En el 2016 fue noticia, por lo menos en diez ocasiones, la mortandad masiva de peces en la Ciénaga Grande de Santa Marta. La laguna costera más grande y productiva del país se está salinizando y está perdiendo el oxígeno, lo que ha provocado una crisis ambiental que lleva cuatro años agravándose.

Este ecosistema, declarado reserva de la biosfera y primer humedal Ramsar de Colombia (de importancia internacional), es la fuente de trabajo y alimentación de unas 15.000 familias que habitan en los municipios de Sitionuevo, Puebloviejo, El Retén, Remolino y Salamina.

Los pobladores de estos cinco pueblos 4.900 kilómetros cuadrados que conforman la Ciénaga Grande y científicos de diferentes ramas, han advertido en reiteradas ocasiones sobre la gravedad de la problemática. Pero ni el Ministerio de Ambiente ni las autoridades ambientales han tomado decisiones contundentes y efectivas para frenar la crisis.

Por esto, un grupo de pescadores de las comunidades palafíticas de Nueva Venecia y Buenavista (que pertenecen a Sitionuevo), decidieron tomar la vía judicial. En compañía de Dejusticia y de la Universidad del Norte, presentaron una acción de tutela para reclamar la protección de sus derechos al medio ambiente sano, a la vida digna, al mínimo vital, al trabajo y libertad de oficio, a la alimentación y al agua.

Los pescadores sostienen que los ministerios de Ambiente y Agricultura, Parques Nacionales Naturales, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Gobernación del Magdalena, CORPAMAG, las alcaldías de los municipios afectados y tres contratistas privados, incumplieron “las funciones que les corresponden” para proteger este ecosistema.

Los demandantes argumentan que la crisis actual responde a una suma de factores. Por un lado, a la presión de palmicultores, arroceros, bananeros y ganaderos, que se están quedando con el agua dulce que alimenta a la Ciénaga. Y por el otro, al precario mantenimiento y dragado de los caños que conectan a este ecosistema con el río Magdalena. Además, advierten que hay una nueva amenaza: el plan del Gobierno de construir dos grandes proyectos viales la doble calzada Ciénaga-Barranquilla y la Vía de la Prosperidad), lo que afectarían el ciclo hidrológico de la laguna.

Los pescadores están pidiendo que las autoridades presenten a corto plazo un plan para superar la crisis, que se realice el mantenimiento y dragado de los caños y que se estudie el uso de las tierras que rodean a la ciénaga.

En una primera instancia, el Tribunal Superior de Santa Marta negó la acción de tutela “por improcedente”. A pesar de que el juez reconoció que “se evidencia un gran deterioro en la Ciénaga Grande de Santa Marta”, sostuvo que el derecho colectivo al medio ambiente sano debe reclamarse a través de una acción popular. Pero los pescadores no se rindieron. Presentaron una impugnación a ese fallo, argumentando que la acción de tutela es oportuna cuando se busca proteger un derecho colectivo, cuya afectación también lesiona un derecho fundamental.

“La disminución significativa y notoria de la pesca genera un impacto negativo directo en nuestros derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida digna y a la alimentación”, señalaron. Ahora la decisión está en manos de un juez de segunda instancia.

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