Quizás no hay mejor escenario político que el actual, a nivel nacional y global, para que en Colombia comencemos a implementar un nuevo enfoque a la política de drogas, y es que a lo largo de la historia, el modelo prohibicionista que ha imperado por décadas es el responsable de la estigmatización y los perjuicios sobre distintas poblaciones que tienen una situación de vulnerabilidad, ya sea por ser personas que usan drogas, microtraficantes o productoras. 

No es casualidad que el pasado 20 de septiembre, en las oficinas de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el mensaje fuera tan contundente: la política de drogas del crimen y castigo fracasó en el mundo y debe reenfocarse. Este histórico llamado se dio tras muchos esfuerzos en el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional, en donde se logró aprobar una resolución para que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) presente insumos de cara a la revisión de la política de drogas mundial, que se hará en marzo de 2024 en Viena (Austria). Este es un paso fundamental, teniendo en cuenta que los organismos propios de Viena no tienen mecanismos de monitoreo de DD. HH. ni tampoco en Ginebra existen mecanismos permanentes que permitan identificar las violaciones a los derechos humanos por causa de la política de drogas. 

Esa premisa, en parte, fue una conclusión a la que llegó el ACNUDH gracias a la contribución de más de 100 organizaciones de la sociedad civil y alrededor de 30 representantes de distintos gobiernos. Precisamente, desde Elementa y Dejusticia presentamos nuestro análisis del caso colombiano y consideramos que los pilares sobre los que debe cimentarse una nueva política son: los derechos humanos y la justicia social.

Le puede interesar: Los derechos humanos en la nueva política de drogas de Colombia

Es necesario que en Colombia se haga un diagnóstico de los daños causados por la política prohibicionista. Además, luego de identificar a las poblaciones que fueron afectadas por su implementación, es fundamental repararlas, tal y como lo recomendó la Comisión de la Verdad en su Informe Final. Para lograrlo, analizamos cinco ejes sobre los que se debe trabajar para transitar hacia una política de drogas más humana.

1. La erradicación de cultivos de uso ilícito

Colombia ha implementado estrategias enfocadas en las aspersiones aéreas de glifosato, aspersiones terrestres, erradicaciones manuales y, por último, mediante el Programa Nacional para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Pero en ninguna de estas estrategias se ha logrado armonía entre las modalidades puestas en marcha y la protección de los derechos de los pobladores y del medio ambiente.

2. Hacinamiento carcelario y alternativas a la prisión

Los delitos relacionados con las drogas son la cuarta causa de reclusión en el país -10,7% del total-, y el 39 % de las mujeres encarceladas (6.503) lo estaban por delitos de drogas, pero eso no significaba que tuvieran un rol significativo dentro de las organizaciones criminales. El método prohibicionista ha contribuido al hacinamiento carcelario, no ha tenido en cuenta la vulnerabilidad socioeconómica de las familias y ha desconocido la posibilidad de alternativas penales diferentes a la prisión.

3. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

En su Informe Final concluyó que la política actual de lucha contra las drogas es un factor de persistencia del conflicto armado que continuará si permanece el modelo de prohibición que, entre otras cosas, estigmatiza a la población y atenta contra sus derechos. En este sentido, la Comisión recomienda la regulación de todas las drogas, la desmilitarización de la política y el diálogo evaluar los impactos y cambiar los indicadores con que se mide la política de drogas.

4. La estigmatización de la hoja de coca

La criminalización de las poblaciones cultivadoras de hoja de coca y la clasificación de este cultivo sin suficiente evidencia científica van en contravía del uso tradicional e histórico que ha tenido, así como de los derechos de los pueblos indígenas, que la conciben como parte de su identidad y de su memoria colectiva. Se ha desconocido, a su vez, el potencial medicinal, alimenticio y agroindustrial de la hoja de coca, el gobierno de Colombia se ha sumado a la solicitud de Bolivia de una revisión crítica que pueda llevar a una desclasificación, o al menos reclasificación de la hoja de coca en el sistema de tratados.

5. La política de drogas y los procesos de verdad, justicia y reparación

El crimen organizado y las redes de corrupción que se cimentaron bajo el mercado ilícito de drogas han sido factores que ocasionaron la victimización de miles de personas en Colombia. Esto, sumado a la política criminal de Estados Unidos, ha ocasionado que con la extradición de personas por delitos de drogas el país pierda la oportunidad de avanzar en procesos de verdad, justicia y reparación. La Comisión de la Verdad enfatizó en la importancia de que las personas extraditadas puedan contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Nuestras recomendaciones

Tras el análisis del caso colombiano, para abordar cada uno de los anteriores ejes y desarrollar un cambio de enfoque a nivel global en la política de drogas, desde Elementa y Dejusticia sugerimos tener en cuenta los siguientes aspectos, algunos de los cuales fueron recogidos en el informe del ACNUDH:

• Apoyar la documentación y esclarecimiento de daños por política de drogas y promover medidas de reparación, en colaboración con los Estados que financiaron dichas políticas.
• Cambiar la forma cómo se mide la política de drogas para que incluya una evaluación de derechos humanos.
• Promover visitas oficiales de mecanismos especiales e incluir en su agenda los temas de política de drogas.
• Acoger la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los campesinos e incorporar el componente de desarrollo rural en la política de drogas.
• Impulsar la desclasificación de la hoja de coca e investigar sus propiedades, evitando la criminalización de quienes impulsan un mercado de usos alternativos de la planta.
• Posicionar la importancia del vínculo que existe entre la política de drogas y los procesos de verdad, justicia y reparación.
• Impulsar el seguimiento a los efectos negativos tanto del narcotráfico como del sistema de prohibición en el marco de los conflictos armados, teniendo en cuenta experiencias de justicia transicional en países como Colombia.
• Hacer un llamado a los países cooperantes de Colombia en la “guerra contra las drogas” para que redirijan sus aportes a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
• Construir alternativas a la prohibición de drogas que recojan evidencias relacionadas con el funcionamiento de mercados regulados de productos de hoja de coca con participación de poblaciones indígenas y campesinas.

Le invitamos a leer nuestra publicación, escrita junto a Elementa DD. HH., a través del siguiente enlace:

Informe a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos: Impactos de la política de drogas a los DDHH en Colombia y visión para el futuro