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Poblaciones peligrosas

Mauricio García Villegas
octubre 4, 2012

Publicado en: La Silla Vacia

Una de las prácticas más odiosas de los regímenes autoritarios es la de castigar a alguien por el simple hecho de pertenecer a un grupo social que el régimen considera peligroso. Los estudiantes en las dictaduras militares, los homosexuales en las teocracias islámicas o los negros en el Apartheid, son solo los ejemplos más visibles. Esta práctica está fundada en una ideología que se conoce como peligrosismo penal, proscrita desde los inicios del siglo XIX, pero que estamos lejos de haber desterrado de las democracias occidentales, como bien lo muestra la composición social de la poblaciones carcelarias. Aquí quiero hablar de un tipo de peligrosismo del que se habla poco, pero que no solo persiste sino que progresa. Me refiero a la manera discriminatoria como los países tratan a los inmigrantes cuando entran y salen de sus fronteras. Los colombianos padecemos, como pocos, ese mal trato y, sin embargo, repito, hablamos poco de él; como si se tratara de una fatalidad contra la cual no podemos hacer nada.

 

Yo mismo tenía esa actitud. Pero cambié de opinión hace poco, luego de haber sido víctima de ese mal trato. Aquí cuento lo que me ocurrió:

Desde hace catorce años estoy afiliado a la Universidad de Wisconsin como profesor e investigador y por ese motivo voy allí con alguna frecuencia. Este año, como en años anteriores, fui invitado a dictar un seminario. Para hacer el cuento corto, cuando llevé los papeles a la Embajada para sacar la visa (una visa especial que ya he obtenido en ocasiones anteriores y que es diferente de la visa de turismo, la cual poseo desde hace más de treinta años) me dijeron que no me podían dar la visa en ese momento y que mi solicitud debía pasar por un proceso administrativo en Washington. No me dieron razón alguna de por qué se iniciaba ese proceso, ni me dijeron cuánto podía demorar.

De nada valieron las peticiones de mis colegas en los Estados Unidos ante la Embajada de su país en Bogotá, ni siquiera una carta enviada por la senadora Tammy Baldwin, de Wisconsin, abogando por una solución rápida de mi caso. Todo fue inútil.

En medio de los múltiples problemas que me ocasionaba esta incertidumbre (no los voy a aburrir contándoles esos problemas, pero créanme, fueron muchos), al cabo de dos meses de espera, sin saber qué iba a pasar, tomé la decisión de cancelar mi curso y de no viajar.

El proceso administrativo duró tres meses y medio, al cabo de los cuales me informaron que podía pasar a recoger mi visa en la Embajada y que la razón por la cual me habían investigado era por tener un homónimo (en líos con ellos, supongo yo). Peor aún, me informaron que en el futuro, cuando pida una nueva visa, seguiré teniendo el mismo trato.

Todavía no salgo de mi asombro: que el país con los mejores sistemas de información del mundo no sea capaz de resolver este problema elemental (distinguir entre dos personas que tienen el mismo nombre) cuando tienen las huellas digitales (en mi caso desde hace décadas) me parece algo increíble.

No conozco los detalles del proceso que me adelantaron en Washington. Pero estoy seguro de que nada de eso me habría ocurrido si yo fuera, digamos, un ciudadano español, italiano o incluso peruano, al cual le hubiese salido un homónimo delincuente. La embajada de los Estados Unidos (otras muchas hacen lo mismo) clasifica a los extranjeros según el grado de peligrosidad que representen para su país y, de acuerdo con eso, decide qué hacer cuando aparece un homónimo. Cuando esto sucede con un colombiano, se prenden las alarmas y el sospechoso es objeto de una investigación exhaustiva, como me ocurrió a mí.

Las políticas que aplican las embajadas están respaldadas por el principio de la soberanía de los países, pero eso, en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, no les quita el carácter peligrosista que tienen estas políticas. Lo único que esto indica es que los países democráticos desarrollados discriminan a ciertos extranjeros de manera similar a como los países autoritarios discriminan a ciertas grupos de poblaciones.

El tamaño de esta discriminación es enorme. Cada vez es más numerosa la población emigrante en el mundo. Cerca de 200 millones de personas viven en un país que no es el suyo. Esa población flotante no tiene ciudadanía, sus derechos son limitados y casi nadie aboga por ellos. Las injusticias que se cometen contra esta población son innumerables e invisibles. Claro, no todos los miembros de esa población padecen la arbitrariedad de las embajadas de la misma manera. Es a las personas que vienen de países cuya población es considerada como peligrosa (allí estamos los colombianos en primera línea, con los afganos, los libios y otros tantos) a los que les va peor.

Pero hay algo más. Buena parte de la etiqueta de peligrosos que tenemos los colombianos nos la hemos ganado por causa del narcotráfico, que es el resultado de una política (la de la prohibición de las drogas) diseñada e implementada por los Estados Unidos. Sin la prohibición de las drogas no existiera no tendríamos la criminalidad que tenemos y en consecuencia desaparecería el estigma que tenemos de población peligrosa. No existe la prohibición de las drogas por el hecho de haber mucho narco peligroso, sino que existe mucho narco peligroso por el hecho de existir esa prohibición. Así pues, los Estados Unidos nos discrimina por una situación que ellos mismos ayudaron a crear.

El Gobierno de Colombia debería tener el coraje suficiente para criticar la discriminación de la cual somos objeto los colombianos que pretendemos ir a los Estados Unidos (somos millones) o por lo menos, si no es capaz de hacer eso, si no tiene las agallas para decirle eso al gobierno de los Estados Unidos, debería tener la dignidad de poner en tela de juicio de manera clara y contundente la política de prohibición de las drogas (impuesta desde los Estados Unidos) a ver si nos quitamos este estigma de población peligrosa que tenemos encima.

Pero me temo que no hará ninguna de las dos cosas.

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