La anunciada reforma a la salud indica que el Gobierno está dispuesto a pisar los poderosos callos de los responsables de la crisis del sistema. Hay que esperar los detalles de la ley, pero desde ya la oposición radical de sectores como las EPS es una señal de que va en la dirección correcta.
Es fácil entender por qué las EPS les han declarado la guerra a los planes del ministro Gaviria: se les acabaría el negocio redondo de la intermediación financiera y la integración vertical, que consiste en ser pródigos con la plata ajena y dedicarse a construir sus propios hospitales y hasta canchas de golf, en lugar de prestar servicios de calidad a los pacientes. La nueva ley las convertiría en gestoras de servicios de salud, mientras que la afiliación de los usuarios y el manejo de los fondos estaría a cargo de una nueva entidad estatal (Misalud).
También se oponen quienes han medrado del desorden del POS y del sistema de recobros. Como la ley definiría con claridad una lista de servicios y medicamentos excluidos del POS, desmantelaría el cartel de los recobros que montaron funcionarios venales que son investigados por la Fiscalía, compañías farmacéuticas que le cobran al Estado (es decir, a todos nosotros) precios exorbitantes por medicamentos, y EPS que alentaron e inflaron los recobros por tutela.
Quizás los callos más poderosos que puede pisar la reforma son los de políticos que se tomaron la salud en las regiones y llegaron a controlar la Superintendencia. Lo hace reforzando la necesaria descentralización del sistema, al asignar la responsabilidad del servicio subsidiado a los gobernadores y a las secretarías de salud. El riesgo de corrupción sigue siendo enorme, pero la mayor visibilidad de estos funcionarios podría facilitar el control.
Ahora bien, como no se conoce el texto de la ley, estos anuncios alentadores del Gobierno dejan tantas propuestas como preguntas. Por ejemplo, la descentralización del sistema subsidiado, que les llega a los más pobres, podría aumentar el abismo en la calidad del servicio de un departamento a otro, o de una ciudad a otra. El problema de equidad podría ser aun mayor entre los que puedan comprar un seguro de medicina prepagada y los que tengan que quedarse con el POS o el sistema subsidiado. Al mantenerse la diferencia entre los dos, los pobres se quedarían con el nuevo POS que excluye tratamientos y medicinas, mientras que las clases medias y altas pagarían un mejor cubrimiento mediante la medicina prepagada.
El mayor interrogante es si el Estado tiene la capacidad para asumir el rol central que acertadamente propone la reforma. Además del oportunismo y la corrupción de los actores del sistema, la crisis de la salud se debe a la incapacidad estatal para cumplir tareas básicas, como definir y actualizar el POS, regular los precios de medicamentos, o resolver las quejas de los usuarios. Son las fallas que acabaron con la CRES, y dejaron en el papel la reforma anterior (la Ley 1438/2011). Por ellas también se perpetuaron las tutelas, como lo documenté en un estudio que hace parte del “libro blanco de la salud” de la Universidad de los Andes.
Para hacer reformas estructurales, son precisas voluntad y capacidad. Hay que reconocerle al Gobierno la voluntad, que ha venido con una dosis encomiable de valentía. También está fortaleciendo la capacidad regulatoria, especialmente la de la Superintendencia de Salud, cuyo titular está haciendo una labor de lujo. Hay que ver si una y otra se traducen en un buen proyecto de ley. Y si resisten la oposición que se avecina.