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Pijao: el pueblo “slow” que está en peligro por culpa de la minería

Helena Durán
julio 6, 2016

Publicado en: Vice

Escondido entre las montañas del Quindío hay un pequeño pueblo que está dando una gran batalla por la defensa de su autonomía y de su territorio. Pijao es un municipio de cerca de 6.000 habitantes que desde hace unos años lucha porque se respete su decisión de ser un “pueblo sin prisa”, en donde la calidad de vida, la buena comida y la naturaleza primen sobre la minería, que amenaza con cambiar su estilo de vida.

 

El año pasado el alcalde del municipio, Alberto Peña, intentó hacer una consulta popular para que sus habitantes votaran si estaban de acuerdo o no con la minería. Pero la consulta fue declarada inconstitucional por el Tribunal del Quindío. Hoy esta decisión está siendo revisada por la Corte Constitucional gracias a una tutela de una habitante del municipio que contó con el apoyo de Dejusticia. La decisión que tome la Corte será fundamental para el futuro de las consultas populares y el desarrollo minero del país.

La lucha es ardua, pues Pijao no es igual al resto de pequeños pueblos que se esconden entre las montañas del país. Es el único pueblo de Colombia ––de Latinoamérica–– que hace parte de la red de ciudades Cittaslow, un movimiento que nació a mediados de la década de los 90, en un pueblo de la Toscana italiana, que decidió optar por un ritmo de vida más tranquilo y saludable. La red cittaslow surge del movimiento de Slow Food que empezó en los 80 como respuesta a la globalización y la mala calidad de la comida rápida.

Este movimiento culinario inspiró toda una filosofía slow, o sin prisa, que busca reconectar a la gente con la cultura, la comida, la arquitectura, la familia y consigo misma, y desconectarlos del afán y la falta de tiempo que predomina en nuestros días.

A partir de esta filosofía han surgido nuevos conceptos como el turismo sin prisa, los colegios sin prisa y la red de ciudades sin prisa o cittaslow, que hoy cuenta con 225 ciudades en 30 países del mundo. Pequeños pueblos como Labastide d’Armagnac, en Francia, Greve in Chianti, en Italia, o Rubielos de Mora, en España, son una muestra de los pueblos que hacen parte de la lista.

Pijao lleva más de ocho años haciendo cambios y trasformaciones para poder hacer parte de ella. Este esfuerzo ha sido liderado, principalmente, por Mónica Flórez, una comunicadora social y etnógrafa nacida allí que tras estudiar en el exterior y conocer el movimiento de ciudades sin prisa decidió impulsarlo en Pijao. Creó la Fundación Pijao Cittaslow y, cuando fue concejal, impulsó la transformación del pueblo, que luego llevó a que este pequeño municipio cafetero hiciera parte de la selecta lista de Ciudades sin Prisa. Durante varios años, se dedicó a recuperar y embellecer las antiguas fachadas y a impulsar programas de huertas orgánicas comunitarias, educación ambiental y gastronomía saludable.

Para ser parte de este grupo se debe cumplir con larga lista de requisitos, tales como “reducir el ruido y el tráfico, aumentar las zonas verdes y las islas peatonales, apoyar a los agricultores de la localidad y a las tiendas, mercados y restaurantes para que vendan sus productos, promover una tecnología que proteja el medio ambiente, preservar la estética y las tradiciones culinarias de la localidad y fomentar el espíritu de hospitalidad y buena vecindad.” Mónica, junto con un grupo de pijaenses, han logrado que el pueblo se transforme, se devuelva en el tiempo, recupere su arquitectura, su culinaria y sus costumbres.

Más importante aun, el movimiento Cittaslow ha logrado convencer a la gente de que éste es un modelo de desarrollo alternativo viable que les garantizaría una mejor calidad de vida. Obviamente, no todos están montados en el mismo bus. Algunos se quejan porque las discotecas tuvieron que bajarle el volumen a la música, y para otros porque el concepto de ciudad sin prisa es sinónimo de aburrimiento o porque va en contra vía de sus costumbres. Sin embargo, en general, la gente lo apoya, han acogido proyectos como el de huertas orgánicas con gusto y tienen la ilusión de que su pueblo se convierta en un lugar de interés turístico para los viajeros sin prisa.

Tristemente, todo esto hoy está en veremos porque Pijao tiene más de veinte títulos mineros sobre su territorio que amenazan con cambiar su paisaje y estilo de vida. Por esta razón, en 2015, el alcalde del municipio, Alberto Peña, convocó a una consulta popular para que el pueblo dijera si estaba de acuerdo con que en el municipio se lleven a cabo actividades mineras. En Piedras, un municipio tolimense cercano, ya se había realizado una consulta de este tipo en 2013 en la que la ciudadanía había votado de forma vehemente en contra de la minería. Por eso, con el apoyo del Concejo Municipal y de la ciudadanía, que en un cabildo abierto ya había manifestado su posición en contra de estas actividades, el alcalde decidió dar la misma batalla que hace un par de años había dado Piedras.

Este tipo de consultas están expresamente previstas en la ley (artículo 33 de la Ley 136/94) y son una forma de desarrollar el mandato que la da la Constitución a los municipios para que ordenen el desarrollo de su territorio y reglamenten los usos del suelo. Son también uno de los mecanismos a través de los cuales se garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de participar en las decisiones que afectan el medio ambiente (art. 79 de la C.P.).

Sin embargo, a pesar de tener un claro fundamento legal y constitucional, la consulta propuesta para Pijao nunca llegó a realizarse, porque el Tribunal Administrativo del Quindío, encargado de revisar la propuesta, la declaró inconstitucional. Hoy la decisión está siendo revisada por la Corte Constitucional, que será la encargada de decidir si el municipio puede convocar a este tipo de consultas o si debe atenerse a lo que decida el Ministerio de Minas desde Bogotá.

La decisión que debe tomar la Corte en la próximas semanas será fundamental. Primero, porque definirá si la decisión de Pijao de optar por un desarrollo alternativo en donde los ciudadanos viven en comunión con la naturaleza, la comida sana y la cultura local tiene cabida frente al modelo de desarrollo nacional, fuertemente centrado en la explotación minera.

Esto es especialmente relevante si el país planea apostarle una paz territorial en donde los municipios tengan voz y voto. Segundo, porque llevará a que la Corte finalmente se pronuncie sobre el papel que juegan los mecanismos de participación ciudadana, como la consulta popular, en las decisiones sobre el subsuelo. Si bien la Corte ha reiterado en dos sentencias recientes (C-123/14 y C-035/16) que los municipios deben poder participar en las decisiones sobre actividades mineras, no se ha pronunciado sobre cómo entran a jugar las consultas populares en este tipo de decisiones. Tercero, porque determinará si las consultas sobre minería son constitucionales, y con ello, aclarará el incierto panorama de otros municipios que han intentado hacer este tipo de consultas pero por la incertidumbre jurídica se encuentran estancadas. Tal es el caso de la consulta minera propuesta para Ibagué, que lleva más de dos meses en revisión de constitucionalidad por parte del Tribunal Administrativo del Tolima, sin ningún tipo de fallo.

Finalmente, la decisión que tome la Corte frente a la consulta de Pijao será clave para reforzar los principios de autonomía y descentralización de la Constitución Política y para que el país empiece a abrir los ojos a otras formas de desarrollo, igualmente validas, que deben ser respetadas.

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