Tras la insistencia de la sociedad civil, la comunidad internacional, el Congreso de la República, la opinión pública y la ciudadanía en las calles, el gobierno colombiano dio anuencia a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en medio de la creciente violencia durante las jornadas de protesta por el paro nacional.

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La visita de trabajo, eso sí, fue apoyada por la vicepresidenta y nueva ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, con una condición: que antes de iniciar su trabajo en Colombia, la CIDH realice una audiencia privada este lunes 7 de junio con Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo para que estos órganos de control le cuenten a la Comisión todo lo que han venido haciendo desde el 28 de abril, cuando inició el paro.

La petición tiene lugar luego de que a estas instituciones se les reclamara por sus limitaciones para denunciar de forma contundente, clara y suficiente la violencia en el marco de las protestas. 

Teniendo en cuenta que es evidente que en dicha audiencia privada se discutirá sobre las múltiples violaciones a derechos
humanos que han tenido lugar con ocasión del paro nacional, y que la Procuraduría General de la República es el órgano garante de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, desde Dejusticia enviamos un derecho de petición a la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, en el que le pedimos que promueva la transparencia de la audiencia privada y que, de todas formas, le entregue a nuestra organización una copia del acta de esa reunión.

¿Por qué la Procuraduría debería transparentar la reunión privada con CIDH?

1. Porque, según el artículo 277 de la Constitución Política, son funciones del Procurador
   General de la Nación: proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, defender los intereses
   de la sociedad, ejercer la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones
   públicas.
2. Porque, según el artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, el Ministerio Público es el encargado de velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3. Porque, según el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 y los estándares interamericanos de
   acceso a la información pública, cuando se trata de violaciones a derechos humanos o delitos de lesa
   humanidad, no operan las excepciones al derecho de acceso a la información, salvo la protección de los
   derechos de las víctimas.