QUIEN GENUINAMENTE PIDE PERdón, reconoce su culpa. Acepta que injustamente ha ofendido a alguien o ha sido responsable en alguna forma de esa humillación.

Y como comprende que la ofensa no puede ser deshecha, pues el pasado es en cierta medida irreversible, entonces no le queda otra alternativa sino pedir perdón para intentar corregir el daño que ha ocasionado.

Una petición de perdón sincera comienza entonces con la aceptación de la culpa, acompañada de un esfuerzo significativo por borrar los efectos de la ofensa y una promesa creíble de que ésta no se repetirá nunca más. No tiene pues sentido que pida perdón quien no reconoce ninguna responsabilidad por el daño ocurrido.

El presidente Uribe no pidió entonces perdón a las víctimas de crímenes atroces el pasado 5 de julio en Popayán, al entregar las primeras indemnizaciones del programa de reparaciones previsto por el Decreto 1290 de 2008. Y es que no hay en el discurso presidencial de ese día ni un asomo de reconocimiento de responsabilidades del Estado, por acción o por omisión, frente al sufrimiento de las víctimas.

El Presidente dijo que hacía esa petición “por recuerdos, por dolores, por nostalgias”. Y, además, que pedía perdón “a todos los colombianos”, con los cuales se comprometía a no ahorrar esfuerzos “para rescatar la paz a través de la seguridad con valores democráticos”. Se trató entonces de un perdón abstracto, a todos los colombianos y no a las víctimas, sin reconocimiento de culpas y al servicio de la principal política del Gobierno: la seguridad democrática.

Ahora bien, ese extraño perdón presidencial sin aceptación de culpas no es en realidad tan extraño. Armoniza con el sentido mismo de la política de reparaciones administrativas del Gobierno, pues el Decreto 1290 establece que las indemnizaciones por crímenes atroces no se entregan a las víctimas porque el Estado haya incumplido algún deber frente a ellas, sino como expresión de un “principio de solidaridad con las víctimas”. El círculo se cierra: si uno como presidente entrega dineros a unas víctimas simplemente porque es solidario con ellas, entonces se entiende que no tiene ninguna culpa que reconocer. Uno no pide perdón por ser solidario.

El Gobierno no pidió realmente perdón a las víctimas, sino que quiso quedarse con los réditos que implica aparecer magnánimo en este tema, en especial luego de haber hundido la ley que amparaba los derechos de las víctimas. Pero el Presidente evitó asumir el costo de una genuina petición de perdón, que es la aceptación de las culpas. Y en este caso, el reconocimiento de que el Estado colombiano ha sido en parte el responsable del sufrimiento de muchas de las víctimas, ya sea por acción o por omisión.

No estamos entonces frente a un “gesto de enorme valor simbólico”, como calificó apresuradamente el presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, Eduardo Pizarro, en su columna de El Tiempo del 13 de julio ese acto del presidente Uribe. Un arrepentimiento que no cuesta porque no acepta culpas se torna vacío y pierde su valor simbólico. Por ello se equivoca Pizarro al comparar el discurso del presidente Uribe del 5 de julio con otros actos de contrición, esos sí muy significativos, de algunos gobernantes que han pedido perdón por los crímenes cometidos por sus Estados, como el presidente chileno Alwyn o la canciller alemana Angela Merkel. Aunque ellos como personas no eran responsables de dichos crímenes, como gobernantes reconocían y asumían las culpas de sus Estados. Algo muy distinto a lo que hizo el presidente Uribe.