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¿Piñata de impunidad?

Rodrigo Uprimny Yepes
diciembre 27, 2015

Publicado en: El Espectador

Las críticas de Human Rights Watch (HRW) a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) pactada entre las Farc y el Gobierno son importantes y deben ser discutidas. Pero es una exageración inaceptable concluir que el acuerdo es un pacto o una piñata de impunidad, como dijo su vocero José Miguel Vivanco.

 

Las críticas son cuatro: i) que las penas previstas no serían proporcionales a la gravedad de los delitos pues los responsables de crímenes atroces que colaboren plenamente no cumplirán penas de cárcel; ii) que se afectaría gravemente la posibilidad de sancionar a los mandos superiores de la guerrilla y las FF.AA por crímenes atroces, al debilitar la atribución de responsabilidad al superior por delitos cometidos por sus subordinados; iii) que es inaceptable que los condenados por crímenes atroces puedan postularse a cargos públicos; y iv) que no es clara la forma de integrar la JEP, peligrando su imparcialidad e independencia.

Estas críticas son importantes y algunas las comparto. Infortunadamente en esta columna no puedo analizarlas en detalle, lo cual pienso realizar más sistemáticamente en los próximos días. Pero esas críticas, ni individualmente ni en conjunto, permiten concluir que estamos frente a un pacto de impunidad.

Un acuerdo de impunidad hubiera sido que las Farc y el Gobierno hubieran pactado una amnistía general y sin condiciones para crímenes de guerra y lesa humanidad. Pero en realidad el acuerdo excluye de amnistía esos crímenes y prevé que los responsables deban enfrentar un tribunal. Los beneficios punitivos no son gratuitos; están condicionados a que exista colaboración plena en términos de verdad, reparación y garantías de no repetición. Quienes incumplan tendrán cárcel y quienes cumplan con todo tendrán en todo caso una sanción que, si se cumple rigurosamente, es significativa, pues es la restricción efectiva de la libertad por varios años, acompañada de labores personales de reparación, como el desminado. Además están previstos otros mecanismos no judiciales para satisfacer los derechos de las víctimas, como la comisión de la verdad, programas masivos de reparación o mecanismos para encontrar a los desaparecidos.

Fuera de eso, HRW desestima un elemento central: que la JEP no es un invento gratuito del Gobierno colombiano, sino que es fruto de una difícil negociación de paz con una guerrilla no derrotada, para poner fin a nuestra larga y atroz guerra. Y que se evitó la práctica usual de realizar un intercambio de impunidades entre guerreros pues las partes tomaron en serio a las víctimas y aceptaron someter sus crímenes a la JEP.

Este acuerdo sobre la JEP no es el cielo de la justicia y tiene puntos discutibles y difíciles de aceptar. Es pues una justicia imperfecta, como lo es cualquier forma de justicia transicional. Pero justicia imperfecta no significa impunidad. Este acuerdo, si logramos concretar adecuadamente los puntos aún no definidos (como la forma de designación de los jueces) y se implementa con seriedad, nos puede sacar del infierno de una cruenta guerra de más de 50 años, con dignidad y con niveles significativos de justicia. Por ello las críticas de HRW son útiles como un llamado de atención a los puntos que deben ser precisados y que ameritan una especial vigilancia de la opinión pública, nacional e internacional. Pero su conclusión de que el acuerdo es una piñata de impunidad es una infortunada y no sustentada exageración.

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