer que los estados rindan cuentas de los tratados internacionales de derechos humanos que han ratificado y garantizar la protección de los derechos humanos a nivel nacional.

Ese es el trabajo de EIPR en Egipto, por lo que no debería ser criminalizado, sino más bien respetado y protegido. “Arrestar a los principales defensores de los derechos humanos egipcios representa un intento inexcusable de silenciar sus voces vitales e intimidar a otros en Egipto que trabajan para promover y proteger los derechos humanos”, advertimos en el comunido, y reafirmamos nuestra enérgica condena a este intento de socavar la integridad de nuestros colegas que trabajan incansable y desinteresadamente para promover los principios de derechos humanos, fundamentales para la democracia y el estado de derecho.

Basándonos en el historial de derechos humanos de Egipto, estamos extremadamente preocupados de que el personal de la EIPR no reciba el debido proceso y el derecho a un juicio justo. Además, el uso de amplias leyes antiterroristas y acusaciones vagas para acosar y criminalizar el trabajo de los defensores de los derechos humanos es incompatible con el estado de derecho y con las obligaciones de Egipto en virtud de la derechos humanos.

De hecho, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, dijo el pasado 20 de noviembre que «estos arrestos y detenciones son parte de un patrón más amplio de intimidación a las organizaciones que defienden los derechos humanos y del uso de la legislación antiterrorista y de seguridad nacional para silenciar».