Este miércoles 20 de septiembre de 2023 podría considerarse un día histórico para la política de drogas global. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que no es muy activa en estos debates, presentó en Ginebra (Suiza) su informe Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas. 

Por lo general, las directrices y tratados sobre la política de drogas en el sistema de las Naciones Unidas están limitadas a las decisiones que se toman en Viena (Austria), pues allí están ubicadas la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión de Estupefacientes de la ONU. Por este motivo suele haber cierta resistencia a que desde otras instancias haya pronunciamientos relacionados con el tema, y aún más si tienen estrecha relación con los derechos humanos.

En ese sentido, el informe de ACNUDH es una novedad. Sin mencionar que es contundente en la idea de que la guerra contra las drogas, tal y como se ha manejado, es un fracaso, por lo que es necesario cambiar el enfoque por uno que tenga como ejes la salud y la garantía por los derechos humanos.

Una de las recomendaciones más llamativas del informe, que, a propósito respaldamos desde Dejusticia y otras 132 organizaciones de 48 países (ver comunicado), es la propuesta de lograr una regulación responsable y progresiva de los mercados de drogas que actualmente son ilegales. Si tenemos en cuenta el evidente fracaso a nivel global de la política, seguir esta propuesta contribuiría en gran medida a proteger la salud pública. Cabe anotar que en el contexto colombiano, la regulación es una de las sonadas banderas del actual gobierno de Gustavo Petro y una de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, pues las políticas obsoletas en esa materia se consideran un factor de persistencia del conflicto armado.

El informe es enfático en que, frente al fenómeno de las drogas a nivel global, hay que promover el derecho a la salud de las personas que usan drogas, garantizar la igualdad y la no discriminación, buscar alternativas a la criminalización, alejarse de las medidas punitivas, aplicar la ley para el control de drogas con un enfoque respetuoso de los derechos humanos, invertir en desarrollos alternativos y garantizar la participación de la sociedad civil y de las comunidades en las discusiones y el desarrollo de políticas públicas.

Por otro lado, permite sondear los ánimos a nivel internacional para pensar en nuevas miradas frente al fenómeno de las drogas. Los resultados podrían verse en el futuro cercano, por ejemplo, en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que sesionará a mediados del 2024 en Viena.

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En un contexto más regional, durante la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, que tuvo lugar hace unas semanas en Cali, Colombia, el Gobierno colombiano presentó los lineamientos de su nueva política de drogas y destacó que, a 2026, en palabras textuales, se cambiará el paradigma para que esté “centrado en la vida y el medio ambiente, priorizando la salud y el bienestar, sin descuidar la lucha contra el crimen”. 

Colombia está buscando liderar a nivel global este cambio de dinámica. Por eso, señala la necesidad de avanzar en la regulación de mercados como el cannabis de uso adulto y los usos no psicoactivos de la hoja de coca. Además, el nuevo enfoque de tratamiento al fenómeno de las drogas en el país tiene en cuenta la importancia de buscar un diálogo con las comunidades a la hora de implementar políticas en los territorios.

Hallazgos y recomendaciones

Dentro del informe de la ACNUDH hay hallazgos que alimentan la conclusión de que la criminalización y la prohibición han sido ineficaces, pues, por décadas, esa dinámica no ha podido lograr el objetivo de alcanzar una “sociedad libre de drogas”. 

Colombia tiene una mención especial dentro del informe. El documento resalta la elaboración de una nueva política sobre drogas con un enfoque menos represivo y de seguridad, y da relevancia al hecho de que en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc-EP haya quedado explícitamente un capítulo dedicado a la “solución al problema de las drogas ilícitas». Por último, destaca que el Informe Final de la Comisión de la Verdad recomienda transitar hacia un modelo de regulación de todas las drogas, desmilitarizar las políticas relativas a los cultivos declarados ilícitos, crear espacios para dialogar sobre los efectos de las políticas de drogas y buscar formas de atenderlos.

