María Jimena Duzán comenta en su última columna, “Inteligencia surrealista”, a propósito de los excesos y defectos en el acceso al computador de Reyes, que a una colega el Ejército le negó la lista de coleccionistas y deportistas con fusiles de uso privativo, porque era información reservada. El Ministerio de Defensa no ha entregado información sobre oficiales a cargo en Urabá, para no violar su derecho a la defensa.

¿Quién tiene la razón? ¿Obama y los militares o los periodistas y la ciudadanía? Las autoridades deberían seguir unas reglas claras para sopesar los intereses públicos que deben guiarlos al tomar estas decisiones. Estas reglas, que incluyen el principio de máxima publicidad, el recurso judicial efectivo y el test de daño, deberían consignarse en una ley que regule integralmente la materia.

En Colombia esta ley aún no existe, pero el Partido Conservador ha registrado un proyecto sobre acceso a la información pública que pretende regular el tema. La propuesta se discute en un mal momento, por el trancón legislativo de la Comisión Primera y no debería aprobarse, pues tiene vocación de inconstitucionalidad al menos por las siguientes dos razones.

Primero, el proyecto cree que el acceso a la información es un principio administrativo de transparencia y olvida que se trata de un derecho fundamental autónomo, consagrado en la Constitución Política. Como consecuencia, tendría que someterse a un trámite especial propio de ley estatutaria y no al de ley ordinaria que actualmente sigue.

Segundo, la propuesta no recoge las obligaciones internacionales del Estado en cuatro instrumentos internacionales ratificados por Colombia. Si se aprobara el proyecto, se violaría entonces la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como resultado de este olvido, no se consagra una regulación integral que contemple los estándares establecidos por la jurisprudencia nacional e internacional, tales como el principio de máxima publicidad y el test de daño cuando se contrapongan, por ejemplo, el acceso a la información pública y la seguridad nacional.

¿Por qué seguir entonces pedaleando y desgastándose en un debate legislativo?

Todo parecería indicar que no hay que gastar pólvora en gallinazos. Más aún si la sociedad civil a través de la alianza Más Información, Más Derechos (http://masinformacionmasderechos.net), compuesta por una decena de organizaciones, lleva tres años preparando una propuesta que cumple con los estándares constitucionales e internacionales. Además, la propuesta ha sido analizada por expertos internacionales y se socializa para recoger los aportes y comentarios de instituciones públicas y ciudadanía en el centro y en las regiones. ¿No tiene acaso más sentido concentrar esfuerzos en esta iniciativa que sí reconoce el derecho fundamental autónomo, recoge el principio de máxima publicidad, el test de daño y todas las condiciones que no cumple el proyecto conservador?

Si el Congreso descarta el proyecto de acceso a la información pública actualmente registrado, además de ahorrar los costos de transacción que se generarían en la discusión, guardaría sus energías para debatir en la próxima legislatura una propuesta con vocación de constitucionalidad que realmente defina las condiciones de transparencia en que los agentes del Estado se vean obligados a explicar el uso que les dan al poder y a los recursos públicos.