A nivel global, entre los principales aspectos y recomendaciones que revela el informe, destacamos:

• La militarización para controlar a las drogas ha sido un motor de la violencia estatal.
• Por su ineficacia, se sugiere la abolición de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas, así como revisar condenas que puedan reducirse.
• Evidencia que las leyes desproporcionadas que se han creado para abordar el fenómeno de las drogas contribuyen al encarcelamiento masivo y por ende al hacinamiento en centros de detención y penitenciarias.
• La creación de políticas de drogas debe entrar en diálogo con las comunidades, especialmente con grupos poblacionales marginados o discriminados como los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como garantizar el enfoque de género inclusivo con las mujeres.
• Velar que la erradicación de cultivos ilícitos no afecte negativamente la salud humana y ambiental; evitar las aspersiones aéreas por el evidente daño que ocasionan sobre la población y el medio ambiente.
• Adoptar normativas responsables que logren eliminar los beneficios derivados del tráfico ilícito, la delincuencia y la violencia.
• Considerar la posibilidad de crear un sistema normativo por el que se regule el acceso a todas las sustancias sujetas a fiscalización.
• Adoptar políticas que reconozcan y fomenten los derechos de los consumidores, garantizando el acceso a la atención médica y a tratamientos voluntarios, consentidos e informados.
• Se debe invertir e incentivar el desarrollo alternativo de las comunidades locales y asegurar que tengan medios alternativos de subsistencia antes de erradicar los cultivos ilícitos de los que depende su economía. 
• Velar por que la asistencia financiera y técnica que se preste para llevar a cabo operaciones de lucha contra las drogas no deriven en violaciones de los derechos humanos.

El informe de la ACNUDH está en sintonía con las recomendaciones que desde Dejusticia elevamos al Alto Comisionado. Nuestras preocupaciones tenían estrecha relación con mitigar los daños causados por la política de drogas, como las aspersiones aéreas con glifosato, la falta de medidas para reparar a las comunidades afectadas (incluyendo la colaboración de los Estados que financian dichas políticas). De igual manera, abogamos por un cambio en la manera de medir y evaluar el respeto por los derechos humanos en las políticas de drogas, así como el reconocimiento de poblaciones marginadas, como el campesinado y las personas que trabajan en el sector rural, para que sean incluidas en el desarrollo de medidas para enfrentar el fenómeno.

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Nuestras contribuciones

Desde Dejusticia acompañamos el desarrollo de las sesiones en Ginebra para llevar las discusiones sobre política de drogas al campo de los derechos humanos. De hecho, el informe presentado hoy por la ACNUDH recuerda conceptos de la Junta Internacional de Fiscalización, organismo que monitorea y vigila el cumplimiento de los tratados sobre estupefacientes, en el sentido de que cualquier medida excesiva en la implementación de la política de drogas va en contra de los derechos humanos. Estos aportes armonizan con el cambio de enfoque planteado por el documento de resultados de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2016) y coinciden con los aportes de la sociedad civil. Para el caso colombiano, específicamente, a continuación detallamos las consideraciones y preocupaciones que recoge el documento: 

1. La erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea, que se hace en el marco de la denominada “guerra contra las drogas”, llevaron al Estado colombiano a incumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos particularmente el derecho a la vida, la salud, al acceso a la tierra y el medio ambiente.
2. En el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) solo el 17 % de los acuerdos comunitarios incorporan una perspectiva de género, por lo cual las mujeres sienten discriminación a la hora de recibir subsidios.
3. No hay una efectiva rendición de cuentas en la mayoría de casos en que la política de drogas causa violaciones de los derechos humanos. De igual manera, la reparación para las víctimas y comunidades es insuficiente.
4. El régimen de fiscalización de drogas que predomina en la actualidad es uno de los principales factores que contribuyen al paradigma prohibicionista; es decir, la penalización como única respuesta al fenómeno de las drogas.
5. Las políticas punitivas referentes al fenómeno de las drogas no tienen en cuenta la vulnerabilidad de las mujeres, que sufren por factores económicos y educativos, así como también violencia y estereotipos de género.

Le invitamos a leer nuestra publicación, escrita junto a Elementa DD. HH., a través del siguiente enlace:

Informe a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos: Impactos de la política de drogas a los DDHH en Colombia y visión para el futuro